La Justicia ordenó que se extienda a la joven un nuevo DNI con su nombre.
La Justicia federal le devolvió su identidad a una joven que había sido secuestrada, igual que sus padres, durante la última dictadura militar. Se llama Carmen Gallo Sanz y hoy tiene 28 años.
Por este caso, en marzo de 2004 fueron condenados los ex policías Miguel Etchecolatz y Jorge Bergés. Para completar su tarea, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata le ordenó ahora al Registro Nacional de las Personas que le extienda a la chica documentos con su verdadero nombre y elimine los que existen a nombre de María de las Mercedes Fernández, el nombre que le habían puesto sus apropiadores.
Según informó oficialmente la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Carmen Gallo Sanz nació el 27 de diciembre de 1977, mientras su madre Aída Sanz Fernández —uruguaya— estaba detenida en el centro clandestino conocido como el Pozo de Banfield. El médico policial Bergés fue quien asistió al parto y falsificó el certificado de nacimiento indispensable para la sustitución de la identidad de la chica.
Estela de Carlotto, titular de Abuelas, contó ayer a Clarín que las primeras investigaciones acerca de este caso son de 1988, ante la posibilidad de que María de las Mercedes Fernández fuera en realidad hija de los desaparecidos María Eloísa Castellini y Constantino Petrakos. Como no se encontraron elementos para poder avanzar en ese sentido, las actuaciones se archivaron.
Clara Petrakos —hija de aquella pareja, que busca a su hermana nacida en cautiverio— fue quien se contactó con la chica para decirle que, si bien no era su hermana, podía ser hija de otros desaparecidos. Así fue como, en 1999, Gallo Sanz llegó al Banco Nacional de Datos Genéticos. Se realizó el estudio de ADN, se cotejaron sus muestras con los antecedentes de Sanz Fernández y de su esposo, Eduardo Gallo Castro, y se determinó quién era.
Hace dos años, mientras se sustanciaba el juicio oral contra los represores Etchecolatz y Bergés, la chica contó que en junio de 1999 —ya firmes los análisis genéticos— resolvió ir con sus padres de crianza al Uruguay para conocer a su familia. «Hablar con ellos fue como juntar pedacitos de la historia», señaló.
El trámite que acaba de ordenar el tribunal oral federal platense se demoró durante seis años. Las Abuelas fueron patrocinadas en este proceso por la abogada María Ester Alonso Morales.
Etchecolatz y Bergés recibieron una condena de siete años de prisión. La firmaron los jueces Nelson Jarazo, Carlos Rozanski y Ana Aparicio, que demoraron hasta ahora la orden al Registro de las Personas.
En el momento de conocerse el fallo, los fiscales —que habían pedido 10 años de prisión— y los organismos de derechos humanos —que habían solicitado 15— se mostraron descontentos por la sentencia. Fuera del edificio, manifestantes llenaron de huevos y pintadas las paredes: «Justicia basura y cómplice de la dictadura».
Al declarar como testigo, Gallo Sanz relató que sus padres de crianza habían intentado hacer tratamientos de fertilización sin resultado y, en ese marco, un médico los contactó con Bergés. A ella la anotaron —como en muchos otros casos— como si fuera #hija natural. Cuando el fiscal Hugo Cañón le preguntó qué sintió al enterarse de su verdadera historia, contestó: «Sentí alivio: encontré a mis padres y supe que no me habían abandonado».
Mediante un comunicado, Abuelas expresó ayer: «Esperamos que, después de años de lucha en la búsqueda de la verdad y la restitución de nuestros nietos apropiados, no vuelva a repetirse la situación de que una joven apropiada tenga que realizar diversas peticiones y que transcurran años hasta alcanzar la restitución de su identidad, cuando el Estado argentino está obligado a reestablecerla rápidamente por la Convención Internacional de Derechos del Niño».
