Las 5 Causas Nacionales del Movimiento Proyecto Sur

1. Igualdad y justicia social. 

– Reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios a sus territorios y a la reivindicación de sus identidades étnico-culturales, en la reconstrucción de un país donde la diferencia ha de ser la base de la igualdad y no de la discriminación o el desprecio.

– Sistema preventivo de salud y lucha contra las enfermedades de la pobreza – chagas, dengue y similares- incrementando el presupuesto del Sistema Público de Salud y propugnando una mayor articulación con las Universidades Nacionales, orientada a la producción de medicamentos y a una formación profesional con profundo sentido social.

-Alimentar y curar. Es preciso erradicar el hambre y la desnutrición en la Argentina y garantizar el cuidado y tratamiento médico-odontológico a todos sus habitantes. No debe haber más ningún niño, joven, adulto o anciano desamparado ni viviendo en la calle. Ello es realizable con una amplia participación solidaria coordinada con las organizaciones sociales y las instituciones públicas. Los hospitales deberán entregar gratuitamente los medicamentos necesarios, a ser producidos por laboratorios universitarios y otras instituciones públicas argentinas.

-Reformulación del tratamiento de las enfermedades mentales y las instituciones psiquiátricas.La definición de una democracia integralEl objetivo es democratizar la democracia en el campo económico, social y cultural mediante la creación de mecanismos que garanticen una amplia participación popular en el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente y el bienestar de las familias. Se garantizará la no discriminación de las mujeres, de los pueblos originarios, de los inmigrantes, los discapacitados y toda otra minoría.

-Recuperación del ingreso real de los trabajadoresRecomposición del salario real en el sector público y privado. Garantía de jubilaciones y pensiones dignas y móviles. Ampliación de la cobertura de los subsidios al desempleo y a la incapacidad para el trabajo. Control de los alquileres y de la canasta familiar hasta lograr un nuevo equilibrio de los precios relativos del conjunto de la economía.
-Políticas de pleno empleo. Eliminación de las leyes de precarización laboral y recuperación de los derechos sociales de los trabajadores. Vigencia de la jornada de ocho horas y de las leyes de trabajo insalubre, con protección al trabajador y su familia. Consolidación de una economía de pleno empleo mediante la combinación de las distintas políticas de reconstrucción económica del país.
-Revertir la dinámica de reconversión tecnológica salvaje, en tanto la disminución en un 75% en los requerimientos de tiempo de trabajo humano para todas las áreas de la actividad social que conllevan las tecnologías de avanzada, no supone necesariamente el desplazamiento de trabajadores. La única respuesta viable ante la actual crisis de sobreproducción por carencia de demanda, es la disminución de la jornada laboral manteniendo salarios justos, tal como ocurriera durante los “treinta años de oro” posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial: la jornada semanal bajó masivamente desde las 72 horas de principios del siglo XX a 40 horas; una disminución del 45% que coincidiera con los más altos y sostenidos niveles de crecimiento económico, tanto del sistema capitalista como del socialista. La única solución a una crisis de sobreproducción por carencia de demanda derivada de la polarización de la riqueza -el 20% más rico de la población concentra el 87% de esos ingresos- es una redistribución de esa riqueza en gran escala. La reconversión tecnológica salvaje impulsada durante las dos últimas décadas, ha creado una masa de población sobrante cuya dimensión ronda los 2.500 millones de personas en el mundo y tiende a hacer inviables a las sociedades, aún para los sectores privilegiados.

2. RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA SOBERANIA Y LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE.

– Plan Agrario Nacional: con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria y la diversidad agropecuaria que está en riesgo por la expansión de la frontera sojera; promover un repoblamiento del campo y limitar las áreas destinadas a cultivos transgénicos, con prohibición del uso de glifosato y otras sustancias tóxicas; atender a las demandas de tierra de las comunidades indígenas y campesinas; favorecer a los pequeños y medianos productores.
-Promoción agropecuariaImplementación de una política de desarrollo rural orientada a recuperar nuestra soberanía alimenticia, revirtiendo las distorsiones producidas por el monocultivo de soja transgénica y las dramáticas secuelas derivadas del uso masivo de agrotóxicos que dicho cultivo requiere. Se revertirá la grave tendencia a la concentración y a la extranjerización de la tierra. Se promoverá a los pequeños y medianos productores y se estimulará a las cooperativas para favorecer la protección de las economías regionales y la diversificación productiva, junto a la recuperación de la actividad ganadera y lechera. Se establecerán planes especiales para las zonas afectadas por inundaciones y sequías.
-Control público sobre los puertos, el comercio exterior y las exportaciones del sector, actualmente en manos de corporaciones transnacionales que se guían por sus exclusivos objetivos de lucro, sin tomar en consideración los intereses de la Nación.
-Comercio exterior. Intervención del Estado en el control del comercio exterior y en una política de retenciones, subsidios y precios orientada a revertir los abusos de las grandes corporaciones exportadoras. Imposición de aranceles en función de la promoción de distintas áreas de la economía nacional. Reorganización de la Junta Nacional de Granos.- Recuperación de la soberanía económica y financiera.

