- Ante la evidencia, el gobernador chubutense, Mario das Neves, se presentó como querellante en la causa
- El mandatario provincial criticó duramente a la Armada
En este contexto, el gobernador chubutense, Mario das Neves, se presentó en el juzgado federal de Rawson para constituirse como querellante. "El tema es grave y tiene que ver con prácticas que pensaba que no existían más", explicó el mandatario.
Das Neves acusó a la Armada de "tener un control ideológico sobre la población. Había un seguimiento sobre dirigentes políticos y sociales y sobre periodistas. Algunos, por ejemplo, estaban calificados a la vieja usanza, como judíos o marxistas, y la documentación era remitida al Comando de Operaciones Navales con mucha precisión".
También afirmó que los integrantes de la oficina de Inteligencia de la base Almirante Zar se reportaban todos los miércoles: "Eso está absolutamente probado. La Armada no tiene por qué ejercer un control ideológico sobre el Estado".
El juez Pfleger coincidió: "La denuncia presentada es consistente. Hay claros indicios que insinúan una violación de la ley nacional 25.520, que regula las tareas de inteligencia en el nivel nacional", sentenció el juez en diálogo con LA NACION.
Pfleger explicó que esta ley delimita la capacidad del Estado para realizar tareas de inteligencia. "Esto implica, por definición, interferir la conducta de otros. Nadie puede ser investigado ni su actividad recopilada por razones de raza, sexo, religión o por su actividad lícita", explicó.
Ayer, el magistrado ordenó medidas de prueba que apuntan a realizar un nuevo examen sobre el recinto donde se ejecutaban las tareas de inteligencia en la sede de la base Almirante Zar. Fuentes judiciales confirmaron que serán citados para prestar declaración los dos funcionarios de la Armada separados de sus cargos la semana pasada: el ex comandante de Operaciones Navales Eduardo Avilés y el ex director de Inteligencia Naval contraalmirante Pablo Rossi.
También prestará declaración el suboficial "arrepentido" que denunció ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) las supuestas tareas ilegales de inteligencia. Por otro lado, "la propia Armada está realizando una investigación interna para deslindar responsabilidades", dijo la misma fuente a LA NACION.
Sobre la investigación judicial, Pfleger reveló: "Tuvimos que actuar con premura por la seriedad y consistencia de la evidencia aportada. El viernes realizamos el allanamiento".
Tras el procedimiento, el juez federal clausuró el recinto donde se realizaban las tareas de inteligencia. Ayer, ordenó realizar un nuevo examen en el recinto de la base Almirante Zar en el que se desarrollaban las tareas de inteligencia.
La masacre de Trelew
Pfleger confirmó: "Hallamos carpetas con información vinculada con la masacre de Trelew. Hay información antigua y moderna. El contenido de la documentación sería imprudente revelarlo".
Más allá de la documentación secuestrada para la investigación, una pregunta sobrevuela la investigación: ¿podían realizarse trabajos de espionaje sin que lo supieran las autoridades de la base Almirante Zar ni los máximos referentes de la Armada en el nivel nacional?
Consultado, Pfleger respondió que no lo sabía: "A nosotros se nos plantean, a partir de lo ocurrido, varios interrogantes. En primer lugar debemos analizar qué pruebas hay que funden la denuncia inicial. Luego, nos focalizamos sobre las personas. Dentro de una estructura vertical y organizada como es una institución militar, hay que ver la posición de cada cual y el grado de vinculación jerárquica entre unos y otros. Es importante definir a quién reporta cada uno y quiénes son los que reciben los informes".
Agregó: "Por estos motivos, por ahora me parece aventurado decir si se podía hacer esta actividad sin que se enteraran determinados jefes. Primero hay que ver quién la hacía, por qué y a quién se mandaba la información".
Pfleger dijo que todavía se analizan los plazos en los que se citará a declarar "si así resultara conveniente para el avance de la investigación", a las personas involucradas en la causa.
"El denunciante es el CELS, que nos ofrece un testigo de identidad reservada en un sobre cerrado. Todavía tenemos que analizar qué haremos. Todo puede hacerse en el marco de una investigación con los plazos que marca la propia dinámica", concluyó.
Por Ana Tronfi
Para LA NACION
