- El programa, presentado ayer en la Casa Rosada, busca bajar costos
- Sólo financia las nuevas construcciones de vivienda única y los interesados deben contar con el terreno
La entidad, que controla el grupo IRSA, ofrecerá hasta $ 1000 millones en créditos a 30 años de plazo a una tasa anual fija del 9,75% anual para financiar hasta el 100% de la construcción de una vivienda individual única y familiar, por radicarse en terrenos urbanizados y que "cuenten con los servicios básicos", se aclaró. Eso quiere decir que los interesados deberán, como primer paso, ser propietarios del terreno por edificar.
La presentación fue realizada por el presidente de IRSA, Eduardo Elsztain, durante un acto en la Casa Rosada con la presencia del presidente Néstor Kirchner y los ministros de Planificación, Julio De Vido, y Economía, Felisa Miceli. El ámbito elegido y las presencias (también estuvieron el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y su par de Obras Públicas, José López; el diputado nacional José María Díaz Bancalari; el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y los gremialistas Hugo Moyano, José Luis Lingieri, Julio Piumato, Juan José Zanola, Omar Viviani y Juan Manuel Palacios) revelan el apoyo que logró del Gobierno. La iniciativa podría ser apuntalada en los próximos meses con un abaratamiento del costo de los materiales que se usen para ese tipo de construcciones mediante un acuerdo de precios con los proveedores.
Además, podría estar indicando que las disputas entre el Estado (accionista mayoritario del banco) y los administradores privados (IRSA) daría lugar a una etapa de entendimientos, toda vez que uno de los roles que el Gobierno le reclamaba a la entidad financiera era que volviera a fomentar la compra o la construcción de viviendas.
El entusiasmo que mostró De Vido con el proyecto dio lugar a esa interpretación. "La idea es mejorar los proyectos originales y así mejorar la calidad de vida de la gente", señaló después del acto, en referencia a los cuatro modelos que caracterizaron al plan Eva Perón, cuya imagen emblemática fue, tal vez, el chalecito a dos aguas.
El nuevo plan se denomina Casa Propia y busca estimular la construcción de viviendas nuevas, las que se compromete a financiar mediante progresivos desembolsos que sigan el grado de avance de las obras. Así, procura reducir el costo de la vivienda (la diferencia entre una construida y una que se adquiere terminada se estima en un 30%) y estira en hasta 10 años los plazos máximos de financiación conocidos hasta ahora para facilitar el acceso a más sectores de la población al abaratar el valor de las cuotas mensuales por devolver.
El cálculo es que el metro cuadrado por construirse costaría $ 1200, por lo que para levantar una vivienda de 60 metros cuadrados se necesitarían unos 72.000. "En este hipotético caso, la cuota por pagar sería de $ 800 por mes y habría que justificar un ingreso de unos 2500 por grupo familiar", explicó la presidenta del banco, Clarisa Estol, que emprenderá hoy un viaje con Elsztain para comenzar a sondear la posibilidad de colocar un bono en el mercado internacional, con la que intentarían asegurar los recursos para una segunda etapa de la operatoria.
"Estamos bajando el nivel de exigencia para que una familia pueda tener su casa, ya que hemos detectado que muchos grupos no pueden acceder a los créditos convencionales para la compra de una vivienda por el ingreso mínimo por acreditar", destacó Estol, que estimó que, tomando esos valores como referencia, podrían construirse 14.000 viviendas.
La clave es la reducción de costos derivada de la estandarización, ya que, como su antecedente, propondrá la construcción de entre cuatro y seis modelos de viviendas que, al ser modulares, permitirán el agregado progresivo de cuartos, según el avance familiar. Además, al tratarse de modelos estandarizados (los que serían presentados en 40 días), contarán con planos preaprobados, lo que agilizará su tramitación ante cada distrito.
De hecho, ayer Elsztain lució más optimista aún. En su discurso, y ante el Presidente, mencionó la posibilidad de anudar acuerdos con provincias y municipios para que cedan tierras fiscales -o cuyo control hayan retomado por mantener impuestos impagos- para impulsar el plan.
Por Javier Blanco
De la Redacción de LA NACION