-Reforma tributaria: Es perentorio cambiar un sistema que desde hace décadas exhibe un perfil duramente regresivo, contemplando una disminución de los impuestos al consumo y el estricto control del impuesto a las ganancias, a la tenencia de la tierra y a las exportaciones, así como la imposición de gravámenes a las transferencias de activos y utilidades financieras, actualmente eximidas de impuestos.

– Nacionalización del petróleo, el gas, la gran minería y otros recursos naturales estratégicos. Para garantizar nuestra soberanía se considera prioritario la nacionalización de estos recursos y la consecuente disposición de la renta generada por ellos -del orden de los 25.000 a 30.000 millones de dólares anuales- a fin de lanzar un proyecto emancipador, democrático, federal y de avanzada como respuesta a los desafíos de la actual crisis mundial.
– El subsuelo será considerado un dominio nacional, tal como fuera establecido en el Artículo 40 de la Constitución de 1949, garantizando una justa coparticipación de las provincias en las rentas de los recursos estratégicos.
-Modificación inmediata del Código de Minería, el cual ha permitido a las corporaciones transnacionales mineras y a sus socios locales una explotación irracional y depredadora de nuestras reservas que, además, salen del país sin ningún tipo de control público, a mera declaración jurada. Se prohibirá la explotación minera a cielo abierto con sustancias contaminantes como el cianuro y similares.- Protección del ecosistema, el agua, la tierra, los bosques nativos, los lagos y glaciares, que deben ser preservados de cualquier tipo de contaminación: las rentas privadas de las grandes empresas no pueden ser jerarquizadas frente al respeto a la vida y a la naturaleza. Se protegerán los parques nacionales y las tierras fiscales, junto a una dura restricción ante los procesos de extranjerización del territorio nacional.- Plan Agrario Nacional: con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria y la diversidad agropecuaria que está en riesgo por la expansión de la frontera sojera; promover un repoblamiento del campo y limitar las áreas destinadas a cultivos transgénicos, con prohibición del uso de glifosato y otras sustancias tóxicas; atender a las demandas de tierra de las comunidades indígenas y campesinas; favorecer a los pequeños y medianos productores.
-Control público sobre los puertos, el comercio exterior y las exportaciones del sector, actualmente en manos de corporaciones transnacionales que se guían por sus exclusivos objetivos de lucro, sin tomar en consideración los intereses de la Nación.
-La recuperación de la soberanía económica y financiera.

-Revisión de la legitimidad de la deuda externa tomando como punto de partida el dictamen del Juez Ballestero a partir de la denuncia de Alejandro Olmos, que hace años duerme en los cajones del Parlamento.- Reforma tributaria: Es perentorio cambiar un sistema que desde hace décadas exhibe un perfil duramente regresivo, contemplando una disminución de los impuestos al consumo y el estricto control del impuesto a las ganancias, a la tenencia de la tierra y a las exportaciones, así como la imposición de gravámenes a las transferencias de activos y utilidades financieras, actualmente eximidas de impuestos.
– Políticas activas de defensa del Atlántico Sur, las Malvinas, la plataforma marítima y la Antártida- Esta defensa incluye tanto la reivindicación de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas y la Antártida, como la ampliación de la soberanía marítima a 350 millas, junto a un estricto control sobre la explotación de los recursos pesqueros y las reservas submarinas de petróleo y gas.

 

3. DEMOCRATIZACION DE LA DEMOCRACIA.

Defensa activa de los Derechos Humanos. Memoria Verdad y Justicia.

