Ley de medios K… ¿y ahora?

Alternativa Socialista publicación del MST-Nueva Izquierda
La nueva ley de medios logró ser aprobada en Senadores. En la cámara de diputados, además del bloque K y de sus socios, el proyecto del matrimonio presidencial recibió el apoyo político de todo el arco de centroizquierda: Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad en Proyecto Sur), el Partido Socialista y también Claudio Lozano, el diputado de Pino Solanas (Proyecto Sur).
Creemos que esos votos a favor son un nuevo error cometido por la centroizquierda. En vez de sostener un proyecto de ley realmente alternativo y de desnudar el doble discurso de este gobierno, lamentablemente se confirma que le son funcionales y que le facilitaron un éxito político.
 
 

Como en otros temas, la centroizquierda no levantó un proyecto alternativo. Y mas allá de aspectos parciales correctos, como el hecho de permitir que los partidos de fútbol sean vistos por todos, no apoyamos el proyecto K porque no compartimos su esencia. Un proyecto verdaderamente democrático debería terminar con el poder de las grandes empresas. Y esto solo se puede lograr colocando la mayoría de los medios de gran alcance en manos del Estado, bajo un control de los trabajadores de los medios y la cultura y con su participación directa en la dirección y gestión. Tendría que contener además aumentos presupuestarios sustanciales, para créditos y subsidios que incentiven el desarrollo de miles de medios y emprendimientos independientes.
 
Garantizar el paso a la digitalización, asumiendo los costos y readecuaciones técnicas, ya que de no ser así se vuelve dificultoso o inviable para muchos. Invertir recursos y un plan coherente para el desarrollo de la cultura y el cine nacional, a la altura de las necesidades socio-culturales del país, y sin listas negras contra los artistas críticos al gobierno. También modificar la cadena de producción y comercio de papel hoy monopólica, e invertir en imprentas de alta capacidad, bajo una planificación estatal, en favor de las publicaciones gremiales, estudiantiles, barriales y populares. Mientras sean grandes empresas privadas y el gobierno quienes digiten los grandes medios y la comunicación, pocas voces serán escuchadas y no habrá una real libertad de expresión. Hace falta una política comunicacional donde los millones que hoy vemos y recibimos la información, la ideología y el modelo cultural que diseñan otros pasemos a ser los protagonistas.
 
Al mismo tiempo, nuestra crítica a la nueva ley de radiodifusión es opuesta por completo a la que viene planteando toda la oposición de derecha.
Esos sectores hicieron un acto el martes 6 de octubre en Congreso, encabezado por la Mesa de Enlace y el rabino Sergio Bergman. En sintonía con el PRO de Macri, el PJ disidente de De Narváez, la UCR de Morales y la Coalición Cívica de Carrió, hablan de libertad de expresión para en realidad defender el “derecho de propiedad” de los monopolios hoy dominantes, con el Grupo Clarín a la cabeza. Por eso en el debate del Senado buscaron darles “seguridad jurídica” para los multimedios privados, tratando de ampliar el plazo de un año para vender (art. 161).
La ley ni siquiera ha incluido a sectores de medios populares que originalmente respaldaron el proyecto. Es el caso de la Red Nacional de Medios Alternativos, que el miércoles 23 de septiembre realizó una protesta ante el Congreso con cinco transmisiones en simultáneo de radio y TV. Allí denunciaron: “No estamos en la ley pero existimos… la ley no contempla mecanismos diferenciados y específicos para el acceso a licencias, como tampoco la reserva específica del espectro para medios comunitarios. Con una ley que no nos ampara, estamos condenados a seguir siendo víctimas de los vaivenes de la autoridad de turno”.

Más allá de que los K se hayan visto obligados por ahora a dejar a las empresas telefónicas afuera del millonario negocio del cable, con la nueva ley el sector privado seguirá siendo dominante en la comunicación audiovisual.
Además el gobierno de turno podrá interpretar, decidir y controlar toda la aplicación de la ley, para beneficio de sus socios capitalistas, de sus ONG amigas y de su propio interés político. No es ésta, ni de lejos, la nueva ley de medios que necesitamos.

