La Legislatura porteña terminó de sancionar ayer el Código Procesal Penal (CPP) de la ciudad, que entrará en vigor en 180 días, cuando -según las previsiones de los diputados locales- el Congreso habrá ratificado el traspaso de ciertas competencias penales de la justicia ordinaria nacional a los juzgados contravencionales de la Capital.
El código aprobado ayer en particular constituye el instrumento normativo necesario para juzgar en el futuro los nuevos delitos transferidos: lesiones en riña, abandono de persona, omisión de auxilio, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños, ejercicio ilegal de la medicina, incumplimiento de deberes de asistencia familiar, malos tratos o actos de crueldad contra animales y discriminación.
A diferencia del método empleado por la justicia nacional, el flamante Código Procesal Penal porteño reemplaza el sistema inquisitorio por el sistema acusatorio, que da mayor participación al Ministerio Público en el proceso, ya que la investigación queda en manos de los fiscales.
Así lo explicaron a LA NACION las diputadas kirchneristas Ivana Centanaro y Silvia La Ruffa, presidentas de las comisiones de Justicia y Seguridad, respectivamente.
Este cambio, aseguraron las legisladoras, le imprimirá más celeridad al trámite judicial. "Estimamos que las causas que hoy la justicia nacional tarda dos años en resolver, en la ciudad serán resueltas en un año, aproximadamente", explicó La Ruffa.
Y basó su cálculo en la experiencia acumulada tras la transferencia, también de la Nación a la Ciudad, de la potestad para juzgar los delitos de tenencia y portación de armas. "Cuando se efectuó ese traspaso, modificamos una ley para que el procedimiento fuera asimismo acusatorio. Como resultado, el sistema resuelve en tres meses los casos que antes demandaban entre 12 y 18 meses", sostuvo La Ruffa.
La legisladora, experta en seguridad, aclaró que -a partir de la aplicación del flamante código- "la Justicia atenderá casos en lugar de expedientes. La mayor cantidad de pruebas se producirán con grabaciones, con nuevas tecnologías o testimonios. No habrá hojas acumuladas".
Al igual que La Ruffa, su compañera de bloque Ivana Centanaro destacó que, si bien el código imprime más rapidez al proceso, resguarda el ejercicio de todas las garantías de defensa y debido proceso.
"Es un texto absolutamente garantista, que asegura, desde todo punto de vista, un acceso más acabado a la justicia. Está basado en los estándares mundiales más recientes", señaló Centanaro. En efecto, el CPP deposita en los jueces el control de las garantías.
También contiene un capítulo muy moderno sobre asistencia y protección de las víctimas de delitos.
El vicepresidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Rabinovich (ARI), recordó la importancia de la ley sancionada para la autonomía porteña: "Es un gran avance. La Capital ya no deberá regirse por normas federales".
En rigor de verdad, el Código Procesal Penal sólo podrá ser empleado dentro de 180 días. Para entonces, estimaban ayer en la Legislatura, el Congreso Nacional ya habría ratificado el convenio que transfiere las competencias penales de la justicia ordinaria nacional a los jueces contravencionales de la ciudad.
Consultada sobre si el sistema local cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para atender las nuevas atribuciones, Centanaro respondió a LA NACION: "El Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo deberán generar todos recursos posibles. El presupuesto 2007 prevé partidas; podrán ser readecuadas para mejorar la instrumentación del CPP".
Por Angeles Castro
De la Redacción de LA NACION