Defensa activa de los Derechos Humanos contra los crímenes de lesa humanidad, y su concepto abarcador en lo nacional, social, étnico y cultural. Construcción de un Estado soberano y democrático que contempla:
-Democratización del sistema político, mediante una reforma del sistema electoral a fin de evitar las disímiles modalidades de fraude, imponiendo el voto electrónico.
-Reorganización democrática de las instituciones del Poder Judicial (jueces y fiscales federales), del Consejo de la Magistratura y de las Cortes de Casación. Designación de jueces por concurso público.
-Democratización del Parlamento con la publicación semanal obligatoria del Diario de Sesiones y creación de un canal de televisión parlamentario que permita conocer el desarrollo de los debates legislativos en las comisiones y en el recinto y las posiciones de las distintas fuerzas políticas sobre cada tema.
-Reorganización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, subordinadas a la voluntad soberana del pueblo, a fin de incorporarlas en un proyecto de transformación nacional, democrática y social.
-Lucha efectiva contra la corrupción económica y financiera reconstruyendo las instituciones de control y gestión que permitan enfrentar la corrupción de las corporaciones políticas, de las fuerzas de seguridad y de sus cómplices en el Poder Judicial, como condición para restablecer el Estado de Derecho.
-Garantizar un Estado de Justicia y Soberanía para garantizar el Estado de Justicia, para acabar con la impunidad de los poderosos, que ampare al conjunto de los habitantes y defienda una ciudadanía plena.
– Creación de las instituciones pertinentes que garanticen la ejecución de las políticas económicas y sociales, el control de la moneda, de la redefinición del perfil impositivo, de los recursos estratégicos y de las rentas que habrán de permitir la implementación de las distintas estrategias con financiamiento propio.
-Promoción de una democracia participativa orientada a reemplazar la actual democracia delegativa, con mecanismos de control social, iniciativas populares, plebiscitos y revocación de mandatos. Consulta pública a las organizaciones sociales sobre la orientación de los presupuestos fiscales, que permitan una real transparencia en el manejo de los fondos nacionales, provinciales y municipales.
-Lucha integral contra el crimen organizado contra la inseguridad y el tráfico de drogas, partiendo de una crítica radical a las posiciones que pretenden reducir este problema a la participación de jóvenes acosados por la pobreza y la indigencia, ignorando las estructuras del delito que incluyen bandas compuestas por fracciones políticas, funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad e integrantes de los tribunales federales y provinciales.
-Convocatoria a una Convención Constituyente a fin de promover una reforma de la Constitución sustentada en un amplio y riguroso debate sobre un proyecto nacional, que nos permita superar las secuelas de la dictadura militar y de las políticas neoliberales de despojo y marginación social que sufriera Argentina en las últimas décadas.Combatir la corrupción y la inseguridad.La mega corrupción económico-financiera constituye la base de la corrupción de las fuerzas de seguridad, las corporaciones políticas y el Poder Judicial. Esto representa un flagelo que debe ser erradicado con decisión política, como condición para restablecer el estado de derecho, acabar con la impunidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La inseguridad más grave que afecta a la Argentina se deriva de esta corrupción y de las acciones de diversas mafias asociadas con el poder. Los medios de comunicación y los sectores de la derecha intentan ocultar este problema, mencionando sólo los delitos vinculados con las condiciones de pobreza y silencian el hecho que no más del 3% de los jóvenes pobres se orientan hacia acciones delictivas.

-La reapropiación pública de nuestros recursos naturales y estratégicos, la nacionalización del petróleo, el gas y la gran minería, reinstaurando el Artículo 40º de la Constitución de 1949, junto a otras riquezas que nos han quitado, constituye un instrumento clave para definir el futuro de nuestro país.
-Construcción de un Estado soberano y democrático.

 

4. Cultura y educación basadas en una ética solidaria y de respeto a la dignidad humana.

-Elaboración de un nuevo marco legal que posibilite la participación pluralista en los medios de comunicación de todos los sectores sociales para que sirvan de información y debate de los grandes problemas nacionales, de crítica cultural y de promoción de valores de solidaridad y conocimiento. Impedir el monopolio de las grandes empresas y revisar la prórroga de la concesión de las radios y canales de televisión a sus actuales beneficiarios.

Sustancial aumento del presupuesto de cultura de la Nación. Creación de casas de la juventud y la cultura en los barrios y en todas las provincias. Impulso a las industrias culturales; en especial a la edición y difusión de libros. Cuota de pantalla en todas las televisoras para el cine argentino de ficción y documental. Sanción de una ley de música.

Estimular la creatividad cultural de las mayorías y posibilitar su acceso a todas las expresiones culturales, artísticas e intelectuales. Proteger a los creadores nacionales y la difusión de su producción.

