Procesan a Callejeros por el mismo delito que a Chabán

El juez Lucini decidió cambiar la carátula e imputarlos por “estrago doloso”, que contempla una pena de hasta 20 años de cárcel. También agravó la pena de cinco policías involucrados en la causa.

A punto de desvincularse de la causa Cromañón, el juez Marcelo Lucini firmó esta mañana su última decisión de trascendencia para el caso: imputó por "estrago doloso seguido de muerte" a los seis músicos de Callejeros, al manager y al escenógrafo de la banda, un delito que se castiga con hasta 20 años de prisión.

En la misma resolución el juez decidió cambiar también la carátula de cinco policías de la Federal, entre ellos dos altos oficiales. Ahora se los acusa de “participes secundarios de estrago doloso”.

Con esta decisión los integrantes de Callejeros quedan acusados del mismo delito que Omar Chabán, quien regenteaba el boliche donde murieron 194 personas el diciembre del año pasado. Hasta ahora estos ocho jóvenes estaban procesados por "estrago culposo", un delito bastante menor.

Si bien el magistrado cambió la calificación de los integrantes de la banda de rock, no les dictó la prisión preventiva. Aunque sí les prohibió abandonar el país.

La medida Lucini hizo lugar al pedido presentado hace dos meses por el abogado querellante Patricio Poplavsky, quien entendía que los músicos de Callejeros debían ser imputados por un delito más grave.

En ese sentido, el profesional había aportado ocho videos y dos grabaciones de audio en los que se veía que los músicos "fomentaban el uso de bengalas” y que “eran indiferentes a lo que hacía su público".

"Algunos de los miembros de Callejeros tienen la misma responsabilidad que Chabán. Ellos fueron coorganizadores del recital, lo que implica que conocían el estado del local", explicaba por su parte el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas y querellante en la causa.

En cuanto a los policías de la Federal afectados por esta resolución son el entonces comisario de la seccional séptima Gabriel Sevald, del subcomisario Carlos Díaz y de los suboficiales Cristian Villegas y Ramón Sosa. Hay un quinto efectivo acusado, pero no se supo su nombre.

Sevald y Díaz estaban procesados por recibir coimas de los responsables del boliche, y los demás por incumplir los deberes de funcionario público al no controlar que funcionara correctamente el lugar.

Pese a la gravedad de la figura, el juez Marcelo Lucini decidió que permanezcan en libertad hasta el juicio oral y público.