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Así funcionan los medios K…

El domingo 4 de octubre, Mercedes Sosa fue velada en el Congreso. Cuando fueron Néstor Kirchner y Cristina, el Canal 7 los transmitió todo el tiempo. Por eso se postergó media hora el inicio del partido entre Lanús y Godoy Cruz, con la lógica bronca del público. Según el árbitro, la demora se debió a “problemas con la televisación”… Del “fútbol para todos” pasamos así a una nueva muestra de utilización mediática y política, esta vez en ocasión de la muerte de una artista tan reconocida por el pueblo argentino.


Peor fue lo de Terrabusi. Cuando el viernes 25 de setiembre la represión ordenada por el gobierno desalojó violentamente a las obreras y obreros de la planta usando policías, tropas especiales, caballos, perros, gases, palazos y balas de goma, provocando decenas de heridos y detenidos, el único canal de TV que no transmitió esas imágenes que sacudieron al país fue precisamente el 7. A esa hora, el canal oficial pasaba dibujitos animados…
Utilización política. Ocultamiento de la realidad. Así funcionan hoy los medios de difusión oficiales, mientras el gobierno K nos habla día y noche como defensor de la “libertad de expresión”. Si ahora actúan así, ¿te imaginás lo que harán una vez que tengan en vigencia la nueva ley?
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Derogar la ley de la dictadura
 
No se puede reducir el debate a “ley de la dictadura o esta ley kirchnerista”, como si fuera la única posibilidad. No podemos olvidar que la situación actual no es solo a causa de la vieja ley, ya que pasaron distintos gobiernos del PJ y la UCR, y todos la mantuvieron. Y peor aún: le hicieron reformas que permitieron el traspaso del poder informativo de manos de las Fuerzas Armadas a las de los monopolios privados.
El propio Kirchner, que ahora habla contra el monopolio del grupo Clarín, es uno de los responsables de su poder actual. En una negociación previa a las elecciones de 2007, a cambio de bajar el tono de las críticas, le otorgó la extensión de las licencias, permitió la fusión de Cablevisión y Multicanal para que Clarín se hiciera con el monopolio de la TV por cable. Al mismo tiempo, alentó el crecimiento de grandes “empresas amigas” como la de Hadad, premiado con radios y nuevas licencias. Los empresarios amigos del kirchnerismo también compraron Radio del Plata y echaron al periodista crítico Nelson Castro.
Si esa vieja ley sigue en pie es porque desde 1983 el PJ y la UCR no la derogaron. Es más: la ley original prohibía que un medio gráfico pudiese entrar a la radiodifusión y que un mismo propietario tuviese más de tres licencias. Con la Ley de Reforma del Estado, Menem eliminó esas trabas y permitió la creación de los grupos Clarín y Telefé. Con la reforma de la Constitución en 1994 entró en vigencia un tratado “recíproco” con EE.UU. que legalizó el ingreso del capital extranjero. El Decreto 1005/99 de Menem amplió esa extranjerización y elevó el tope de licencias a 24, como rige hasta hoy. Néstor Kirchner no sólo no derogó ese decreto de Menem, sino que con su Decreto 527/05 prorrogó por 10 años todas las licencias de los mismos grandes grupos que hoy critica. Y en diciembre de 2007, ya bajo mandato de Cristina, se autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal con la cual el multimedios Clarín monopolizó casi el 50% del cable… ¡Y ahora los K se hacen los “paladines de la democracia” cuando son ellos, junto a todo el PJ y la UCR, los que mantuvieron y reformaron para peor la ley de la dictadura y favorecieron la concentración! 
Todas muestras de un evidente doble discurso K. Hay puntos generales en ese sentido, y también ambigüedades y artículos opuestos que -como siempre- serán utilizados por las grandes empresas. Se habla contra el grupo Clarín, pero negocian la llegada al mundo de la TV de monopolios de las comunicaciones como Telefónica. Incluso los costos de pasar a la digitalización necesaria, va a encontrar en condiciones muy desiguales a las grandes empresas en comparación con los medios alternativos, sociales o populares.