– Democratización de los grandes medios de comunicación e información:
Democratizar las comunicaciones y la información, garantizando al conjunto de los ciudadanos y a las organizaciones sociales y comunitarias el derecho a la comunicación e información plural, objetiva, oportuna y veraz. En tanto las licencias pertenecen al sector público y por lo tanto al pueblo de la Nación, debe democratizarse el acceso a las licencias de radiodifusión radial y televisiva y a las señales en todos los sistemas de televisión dirigidas a abonados, como modo de democratizar la producción y difusión de la noticia y tutelar el respeto a la opinión del periodista. La democratización supone revertir el autoritarismo derivado del control monopólico de los medios por parte de un gobierno o del control oligopólico de las corporaciones privadas, facilitando la creación de modalidades sociales de gestión de las comunicaciones y la información.

– Batalla cultural y de ideas orientada a desplazar la hegemonía cultural del neoliberalismo que ha nutrido ese coloniaje mental denunciado lúcidamente por la Reforma Universitaria de 1918 y las tradiciones populares de América Latina:
Es preciso libertar a la política, a la escuela, al colegio, a la Universidad, de todo coloniaje mental, porque de tal sumisión resulta en nuestros países la entrega de su economía, de su política, de su cultura. (Documento Liminar.1918)

-Propuesta de reforma de las universidades nacionales:
– Revalorizar el papel de las universidades y de la educación superior no universitaria como una de las fuentes principales de incorporación, procesamiento y producción del conocimiento, que es el recurso estratégico más valioso impuesto por el despliegue de la Revolución Científico-Técnica. En tanto el conocimiento no es neutro, el debate acerca del carácter de este concepto, de las nuevas modalidades que obligan a superar las estrechas fronteras disciplinarias y la taylorización de los saberes, se impone como una tarea ineludible para afrontar el nuevo tiempo histórico.

-Formar mentalidades críticas y creativas -en las universidades nacionales y las instituciones de educación superior- capaces de dialogar y enriquecerse con los saberes sociales y culturales. Sustentadas en una ética pública de modo que la producción del conocimiento científico-académico y su enseñanza habrán de tener un sentido solidario y un compromiso con los problemas locales, nacionales y regionales.

-Debe garantizarse la plena autonomía universitaria y de la educación superior, a fin de transformarlas en espacios de debate de los temas estratégicos que afectan a las comunidades en las cuales están insertas, abordando al mismo tiempo las temáticas nacionales e internacionales, que permitan aportar al desarrollo de una ciudadanía activa y solidaria.

– Reforma integral del sistema educativo tomando en consideración cuatro líneas fundamentales, sustentadas en el principio de fortalecer la educación pública, democratizar los procesos educativos y erradicar la idea de la educación como mercancía en todos sus niveles.
– Fuertes inversiones públicas en infraestructura con el objeto de garantizar un sistema pre-primario, primario y secundario de excelencia para el conjunto de la población, que se convierta en la referencia pedagógica de la educación nacional. El sistema educacional debe disponer del tiempo y el espacio necesarios para una formación integral de nuestros niños y jóvenes, contando con doble escolaridad, de modo tal de incluir actividades creativas, de recreación, deportes y otros aspectos que hagan de las escuelas sitios atractivos y de formación ciudadana para los estudiantes.- Reconocer el papel estratégico de los docentes, jerarquizando su función con salarios justos y condiciones de trabajo apropiadas. La jornada laboral debe ser de doble turno en una misma escuela, donde se contemplen no más de cuatro horas frente al curso y un tiempo destinado a la formación profesional, la evaluación colectiva de las tareas e intercambio de experiencias, como modo de aportar al perfeccionamiento del sistema en su conjunto.
– Revalorizar el papel de las universidades y de la educación superior.Formar mentalidades críticas y creativas. Debe garantizarse la plena autonomía universitaria y de la educación superior.
– Democratización de los grandes medios de comunicación e información. Democratizar las comunicaciones y la información, garantizando al conjunto de los ciudadanos y a las organizaciones sociales y comunitarias el derecho a la comunicación e información plural, objetiva, oportuna y veraz. En tanto las licencias pertenecen al sector público y por lo tanto al pueblo de la Nación, debe democratizarse el acceso a las licencias de radiodifusión radial y televisiva y a las señales en todos los sistemas de televisión dirigidas a abonados, como modo de democratizar la producción y difusión de la noticia y tutelar el respeto a la opinión del periodista. La democratización supone revertir el autoritarismo derivado del control monopólico de los medios por parte de un gobierno o del control oligopólico de las corporaciones privadas, facilitando la creación de modalidades sociales de gestión de las comunicaciones y la información.

 

5. Reconstruir las industrias y servicios públicos, promoción científico-técnica e integración autónoma de América Latina.

– Promoción de un proyecto alternativo al modelo agro-minero-exportador.

-Reconstrucción del sistema ferroviario, la flota marítima y fluvial, la industria aeronáutica y satelital con producción y tecnología nacional, garantizando calidad y eficiencia en el transporte de cargas y pasajeros, creando miles de puestos de trabajo calificados. Desarrollo de los servicios estratégicos y fundamentales para consolidar la emancipación.

-Creación de un polo estatal de empresas públicas de excelencia, técnicamente modernas, gestionadas con una auténtica participación de la comunidad junto a trabajadores, técnicos, usuarios y funcionarios, dentro de un régimen de autonomía que les impida estar sometidas a los vaivenes de los cambios gubernamentales y a la corrupción. Dicho polo deberá actuar como motor de un proceso de reindustrialización del país incorporando conocimientos y tecnologías de avanzada, además de impulsar la creación de empresas públicas latinoamericanas: Ferrocarril del Sur que una el Caribe con la Patagonia; línea aérea internacional; flota mercante, sistema satelital y de telecomunicaciones y similares- que brinden la masa crítica susceptible de dinamizar un desarrollo científico-tecnológico de avanzada con criterios autónomos, que nos permita ingresar de modo independiente en los nuevos escenarios históricos.

-Denuncia de los convenios de reciprocidad de inversiones firmados durante el gobierno del presidente Menem, en tanto representan un perjuicio para la Nación y una peligrosa cesión de soberanía.

-Promoción industrial.
Reindustrialización del país mediante la creación de un polo de corporaciones industriales del Estado basado, entre otros, en el sector de astilleros e industria naviera, en los talleres ferroviarios, en la ex fábrica nacional de aviación y en las áreas energéticas. Asistencia a las pequeñas y medianas empresas y promoción de un área de empresas sociales de calidad. Se impulsarán convenios de mutuo beneficio con las naciones de América Latina para la creación de empresas públicas latinoamericanas en áreas clave: flota mercante, líneas aéreas, sistemas satelital y de comunicaciones, energía, biotecnología, nuevos materiales y otras que permitan el desarrollo autónomo de ciencia y tecnología de punta para superar el actual modelo agro-energético-exportador.

– Recuperación de las empresas de servicios públicos.
Las empresas privatizadas de este sector deben volver a manos del Estado; pero antes es necesario impulsar un amplio debate acerca de los modos de gestión capaces de superar la antinomia entre empresas estatales digitadas por los gobiernos de turno o controladas por intereses guiados por el lucro y las leyes del mercado. El objetivo es diseñar empresas públicas que garanticen la participación de los trabajadores y técnicos junto a los usuarios, como modo de evitar la distorsión de sus funciones o eventuales procesos de corrupción.

-Reorganización integral del transporte.
En todos los países del mundo el transporte está subsidiado por el Estado y su objetivo no es generar lucro sino cumplir un servicio público. Es urgente en nuestro país la reconstitución del sistema de transporte ferroviario, fluvial, marítimo y aeronáutico. El ferrocarril debe ser la columna vertebral de la integración nacional, de la reindustrialización, del repoblamiento de las provincias y del derecho de las mayorías a un transporte digno, eficiente, barato y seguro. Se aplicará la ley de reserva de cargas para el transporte de la producción nacional, se revertirá la política aeronáutica de cielos abiertos y se eliminará el sistema de peajes.
– Política internacional que otorga prioridad a la integración latinoamericana autónoma: en un mundo donde se están diseñando bloques económicos y políticos de alcance continental, la integración autónoma de América Latina desde el Caribe hasta la Antártida, es una condición para la viabilidad histórica de cada uno de nuestros países. Es preciso conformar un bloque regional de defensa de la paz mundial y de la autodeterminación de los pueblos, capaz de transformarnos en reales protagonistas de nuestra historia.Se impulsará el fortalecimiento de Unasur y la consolidación de iniciativas como el ALBA frente a cualquier intento de imponer la subordinación de nuestro continente a la voluntad de las potencias de turno, las interferencias en los asuntos internos o las sanciones arbitrarias como el bloqueo a Cuba, que viene siendo repudiado por una gran mayoría en las Naciones Unidas.