Mañana, los sindicatos y los estudiantes volverán a lanzarse a las calles de las principales ciudades francesas; será la quinta jornada de movilización nacional y la segunda huelga general contra el contrato de primer empleo (CPE), que permite a los empleadores despedir a los menores de 26 años sin justificación ni indemnización durante sus dos primeros años de contrato.
Por otro lado, la coordinadora nacional de estudiantes llamó ayer a una "huelga general prorrogable" a partir del 4 de abril, después de una reunión de dos días en la ciudad de Villeneuve-d´Ascq (norte).
La coordinadora estudiantil también llamó a bloquear la circulación vehicular y ferroviaria el jueves y a llevar a cabo el viernes "acciones ante los tribunales contra la represión policial", en referencia a las detenciones de manifestantes violentos.
Asimismo, pidió el mantenimiento de la ocupación de las universidades y de las escuelas secundarias durante las próximas vacaciones de Semana Santa, y anunció nuevas manifestaciones para el 11 de abril.
Los organizadores de la huelga general de mañana esperan superar la movilización del martes pasado, en la que entre uno y tres millones de personas participaron de las manifestaciones y el país se vio prácticamente paralizado por huelgas en los medios de transporte, la educación y la administración pública.
Se espera que a la protesta de mañana se adhiera la mayor parte de los cinco millones de funcionarios públicos de Francia, así como de los sectores de la enseñanza, banca, telecomunicaciones, comercio, construcción, medios de comunicación y transportes. Además, se sumaría en esta ocasión el opositor Partido Socialista.
Estos últimos se verán muy perturbados, sobre todo en París, donde se presume una disminución de más de un 50% en las líneas de subterráneo y de trenes, y en por lo menos otras 29 ciudades francesas.
Como ya ocurrió el 28 de marzo pasado, se ha previsto la movilización de varios miles de policías ante el temor a estallidos de violencia como ocurrió en algunas manifestaciones de las últimas semanas, y en actos vandálicos perpetrados en París tras el discurso de Chirac del viernes pasado, cuando el mandatario no propuso retirar el CPE -principal exigencia de los estudiantes y sindicalistas-, y anunció, en cambio, que suspenderá su aplicación para introducir ciertas modificaciones.
Según un sondeo publicado ayer por Le Parisien, a un 62% de franceses no les convenció el discurso de Chirac y un 54% desea que las protestas sigan "hasta la retirada del CPE".
Se trata, según escribió ayer el diario, de "uno de los peores resultados registrados en estos últimos 15 años por un presidente de la República luego de un mensaje televisivo".
En tanto, la polémica ley que establece el CPE fue publicada ayer en el Boletín Oficial, después de la promulgación por parte de Chirac, aunque tal como anunció el presidente aún no será aplicada.
Por otro lado, en un gesto que deja en evidencia las divisiones en el gobierno francés, el secretario general de la confederación sindical CFDT, François Chérèque, dijo ayer que el interlocutor del gobierno es ahora el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, a quien el premier Dominique de Villepin encargó la reformulación de la ley controvertida.
"Ahora, dado que se va proponer una reformulación de la ley, son los diputados los que van a negociar, no el gobierno. Nuestro interlocutor no será el primer ministro: serán los diputados de la UMP [derecha gobernante], cuyo patrón es Sarkozy", expresó a la radio France Inter.
Los diputados oficialistas analizan un proyecto de nueva ley que reduzca de dos años a uno el período de prueba de los profesionales con menos de 26 años en su primer empleo, y que no haya despidos sin causa.
La nueva ley podría ser adoptada por el Parlamento entre abril y mayo, según Hervé Mariton, diputado de la UMP.
