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POLÍTICA

La pelea política y económica oculta detrás de los subsidios al transporte

Clarín
 

EL CONTROL DE LOS FONDOS PUBLICOS

La Auditoría General de la Nación objetó ese beneficio dado a empresas y gremios.

Daniel Santoro

dasantoro@clarin.com


Las objeciones que hizo la Auditoría General de la Nación (AGN) al manejo de 1.600 millones de pesos del llamado fondo fiduciario del gasoil pagados por la Secretaría de Transporte a empresarios y sindicalistas del sector esconde una pelea silenciosa por poder político, dinero y protagonismo.

Los 20 fondos fiduciarios existentes, creados desde 1994 a la fecha para todos los presidentes "son como pequeñas empresas del Estado donde ministros o secretarios manejan su ‘cajita’ propia y tienen sus hombres de confianza", graficó un diputado peronista que los viene controlando desde hace años. Los fondos acumulan este año 4.178 millones de pesos, más del 4% del Presupuesto.

La frase del diputado alude a que la "cajita" no depende de las asignaciones de fondos del presupuesto nacional que distribuye la Secretaría del Tesoro que maneja la ministra de Economía, Felisa Miceli, y no tiene los controles de la Ley de Administración Financiera.

Las objeciones las hizo en un informe la AGN, que es un organismo de control del Congreso presidido por el radical Leandro Despouy pero con un directorio de mayoría peronista. Desde el principio, la AGN buscó dejar en claro que no le apuntaban al ministro de Planificación, Julio De Vido, a pesar de ser el jefe de Jaime. El informe que el jueves reveló Clarín objeta la falta de rendición de cuentas de parte de los empresarios del transporte y puso la lupa sobre la "cajita" del secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

La AGN reclamó a Jaime que exija a los empresarios que mejoren la calidad de los servicios del transporte automotor y ferroviario y que el sindicato de camioneros de Hugo Moyano, un kirchnerista incondicional, termine de rendir cuentas por un llamativo anticipo de $ 17 millones para hacer exámenes psicofísicos a camioneros.

En su defensa, Jaime dejó trascender que recién en diciembre del 2004 durante su gestión se creó un sistema de control de las declaraciones juradas de cantidad de pasajeros que hacen los transportistas para cobrar los subsidios y de una base de datos para controlar que los 33 mil colectivos existentes en el país tengan seguros y verificación vehicular al día. "Antes no había ni expedientes", afirmaron voceros de Jaime en alusión a su antecesor, el duhaldista Guillermo López del Punta. Transporte también dijo que la adjudicación directa de un contrato de 8 millones de pesos a la empresa "Proyectos de Informática", que objeta la Auditoría, "se hizo antes de Jaime".

Las aclaraciones parecen un paraguas abierto ante las investigaciones que iniciaron el juez Sergio Torres y la comisión parlamentaria revisora de cuentas.

La difusión del informe dividió las aguas. Por un lado, los líderes del ARI, Elisa Carrió, y de Recrear, Ricardo López Murphy, pidieron más transparencia en los gastos de este fondo, mientras 18 cámaras empresarias, empresas y sindicatos beneficiados con los subsidios salieron a defender a Jaime con argumentos casi idénticos a los del funcionario.

Pero este fondo no sólo marca diferencias con la oposición. Cuando Clarín preguntó a De Vido, basándose en el decreto de acceso a la información pública 1172/03, quiénes administran el fondo del gasoil y cuánto ganan, éste le giró el interrogante al secretario de Transporte. Pero Jaime contestó por escrito con una formalidad: "No existe fondo fiduciario alguno dependiente de la Secretaría de Transporte",aunque su firma es la que autoriza los pagos del fondo del gasoil, el más grande de todos.

En cambio, De Vido informó que el fondo de "Desarrollo Regional" lo administran José Estabillo (ex gobernador de Tierra del Fuego), Hugo Dalairac (ex duhaldista), Norberto Santana (hombre del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti), Monir Madcur (ex dirigente de la Cámara de la Construcción) y Guillermo Fernández (ex secretario de Vivienda de Santa Cruz). Y que todos ganan, en promedio, un salario de bolsillo de 6 mil pesos mensuales.

Igual actitud tuvo la ministra Miceli. Informó que la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura la preside el ingeniero Miguel Rego, quien mandó una copia de su recibo de sueldo donde consta que gana 5.916 pesos por mes.

Más o menos transparencia pero igual dispersión de recursos cuando en otros países, como EE.UU., la tendencia es a consolidar cada vez más el presupuesto del Estado para que haya menos poder de discreción en manos de los funcionarios de turno.

Por David Encina

Periodista

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Trabajador. Asesoría en comunicación social, comercial y política para el desarrollo de campañas. Análisis de servicios al cliente y al público. Aportes para la gestión de redes sociales con planificación estratégica.

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