El trabajo en negro afecta a 4,77 millones de personas

Con respecto a igual período de 2005, hubo una caída de 3,1 puntos porcentuales, ya que en ese entonces la falta de registro alcanzaba al 47,2% de los empleados. En número de personas la caída fue menos significativa, ya que se dio en un contexto de alza de la cantidad de puestos y, además, hubo una pequeña suba de la proporción de ocupados que son asalariados: los datos permiten estimar que hoy los empleados en negro son 30.000 menos que un año atrás. Con respecto al primer trimestre hubo también una mejora, aunque leve: en los meses de verano el índice había sido del 44,3 por ciento.

La tasa está mostrando caídas desde el primer trimestre de 2005, aunque con una excepción: en el cuarto trimestre del año pasado experimentó una leve suba con respecto al tercer trimestre.

De acuerdo con el informe oficial, del total de ocupados (que se estima en 14,34 millones si se extrapolan a toda la población urbana los resultados de la encuesta que el Indec hace en 28 localidades), el 75,5 por ciento trabaja como asalariado, en tanto que el 24,5 por ciento se desempeña en otras categorías, como las de autónomos, cuentapropistas o patrones.

"La caída de tres puntos es buena, porque la tendencia es a la baja, y eso se relaciona con que hay más puestos, menos desocupación y una mejor calidad del empleo que se crea", apuntó el subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social, Julio Casavelos. El funcionario agregó que, por lo general, lo observado en las inspecciones hechas en las empresas ratifica que el trabajo en negro está más vinculado a sectores de mano de obra intensiva como la construcción, las actividades relacionadas con el agro e industrias como la del vestido. También señaló que se detecta mucha informalidad en servicios que se tercerizan, "como la seguridad y la limpieza".

Según un informe del Ministerio de Trabajo sobre el que se informó ayer, en las fiscalizaciones realizadas en lo que va del año se relevó la situación de 262.904 empleados y se encontró que el 24,5% no estaba registrado. De ellos, se logró la regularización de 23.768, una cifra que representa un 0,5% del total de personas con empleo irregular o sin aportes. Por lo general, sostuvo Casavelos, tienden más a regularizar las empresas que tienen mayor antigüedad en sus tareas.

Ernesto Kritz, director de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), señaló que la baja que muestra el índice de informalidad se explica fundamentalmente por dos causas: el crecimiento de la cantidad de puestos en blanco -que fue mayor que el alza del número de ocupados en general- y la caída del número de personas que cobran planes sociales.

En la encuesta del Indec, los beneficiarios de estos programas aparecen como ocupados si responden que cumplen alguna tarea como contraprestación; así, son contados como informales. Por eso, si la caída de esos planes responde al pase de personas al empleo en blanco, tal como explicó Kritz, ese factor se convierte en una de las razones de la mejora del problema social.

Problema de magnitud

Sin embargo, el índice continúa siendo muy elevado. "Como la gran mayoría de los nuevos empleos es en blanco, hay una mejora en el margen, pero el stock de trabajo en negro es muy grande", consideró Kritz, quien agregó que la magnitud del problema impide un descenso más rápido de la tasa. "A este ritmo, eliminar el trabajo en negro va a llevar muchísimos años", advirtió.

Bernardo Kosacoff, director en la Argentina de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), evaluó que si bien la baja "es probablemente importante", está aún pendiente el desafío de lograr "una caída notable del índice, que es vergonzoso". En la opinión del economista, con cuatro años ya de un crecimiento "excepcional" de la economía, hay una base para armar una estrategia tendiente a eliminar el problema, "que es el saldo de una profunda crisis".

La condición de empleado en negro niega a quienes la sufren el acceso a los beneficios de la seguridad social, como la previsión para la jubilación, el acceso a una obra social y la cobertura del seguro por riesgos laborales. Tampoco se garantizan derechos como la indemnización por despido, las vacaciones pagas o los límites a la duración de la jornada laboral. Pero además, para quien trabaja en estas condiciones es muy difícil acceder a un préstamo bancario o tener una tarjeta de crédito.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION