El suyo es un caso entre miles: la Justicia, según pudo saber LA NACION, investiga en todo el país reiteradas estafas a jubilados y pensionados, a los que se les hacían (o se les hacen) descuentos indebidos por afiliaciones falsas y por el otorgamiento de créditos que nunca habían sido solicitados.
Gran parte de las denuncias las hizo la propia Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el organismo que otorga los códigos de descuento a mutuales, cooperativas y gremios y hace las retenciones en los haberes, a partir de quejas de jubilados.
Durante el último año, el organismo recibió 1578 denuncias, 88 de las cuales fueron derivadas a la Gerencia de Asuntos Penales o terminaron en la Justicia. Según los registros de la Anses, ya existen unas 27 investigaciones en los juzgados de todo el país. El monto del perjuicio no puede calcularse porque no se sabe cuántos son los jubilados estafados.
Las anomalías encontradas son abusos y transgresiones a un sistema que nació con la ley jubilatoria en los años ?80 para permitir que los jubilados accedieran al mercado de crédito. Actualmente, 280.000 de los 3.200.000 jubilados participan del plan de mutuales y cooperativas.
De las 681 entidades autorizadas para otorgar prestaciones y créditos, en el último año fueron denunciadas 227 (un tercio), de las que 101 fueron dadas de baja por la Anses a partir de la comprobación de irregularidades.
En la Anses dijeron que las maniobras consisten en la presentación de documentación apócrifa a la Anses o, en engaños a jubilados que, sin saberlo, firman contratos de préstamos.
En la Justicia, sin embargo, también hay denuncias contra la Anses. Para el fiscal general de Tucumán, Antonio Gómez, que investigó hechos denunciados en su provincia, las maniobras no podrían haberse consumado sin la complicidad de funcionarios del organismo.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que se encarga de auditar a las mutuales, también está cuestionado. El último informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), de 2004, señaló severas deficiencias en el control de las entidades (sobre lo que se informa por separado).
Cuatro de las mutuales suspendidas o dadas de baja son las que estuvieron involucradas en las maniobras detectadas en Tucumán. Tras una denuncia del presidente de la Red de Defensa del Consumidor (Redeco), Ramón Luna, el fiscal Gómez descubrió que la Asociación de Jubilados y Pensionados de Correos y Telecomunicaciones de la República Argentina, la Asociación Mutual de la Mujer Catamarqueña, la Asociación Mutual 29 de Septiembre y la Mutual Panaderos Unidos del Tercer Milenio habían realizado descuentos indebidos a jubilados tucumanos.
Muchas de ellas tenían domicilio en Capital o eran entidades fantasma. Aunque desde la fiscalía destacaron la colaboración de la Gerencia de Asuntos Penales de la Anses, Gómez sostuvo que se trataría de "una maniobra orquestada por personal jerárquico" de ese organismo y del Inaes. Esa investigación es evaluada ahora por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán.
El presidente del Inaes, Patricio Griffin, no respondió a una llamada de LA NACION para hablar sobre el tema. El director ejecutivo de la Anses, Sergio Massa, dijo a LA NACION que el organismo sólo funciona como agente de retención.
Massa sostuvo que en los últimos años se ha mejorado el sistema, pero admitió que "hay que seguir optimizando" el control. "Es preocupante que un sistema que nació como solidario y de servicios sociales sea utilizado como pantalla para la concreción de dos tipos de trampas: las afiliaciones masivas y el abuso en el monto de los intereses", evaluó. "Hay que poner la mirada también sobre las entidades financieras que usaron a las entidades como pantalla", agregó.
La Anses y el Inaes recibieron desde junio de 2004 tres recomendaciones del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, para terminar con las estafas a jubilados.
En la última de esas recomendaciones, de fines de 2005, Mondino reiteró que debía "reverse y perfeccionarse la operatoria de descuentos" y que el Inaes tenía que efectuar auditorías de las mutuales y cooperativas. "Las entidades hacían el descuento; si eran descubiertas, mala suerte, y si no, seguían", describió el defensor, en diálogo con LA NACION.
