Podrían decidirlo hoy. El grupo que lidera Mario Navarro, opositor a la conducción del gremio petrolero, se opone a la presencia de Gendarmería en los yacimientos. Y pide el pago total de los días de huelga.
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Bajo amenaza de volver al paro, los delegados petroleros opositores a la conducción del gremio realizarán hoy asambleas en las plantas de la ciudad santacruceña de Las Heras para rechazar las "requisas de la Gendarmería a los trabajadores" y reclamar el 100% de los salarios caídos durante los 18 días que estuvieron de huelga.
Mientras la investigación por el homicidio del policía Jorge Sayago avanza lentamente y todavía no hubo ninguna detención (ver Temen que…).
El primer punto que se discutirá hoy en las asambleas girará en torno a la presencia de los casi 300 efectivos de Gendarmería que envió el Gobierno Nacional a Las Heras luego del asesinato del policía. "Lo único que queremos es que nos dejen trabajar tranquilos. Revisan a los trabajadores tanto a la entrada como a la salida, no les dejan llevar ni cuchillos para comer y hay gendarmes hasta en el baño", le dijo Luis Guineo, uno de los delegados, a Clarín. Guineo quedó como voce ro del conflicto porque Mario Navarro —cuya detención generó el ataque a la comisaría durante la madrugada del martes pasado— viajó a Buenos Aires en busca del respaldo de grupos piqueteros y organizaciones sociales.
El otro reclamo que volverán a analizar los petroleros es el de los sueldos que dejaron de cobrar durante el tiempo que duró el paro. Los trabajadores no aceptan el 50 por ciento que les ofrece las empresas y acusan al padre Juan Carlos Molina, que actuó como mediador, de haberlos "traicionado". "El cura hizo su negocio, se llevó el 50 por ciento para obras de beneficencia y no cumplió con la promesa de garantizar que el Ministerio de Trabajo gestionaría ante las empresas el otro 50 por ciento para nosotros", sostienen.
Junto a la abogada del Partido Obrero, Claudia Ferrero, un grupo de delegados se reunió ayer con la jueza de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone, —la misma que está a cargo de la causa por el asesinato de Sayago— para denunciar que algunos trabajadores sufrieron "apremios ilegales" por parte de miembros de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz que actúan de civil.
La jueza les habría dicho que, por el momento, no existe ninguna orden de detención contra Navarro ni ningún otro petrolero que protagonizó los cortes de tres rutas provinciales. Los delegados se retiraron conformes.
En su intento de alejar a la Gendarmería del lugar, los delegados plantearán en las asambleas que "su presencia pone en peligro las normas de seguridad de los yacimientos". Las empresas, en cambio, habían puesto como condición para reanudar su actividad que las fuerzas de seguridad garantizaran la protección de las plantas.
Además, los petroleros aseguran que las empresas no cumplieron con la promesa de entregar "en forma inmediata" los tickets prometidos. El conflicto aún tiene final abierto.