La Ley 22.285, sancionada en 1980 por la última dictadura militar, debe ser derogada. Pero rechazamos el chantaje político que hacen los K para tratar de imponer la falsa disyuntiva “nosotros o la dictadura”.

Como millones de personas, los socialistas del MST estamos a favor de derogar la vieja ley y democratizar de verdad la información. Ahora bien: ¿el proyecto K apunta a eso o no? ¿Es un buen proyecto, y a lo sumo habría que corregirle algunas cuestiones secundarias? ¿O es malo y tramposo? ¿Cuál sería entonces la alternativa que garantice una plena libertad de expresión?
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Pauta oficial y papel: de eso no se habla

http://www.mst.org.ar/periodicos/as506sep09/central.htm
El proyecto K omite dos temas vitales. Uno es el de la pauta oficial, el reparto de la publicidad estatal entre los distintos medios. En 2008 el gobierno nacional gastó 435 millones en este rubro, lo que muestra la enorme capacidad de presión política que implica distribuir a gusto semejantes cifras según el medio sea amigo o enemigo. En esto los K también contradicen los “21 puntos”, cuyo punto 3 reclamaba “prohibir la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas”.
El segundo tema ineludible, si es cierto que se quiere impedir los monopolios mediáticos, es el del papel y la gráfica en general. El proyecto K ni lo menciona. Pero una democratización real de la comunicación y la información requeriría revertir el monopolio de la producción y comercio de papel, y que el Estado les facilite a las organizaciones populares la provisión de papel, la impresión y el transporte de sus publicaciones.
En otros puntos, el proyecto K tampoco es progresivo como lo quieren pintar. Sobre la cuota de pantalla de cine nacional, para la TV abierta o por cable el art. 59 propone emitir 6 películas argentinas al año. O sea, apenas una cada dos meses. En Francia, por ejemplo, la ley ordena que sea nacional el 40% de las películas emitidas, lo que significa mucho más. En cuanto a los plazos de las licencias, se plantea que sean por 10 años, con una posible prórroga por otros 10. En cambio en EE.UU. se conceden por 8 años y en Canadá por 7. Y sobre la cantidad de licencias, el proyecto K dispone reducirlas de 24 a 10 por propietario. La Red Nacional de Medios Alternativos propone que no sean más de 4. Y la ley original de 1980 establecía 3…
…………………..El verso de los tres tercios.Se oculta con la propuesta de otorgar un 33% de licencias para el Estado, otro para empresas privadas con fines de lucro y otro para entidades sin fines de lucro, se simula así una igualdad de oportunidades que no es tal, mientras no se deroga el Decreto 527/05 de Kirchner que le entregó licencias de explotación a monopolios. Otro eje publicitario es que se “escuchen todas las voces”. Pero no muchas serán escuchadas. Las empresas privadas tienen un 33%, y seguramente los de más alcance y masividad. El Estado tiene otro 33%, pero bajo dirección del gobierno y sin control ni participación popular. Para las “entidades sin fines de lucro” queda el 33% restante. ¿Para quienes será? Una mirada superficial diría que son las radios comunitarias, cooperativas, barriales, sociales o de los pueblos del interior. No es así. Sin fines de lucro comprende a la Iglesia, a fundaciones de todo tipo incluida la Fundación Ford, y a la CGT.
Es decir, solo una parte de ese 33% será utilizado por medios comunitarios, alternativos o ligados a la vida cotidiana de barrios y pueblos. Y a la Iglesia, encima, la eximen de cumplir obligaciones culturales y educativas en su programación. Para los trabajadores, posibilitar que la CGT tenga emisoras no es sinónimo de que serán escuchadas sus voces. Es correcto que una central sindical tenga estos espacios, pero en los hechos hoy significa dárselos a un aparato sindical kirchnerista alejado de las bases. ¿Serán escuchados los trabajadores del subte que enfrentan a la burocracia de la UTA? ¿Y los miles de trabajadores suspendidos y despedidos? Evidentemente, no. Sin un proyecto que realmente garantice a los sindicatos de base y cuerpos de delegados el acceso a licencias y frecuencias, millones de trabajadores no podrán hacer oír su voz.
Rechazamos la posición del PRO-UCR-Coalición, que apoyan el modelo actual y critican al gobierno en defensa de los grandes grupos económicos.