En la Anses aseguran que en los últimos meses se cumplieron todas las recomendaciones de Mondino. En una resolución del mes pasado, se redujo del 50 al 40% la proporción del haber que puede ser descontado en concepto de cuota de devolución; se estipuló que los contratos de préstamo deberán estar impresos en letra de tipografía arial, en cuerpo 14 como mínimo; se dispuso que los descuentos fueran identificados en los recibos con letras y no con números como hasta ahora, y, con el objetivo de abaratar los créditos, se incluyó al Banco Nación en el sistema.
Por Gabriel Sued
De la Redacción de La Nacion
Recomendaciones para jubilados
Paso uno
Revise muy bien su recibo de haberes y vea si le están haciendo descuentos por algún motivo. Los descuentos en favor de mutuales aparecían hasta ahora sólo identificados con una clave de seis números (por ejemplo 325.011). Pero desde este mes estarán mencionados por el nombre de la entidad en favor de la que se hace el débito.
Paso dos
Si descubre que le están realizando un descuento indebido llame gratis desde cualquier lugar del país a la Anses, al 0800-222-6737.
Paso tres
Para pedir la desafiliación a una mutual o cooperativa puede enviar una carta documento gratuita a la Anses desde cualquier sede del Coreo Argentino.
Afiliaciones
Tenga en cuenta que gran parte de los descuentos indebidos se realizan a partir de la afiliación a mutuales o cooperativas. Para concretar esas maniobras suele pedirse (con alguna excusa como soluciones a trámites previsionales) la documentación del jubilado que luego se presenta ante la Anses.
Créditos
Una vez que las mutuales logran afiliar a un jubilado, suelen hacerle firmar un papel en el que se consiente la entrega de un crédito.
Podrán jubilarse aun quienes nunca hayan hecho aportes
Pero el plan llega aún más allá: en un rasgo controvertido, también habilita la obtención del beneficio a quienes nunca se hayan inscripto ni hayan aportado a la seguridad social, mediante el pago de una deuda que se determina según el valor histórico de los aportes.
Hoy rigen dos versiones de la moratoria previsional: por un lado, quienes tenían la edad jubilatoria cumplida al 1° de enero de 2005 pueden adherir al régimen previsto por el artículo 6 de la ley 25.994, que les permite saldar su deuda en planes de hasta 60 cuotas y con intereses resarcitorios de un 30% como máximo.
Una vez que la deuda esté en curso de pago, se puede gestionar el beneficio de jubilación. Por otro lado, los autónomos (o quienes se declaren como tales) tienen la posibilidad de adherir a un plan de pagos con iguales características de financiación, pero en este caso sólo por períodos anteriores a septiembre de 1993. En este caso no importa la edad del contribuyente, aunque sí rige la posibilidad de gestionar el cobro de haberes cuando se cumplen 60 años (en el caso de las mujeres) o 65 años (los hombres).
En la práctica, tampoco es necesario ser trabajador autónomo, sino declararse como tal en forma retroactiva -y siempre por períodos previos a septiembre de 1993-, de tal manera de poder pagar los aportes que hagan falta para completar el requisito de 30 años pedido por ley.
Por este mecanismo, entonces, podría adherir a la moratoria una persona sin ningún aporte registrado. ¿Qué debe hacerse? Para sumar años de aportes se deben presentar en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, los formularios 460 y 929, de alta y baja, respectivamente, del sistema de autónomos, aclarando que la inscripción se realiza para ingresar a la moratoria.
Previamente, se debe gestionar en una agencia de ese organismo -si no se cuenta ya con él- un número de CUIT y una clave fiscal, que permitirá adherirse al plan de facilidades de pago por Internet.
Al hacerse la inscripción, se deberá optar por un código de actividad acorde a lo que se declara. Por ejemplo, para el personal doméstico corresponde el código 898, de "servicios de higiene y limpieza"; y para amas de casa un código posible es el 307, de "costureras". El listado de códigos es el que está previsto en el decreto 433 del año 1994.
El período por el que una persona se inscribe dependerá de la cantidad de aportes que le falten. Pero hay que tener en cuenta dos características del sistema jubilatorio: es posible contabilizar hasta siete años de aportes aun sin pagos efectivos, por períodos anteriores a 1969; esto significa, por ejemplo, que quien nunca aportó no tendrá que pagar por 30 sino por 23 años.
