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Entre denuncias de coimas, Daniel Scioli impuso paquete impositivo.

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Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.

Al final Daniel Scioli sacó por decreto el revalúo fiscal de los campos, el punto más resistido por los productores y exigido por Cristina para hacerse de unos $1.000 millones que van a las arcas nacionales ya que el revalúo tributa a Bienes Personales y Ganancia Presunta que no son coparticipables.

El gravamen provin-cial al campo es el inmobiliario rural. Aunque la presenten de reforma progresiva, ese único punto con barniz “progre” lo usan para tapar lo grueso del paquete. Scioli espera recaudar $2.650 millones, fundamentalmente por aumentos en Ingresos Brutos y Sellos. No afectando sólo a los grandes contribuyentes porque las empresas los trasladarán a las tarifas y precios. Los terratenientes sabrán evadir y así pagarán el pueblo y los sectores medios. Además de un mayor endeudamiento que se preanuncia futuros ajustes.

La provincia reconoce que el agro aportará sólo $400 millones, es decir, el 15% de los 2.650 millones que recaudaría la provincia. Y hay negociaciones con la dirigencia agraria para tranquilizarlos. Scioli no es un Robin Hood que vaya a quitar a los terratenientes para dar al pueblo como quisieron hacer creer muchos K.

Este paquetazo aparece como la Banelco de Scioli y los K al ventilarse los dichos de Mariotto sobre “valijas voladoras” para coimear diputados. Y al fotografiarse a Ottavis de la Cámpora, cuando comentaba por su celular sobre pagos de $150 mil a legisladores para dar quórum. Antes se habló de ofertas de $500 mil pesos con nombres de 2 diputados.

Scioli no dijo palabra. Pero Vilma Ripoll lo denunció y reclamó investigar, señalando que los dichos de coimas invalidaban el impuestazo y el endeudamiento. Paquete que no podía aprobarse si el PRO y el FAP no daban quórum primero y retiraban luego un legislador para que el PJ alcanzar la mayoría para votar. Como dijo Ripoll, se requiere una reforma verdaderamente progresiva que grave a los terratenientes y grandes empresas, suspender el pago de la “deuda pública” hasta investigar su carácter fraudulento y recuperar la coparticipación que los gobiernos K, de Menem y De la Rúa le robaron a la provincia.

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