Otro eje de la propaganda K es que su ley repartiría el espacio en tres partes iguales entre el Estado, las organizaciones sin fines de lucro y el sector privado. Es un verso total. El art. 80 inc. f, solamente reserva “el 33% de las localizaciones radioeléctricas… para personas de existencia ideal sin fines de lucro (cultos religiosos, sociedades de fomento, mutuales, asociaciones civiles, sindicatos y otros participantes de la vida cultural argentina)”.
Pero sería una quimera creer que esa “reserva” será igual para todos. Entre las entidades sin fines de lucro hay una cantidad de fundaciones y ONGs ligadas a las grandes empresas multinacionales y nacionales. A su vez el art. 31 le reserva un espacio especial a la Iglesia Católica, no a las comunidades de base ni a los curas de las villas. Y cuando se habla de sindicatos, ya sabemos que seguro habrá frecuencias para la burocracia de la CGT y los gremialistas amigos del poder, pero no para los sectores de oposición, como el nuevo sindicato del subte -al que ni la personería gremial le quieren reconocer- ni para las comisiones internas combativas.
Para el Estado nacional, el proyecto reserva “las frecuencias necesarias para Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y sus repetidoras” (o sea Canal 7 y Radio Nacional) y también para las provincias, municipios, universidades nacionales y pueblos originarios. Pero no se sabe si esto suma o no otro 33%.
Y para el sector privado, los límites que fija el proyecto son en cuanto al máximo de licencias por propietario (10) o que quien tenga un canal abierto de TV no podrá ser operador de cable. Pero tampoco dice nada de ponerles como tope el 33% del total de frecuencias. En conclusión, los famosos “tres tercios” quedan en una nebulosa para nada inocente.
Estos puntos oscuros tienen relación directa con quién es la autoridad de aplicación. Según el art. 14 tendrá 5 miembros: 3 por el Poder Ejecutivo y 2 por la oposición. Con esa mayoría, el gobierno de turno podrá decidir todo sobre la aplicación, la interpretación y el control de la ley. Y el art. 80 indica que “la Autoridad de Aplicación podrá disponer de las reservas para su adjudicación a otros interesados por motivos de mejor administración del espectro”…
A esto se suma la cuestión clave de la digitalización, paso obligado del viejo sistema analógico al digital. Como tiene un costo altísimo, sólo podrán modernizar su tecnología las grandes empresas.
Entonces imaginate: si la autoridad es el gobierno; si además puede adjudicar frecuencias a “otros interesados”; si entre las entidades prevalecen la Iglesia, la CGT y las fundaciones; si no se sabe qué porcentaje real tienen el Estado y los privados; si dejan entrar a los pulpos telefónicos; y si encima sólo las grandes empresas pueden digitalizar, queda claro que con la ley K el sector privado seguirá siendo dominante, y los medios comunitarios y las organizaciones sociales quedarán relegados.
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Trotsky y la libertad de prensa
21 de agosto de 1938

«Las verdaderas tareas del estado obrero residen no en poner una mordaza policíaca sobre la opinión pública, sino más bien en liberarla del yugo del capital. Esto sólo puede hacerse colocando los medios de producción, incluida la producción de la información pública, en las manos de toda la sociedad. Una vez que se ha dado este paso socialista fundamental, todas las corrientes de la opinión pública que no han tomado las armas contra la democracia obrera deben tener la oportunidad de expresarse libremente. El deber del estado obrero es hacer accesibles a ellos, en proporción a su número, todos los medios técnicos que requieran, como prensas, papel y transporte. Una de las principales causas de la degeneración del aparato de estado es la monopolización de la prensa por parte de la burocracia, que amenaza con reducir todas las conquistas de la Revolución de Octubre a la ruina total«.

El debate sigue en todo el país pese a la aprobación en el Senado del proyecto, que comienza el camino hacia su aplicación.

Qué sigue para la Ley de Medios (Foto: Télam)

3 comentarios en “Ley de medios K… ¿y ahora?

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