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Entre denuncias de coimas, Daniel Scioli impuso paquete impositivo.

Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.

Al final Daniel Scioli sacó por decreto el revalúo fiscal de los campos, el punto más resistido por los productores y exigido por Cristina para hacerse de unos $1.000 millones que van a las arcas nacionales ya que el revalúo tributa a Bienes Personales y Ganancia Presunta que no son coparticipables.

El gravamen provin-cial al campo es el inmobiliario rural. Aunque la presenten de reforma progresiva, ese único punto con barniz “progre” lo usan para tapar lo grueso del paquete. Scioli espera recaudar $2.650 millones, fundamentalmente por aumentos en Ingresos Brutos y Sellos. No afectando sólo a los grandes contribuyentes porque las empresas los trasladarán a las tarifas y precios. Los terratenientes sabrán evadir y así pagarán el pueblo y los sectores medios. Además de un mayor endeudamiento que se preanuncia futuros ajustes.

La provincia reconoce que el agro aportará sólo $400 millones, es decir, el 15% de los 2.650 millones que recaudaría la provincia. Y hay negociaciones con la dirigencia agraria para tranquilizarlos. Scioli no es un Robin Hood que vaya a quitar a los terratenientes para dar al pueblo como quisieron hacer creer muchos K.

Este paquetazo aparece como la Banelco de Scioli y los K al ventilarse los dichos de Mariotto sobre “valijas voladoras” para coimear diputados. Y al fotografiarse a Ottavis de la Cámpora, cuando comentaba por su celular sobre pagos de $150 mil a legisladores para dar quórum. Antes se habló de ofertas de $500 mil pesos con nombres de 2 diputados.

Scioli no dijo palabra. Pero Vilma Ripoll lo denunció y reclamó investigar, señalando que los dichos de coimas invalidaban el impuestazo y el endeudamiento. Paquete que no podía aprobarse si el PRO y el FAP no daban quórum primero y retiraban luego un legislador para que el PJ alcanzar la mayoría para votar. Como dijo Ripoll, se requiere una reforma verdaderamente progresiva que grave a los terratenientes y grandes empresas, suspender el pago de la “deuda pública” hasta investigar su carácter fraudulento y recuperar la coparticipación que los gobiernos K, de Menem y De la Rúa le robaron a la provincia.

Por David Encina

Periodista

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