COMUNICADO DE PRENSA
Empleados de la minera Agua Rica presentaron ante la Justicia un recurso de amparo contra vecinos del pueblo de Andalgalá, integrantes de la Asamblea ambientalista El Algarrobo, con el argumento de que el 1 de septiembre próximo los ambientalistas realizarían acciones que les impedirían trabajar.
El juez subrogante, Dr. Alejandro Scidá, resolvió admitir el recurso presentado por los empleados de la minera, basándose en “pruebas” aportadas por medios periodísticos oficiales (diario Uno y El Ancasti). Paradójicamente, el mismo juez es defensor ad hoc de varios asambleístas en una causa penal por denuncias de la propia minera, lo que representa una clara incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones.
Esta denuncia se suma a la hecha contra los ambientalistas por el juez Rodolfo Cecenarro, en mayo pasado, lo que constituye una clara estrategia de judicialización de la protesta social cuyo sustento es la complicidad de los tres poderes del Estado con los intereses de las corporaciones mineras, en desmedro de los intereses de los pobladores.
El jueves 26 de agosto fuerzas policiales desalojaron de la plaza la carpa informativa de los vecinos, lugar donde había pobladores en huelga de hambre en protesta contra la megaminera. También fue removida por la fuerza una carpa de vecinos desocupados, financiada por Agua Rica con el objetivo de generar divisiones y tensión entre los mismos andalgalenses.
Hace años que los vecinos de Andalgalá denuncian el saqueo, la explotación y la contaminación del medioambiente que llevan adelante las mineras (primero la minera Alumbrera y ahora Agua Rica, que se encuentra en las nacientes de las fuentes de agua, a 17 km de la plaza), con la complicidad del gobierno y todo el aparato de Estado. El objetivo es imponer la actividad minera como única alternativa de progreso y desarrollo, avasallando los derechos de la comunidad.