Una vez cumplida la edad de retiro, por cada dos años de exceso se computa un año de aportes. Así, a una mujer con 64 años se le contarán, sólo por tener esa edad, 2 años de aportes. Como el valor de la deuda se fija según los valores históricos que tenían los aportes de autónomos, el régimen de pago no resulta oneroso.
Según unos ejemplos dados por la AFIP (ver gráfico) a LA NACION, un hombre que hoy tiene 65 años y tenga 15 años aportados acumula una deuda de capital más intereses de $ 7865 si optara por pagar de una sola vez, o bien podrá optar entre 30 cuotas de $ 286 o 60 pagos de $ 154,92.
Si esa persona tuviera 69 años (excediendo entonces la edad mínima para el retiro), la deuda podría saldarse en un pago $ 6992,4 o con planes de financiamiento que le permitirían pagar 30 cuotas mensuales de $ 243,36 o 60 de $ 131,82.
Para una mujer de 60 años sin ningún aporte, la deuda suma $ 14.465, y podría pagarla en 30 cuotas de $ 526 o en 60 de $ 284,92. Si tuviera 64 años en lugar de 60, su compromiso sumaría $ 12.540 y tendría la posibilidad de saldarlo en 30 cuotas de $ 456 o en 60 pagos mensuales de $ 247.
En el caso de quienes tengan aportes ya realizados, el monto puede variar según la fecha declarada como cese de la actividad, ya que de eso depende la cantidad de años que se pueden computar sólo por declaración jurada, por períodos previos a 1969.
Uno de los incentivos del sistema es que, una vez saldada la primera cuota y si tiene la edad requerida, la persona puede acudir a la Anses y pedir su jubilación (o, en caso de ser la viuda de un autónomo con deuda, la pensión).
Y luego de obtener su beneficio, la cuota entera le será descontada directamente de los haberes que perciba cada mes. Esta modalidad de pago estará operativa desde junio próximo, según una resolución que dictó la Anses durante la semana última.
Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION
Cómo es la jubilación del personal doméstico
Y un dilema que aparece es que, en muchos casos, por la edad que tiene ya la trabajadora, comenzar a hacer ahora aportes previsionales puede ser insuficiente para que, llegada la edad del retiro (que es de 60 años para las mujeres y de 65 para los varones), exista el derecho a una jubilación.
¿Qué hacer, entonces? Lo mismo que podría hacer cualquier otra persona que está acercándose o ya está en edad de jubilarse, pero no reúne los 30 años de aportes, es decir, inscribirse en los planes de pago ofrecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y -si no se lo hizo antes- declarar actividad como autónoma por la cantidad de años que sea necesario. Por los costos que tiene la moratoria, conviene inscribirse por períodos anteriores a septiembre de 1993.
Esto significa que, si para el blanqueo de la empleada doméstica ya se gestionó el número de CUIL en la Anses, para completar años de aportes será necesario recurrir, en primer lugar, a una agencia de la AFIP para solicitar allí el CUIT y la clave fiscal, que permiten operar por Internet para adherirse luego al plan de pagos.
Como en este caso la trabajadora estaría adhiriéndose a un régimen de autónomos, la responsabilidad del pago de las cuotas recaerá -al menos frente a la AFIP- sobre su persona. Si cumple la edad de retiro mientras está saldando la deuda, podrá gestionar en la Anses el pago del beneficio.
Blanqueo en alza
Según estimaciones, hasta ahora más de 40.000 trabajadoras domésticas fueron blanqueadas desde principios de año. A esta cifra hay que sumar otras 50.000 que ya estaban inscriptas antes del lanzamiento del nuevo sistema. Sin embargo, todavía hay más de 800.000 empleadas domésticas que continúan en negro.
A cambio de un aporte mensual de $ 59,44, el sistema beneficia a quienes cumplen servicios como mucamas, niñeras, amas de llaves, damas de compañía, mayordomos, institutrices, nurses o gobernantas, según la información de la AFIP. Los aportes varían de acuerdo con la cantidad de horas semanales trabajadas: $ 20, de 6 a 12 horas; $ 39, de 12 a 16 horas, y $ 59,44, más de 16 horas semanales.
Una respuesta a «Investigan una masiva estafa contra jubilados»
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