Cada 48 horas muere un civil por culpa de las fuerzas de seguridad. En 2005 hubo 183 casos. Hay crímenes por gatillo fácil y muertes en cárceles.
Por Rolando Barbano / rbarbano@clarin.com
Carritos de bebé vacíos usaron para recordarla en el último acto que se hizo para pedir justicia, en julio de este año. Fue muy cerca de la casita de Villa Lugano donde vivía, embarazada y con sólo 14 años. Un policía federal, acompañado por otros dos, la mató cuando disparaba su arma reglamentaria contra un grupo de chicos que se negaron a cumplir con el mandado que les había encargado: ir a comprarle droga.
Camila Arjona no llegó a darse cuenta siquiera de lo que pasaba antes de dejar definitivamente vacío el carrito que debía ocupar su bebé. Murió en la misma madrugada del 1º de abril pasado, y es por eso que su caso integra una lista de 186 personas inocentes muertas en el último año por culpa de fuerzas de seguridad argentinas o dentro de cárceles y comisarías. La cifra fue recogida por la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), en un informe que presentará hoy a las 17 en Plaza de Mayo.
Los nuevos números, que conforman el décimo informe anual de la Correpi, serán entregados al Ministerio del Interior. De acuerdo con un anticipo, la primera conclusión es que durante 2005 hubo un aumento notable en la cantidad de muertes de este tipo. Fueron 186, frente a las 131 del año anterior. El promedio actual es de un hecho cada 48 horas (día por medio), cuando el anterior era de uno cada 60.
El informe compila los casos donde uno o más integrantes de una fuerza de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, policías provinciales y servicios penitenciarios) asesinó a una persona «que no revestía peligrosidad». Es decir, hechos de «gatillo fácil» o muertes de inocentes al cruzarse en tiroteos.
Además, se incluyen casos de «tortura seguida de muerte» cometidos por fuerzas de seguridad. Y muertes ocurridas dentro de comisarías y penales, o por golpizas recibidas allí adentro. Es decir, donde el Estado —y sus fuerzas— debía tutelar la integridad de las personas y falló, como ocurrió con los 33 presos asfixiados en el penal de Magdalena el 16 de octubre último.
La Correpi presenta este informe desde 1983. Entre aquel año y el que termina ahora registró 1.888 casos. «Desde entonces la tendencia es creciente. Pero el incremento es mayor a partir de 1999, lo que coincide con una mayor necesidad de disciplinar y controlar ante la profundización de la pobreza», señaló a Clarín una de las titulares del organismo, Carmen Verdú.
Según la abogada, «salta a la vista que este año hay un incremento notable, en un Gobierno que se posicionó como defensor de los derechos humanos». Según sus cálculos, durante la actual gestión (iniciada el 25 de mayo de 2003) hubo 420 casos, aunque muchas de esas muertes fueron a manos de fuerzas de seguridad del interior u ocurrieron en cárceles provinciales.
El 44 por ciento de todos los casos correspondió a muertes ocurridas en lugares de encierro. El resto se repartió, entre otros ítems, en diferentes formas de «gatillo fácil»: 23% fueron «fusilamientos de presuntos ladrones»; el 14%, agentes que mataron a vecinos o familiares en discusiones; y el 3,6%, asesinatos de terceros inocentes en tiroteos.
En cuanto a los números de este año (se toma en cuenta desde el 10 de diciembre de 2004 hasta hoy), el 65 por ciento de las víctimas fueron hombres y mujeres de entre 15 y 25 años. Si se toma otro parámetro, el 76% tenía menos de 18 años.
El informe también determina la frecuencia de casos en los distintos puntos del país, en proporción con la cantidad de habitantes. De allí surge, por sexto año consecutivo, que la provincia de Santa Fe es donde más se registran. Catamarca, la provincia de Buenos Aires y La Pampa son los siguientes distritos. Luego vienen Corrientes, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.
HUBO PROBLEMAS EN EL TRANSITO
Piqueteros duros marcharon a la Plaza de Mayo
Adhirieron a la denuncia anual de la Correpi por casos de «gatillo fácil” y torturas.
Los manifestantes se reunieron en la intersección de la 9 de Julio y Avenida de Mayo aproximadamente a las 16 y marcharon desde allí hacia la Plaza.
Entre otras agrupaciones, participaron el MTR-CUBA, CUBA Dignidad, 12 de Abril, Movimiento Antimperialista Revolucionarios (MAR), Movimiento Revolucionario Quebracho y Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón.
Además de adherir a la consigna del acto de la Correpi, los manifestantes reaclamaron una «amnistía a los luchadores», «libertad a los presos políticos» y el «cese de las persecuciones a dirigentes sociales», según informaron en un comunicado.
TENIA 73 AÑOS
Comenzó el juicio por la muerte de Dorothy Stang, la misionera masacrada en Brasil
La mujer, de origen estadounidense, fue baleada a quemarropa en febrero de este año. Era defensora de los derechos de los sin tierra. Se cree que fue asesinada a pedido de poderosos hacendados.
Los autores confesos del homicidio de la misionera estadounidense Dorothy Stang, una ardua defensora de los derechos de los sin tierra en Brasil, comenzaron a ser juzgados hoy en Belem, capital del violento Estado de Pará donde la mujer fue asesinada de seis balazos.
El jurado, integrado por siete personas, decidirá la suerte de Rayfran das Neves Sales y Clodoaldo Carlos Batista, quienes enfrentan penas de hasta 30 años de cárcel.
Los acusados habían sido detenidos a los pocos días del asesinato, gracias al despliegue de dos mil militares en la región ordenado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, luego del crimen que conmocionó a todo Brasil.
Los dos hombres reconocieron que mataron a la mujer. Según la Fiscalía, a pedido de tres hacendados que les habían prometido el pago de 50.000 reales (unos 21.000 dólares).
Pero los asesinos de la mujer niegan la versión de la Fiscalía. Das Neves dijo que no cometió el asesinato a cambio de dinero. Esa declaración forma parte de su estrategia para tratar de ser condenado por homicidio simple y no por calificado, lo que le permitiría obtener una pena menor. El fallo del jurado se conocerá posiblemente mañana a última hora.
Stang fue asesinada el 12 de febrero pasado en Anapu, una población que ni siquiera figura en el mapa oficial del Estado de Pará donde en lo que va de 2005 18 personas fueron asesinadas por los conflictos por la tierra. (Archivo 18/02/2005).
La misionera defendía sin respiro a los campesinos que se enfrentaban con los hacendados locales que ocupan ilegalmente tierras públicas y denunciaba la complicidad policial y la incesante deforestación de la zona.
Su máximo proyecto, desde que había llegado a Brasil a finales de los 70, fue “La Esperanza”, un programa para repartir 130 mil hectáreas entre 600 familias campesinas. Por eso, la mataron. Ahora, sus verdugos deben pagar.
Desaparecidos: habrían identificado el cuerpo hallado en Uruguay. Pertenecería al militante Ubagesner Chávez Sosa. El director del Instituto Técnico Forense de ese país aseguró que su viuda reconoció su placa dental.
Los restos humanos hallados a finales de noviembre a las afueras de Montevideo están por tener nombre y apellido. Al parecer se trata del cuerpo del obrero y militante comunista Ubagesner Chávez Sosa, desaparecido en 1976.
La información fue confirmada hoy a la edición digital del diario El Observador por el director del Instituto Técnico Forense, Guido Berro, después de comparar las placas dentales de las víctimas.
La viuda de Chávez Sosa, Isidora Musco, también dijo que la dentadura «coincide» con la de quien fuera su marido. Berro pidió cautela hasta que no estén listos los análisis de ADN del cuerpo, que permitirán conocer con certeza la identidad de los restos encontrados.
Recién entonces podrán confirmar que no se tratan de los restos del trabajador de la construcción José Arpino Vega, fallecido en 1974 en las mismas condiciones que Chávez Sosa.
El hallazgo se produjo el pasado 29 de noviembre, en una granja privada de Pando que durante la dictadura (1973-1985) estuvo bajo control militar. Allí un equipo de forenses y arqueólogos buscaban desde hacía meses los cuerpos de Arpino Vega y Chávez Sosa.
El mal tiempo obligó ayer los expertos a suspender sus trabajos en los tres lugares donde estuvieron excavando: el Batallón de Infantería N° 13, en Montevideo, donde apareció el pasado martes 2 otro cuerpo sin identificar; en el Batallón de Infantería Paracaidista N° 14, en Toledo, donde siguen sin aparecer restos; y en la misma granja de Pando, donde se encontró el esqueleto que correspondería a Chávez Sosa.
El militante nació en Tranqueras, en el departamento de Rivera, en la frontera con Brasil, el 15 de febrero de 1938. Durante su juventud se alistó en el Partido Comunista. Fue detenido en 1976 por hombres vestidos de civil que se identificaron como pertenecientes a las Fuerzas Conjuntas.
En diciembre de 1977, la dictadura uruguaya respondió a un reclamo de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA diciendo que Chávez Sosa había sido detenido pero que durante un trasladado, se había fugado.
Casi 30 años después, el pasado 8 de agosto la Fuerza Aérea entregó un informe al presidente Tabaré Vázquez en el que reconocía la muerte por torturas de Chávez Sosa y su entierro clandestino en la granja de Pando.