Ley de Medios: las apariencias enganñan

 
Por Sergio García, dirigente del MST y ex candidato a legislador porteño
 
El gobierno nacional hace campaña por su anteproyecto de ley. Aunque la ley vigente debe derogarse, tenemos una visión crítica del anteproyecto y opuesta a la de la oposición PRO-UCR-Coalición y de otros que en nombre de la “libertad de prensa”… defienden a las grandes empresas. Por la libertad de expresión e información planteamos algunas propuestas alternativas.
 
 
Si hay una necesidad evidente, es terminar de una vez por todas con la vieja Ley 22.285, sancionada en 1980 por la dictadura. En ese sentido, compartimos la esperanza de periodistas, intelectuales, artistas y trabajadores de los medios y del mundo de la cultura, que ven la posibilidad concreta de acabar con la vieja ley. Al mismo tiempo, creemos que no se puede reducir el debate a “ley de la dictadura o este anteproyecto”, como si fuera la única posibilidad. No podemos olvidar que la situación actual no es solo a causa de la vieja ley, ya que pasaron distintos gobiernos del PJ y la UCR, y todos la mantuvieron. Y peor aún: le hicieron reformas que permitieron el traspaso del poder informativo de manos de las Fuerzas Armadas a las de los monopolios privados. Hay también una responsabilidad política.
El propio Kirchner, que ahora habla contra el monopolio del grupo Clarín, es uno de los responsables de su poder actual. En una negociación previa a las elecciones de 2007, a cambio de bajar el tono de las críticas, le otorgó la extensión de las licencias que hoy critica. Y permitió también la fusión de Cablevisión y Multicanal para que Clarín se hiciera con el monopolio de la TV por cable. Al mismo tiempo, alentó el crecimiento de grandes “empresas amigas” como la Hadad, premiado con radios y nuevas licencias. Los empresarios amigos del kirchnerismo también compraron Radio del Plata y echaron al periodista crítico Nelson Castro. Todas muestras de un evidente doble discurso K.

Con cambios, el poder siempre para las grandes empresas

Una bandera del discurso oficial es terminar con los monopolios y democratizar la información. El anteproyecto no lo garantiza. Hay puntos generales en ese sentido, y también ambigüedades y artículos opuestos que -como siempre- serán utilizados por las grandes empresas. Se habla contra el grupo Clarín, pero negocian la llegada al mundo de la TV de monopolios de las comunicaciones como Telefónica. Que busca ingresar al triple play -comercializar a la vez telefonía, internet y cable- con lo cual harán ganancias millonarias. Incluso los costos de pasar a la digitalización necesaria, va a encontrar en condiciones muy desiguales a las grandes empresas en comparación con los medios alternativos, sociales o populares. También se deja abierta la puerta al control de las grandes empresas en otro punto: la extensión de licencias -que hoy dura 15 años- se reduce solo a 10, se pueden prorrogar y cada empresa comercial podrá obtener hasta 10 licencias. No es difícil adivinar quiénes lo harán. A su vez se permite que la multiplicidad de licencias llegue a cubrir hasta el 35% de los habitantes. O sea: dos grandes empresas podrían ocupar el 70% o tres la totalidad de frecuencias y señales de peso, mientras otros solamente tendrán señales o frecuencias de menor alcance.
Esto se oculta con la propuesta de otorgar un 33% de licencias para el Estado, otro para empresas privadas con fines de lucro y otro para entidades sin fines de lucro. Se simula así una igualdad de oportunidades que no es tal, mientras no se deroga el Decreto 527/05 de Kirchner que le entregó licencias de explotación a monopolios. Además, la capacidad financiera y técnica para acceder a pliegos de licitación es muy superior en las grandes empresas, comparado con los medios alternativos o cooperativas. Sobre el 33% para “entidades sin fines de lucro”, el artículo 41 dice: “habrá adjudicaciones para emisoras de baja potencia… con carácter de excepción”. O sea: a unas pocas. Y además, el art. 77 peligrosamente afirma: “La Autoridad de Aplicación pertinente podrá disponer de las reservas para su adjudicación a otros interesados por motivos de mejor administración del espectro”. Si en esencia, el control de los medios masivos sigue en pocas y privadas manos y bajo un Órgano Colegiado de Dirección comandado por los K, no se termina el poder de las grandes empresas y el gobierno sobre la información. Menos aún si tomamos en cuenta que en el 2008 este gobierno aumentó su presupuesto para pautas publicitarias de 46 a 435 millones, con la consiguiente presión política que semejante cifra ejerce sobre los medios.

¿Todas las voces?

Otro eje publicitario es que se “escuchen todas las voces”. Pero no muchas serán escuchadas. Las empresas privadas tienen un 33%, y seguramente los de más alcance y masividad. El Estado tiene otro 33%, pero bajo dirección del gobierno y sin control ni participación popular. Para las “entidades sin fines de lucro” queda el 33% restante. ¿Para quienes será? Una mirada superficial diría que son las radios comunitarias, cooperativas, barriales, sociales o de los pueblos del interior. No es así. Sin fines de lucro comprende a la Iglesia, a fundaciones de todo tipo incluida la Fundación Ford, y a la CGT. Es decir, solo una parte de ese 33% será utilizado por medios comunitarios, alternativos o ligados a la vida cotidiana de barrios y pueblos. Y a la Iglesia, encima, la eximen de cumplir obligaciones culturales y educativas en su programación…
Para los trabajadores, posibilitar que la CGT tenga emisoras no es sinónimo de que serán escuchadas sus voces. Es correcto que una central sindical tenga estos espacios, pero en los hechos hoy significa dárselos a un aparato sindical kirchnerista alejado de las bases. ¿Serán escuchados los trabajadores del subte que enfrentan a la burocracia de la UTA? ¿Y los miles de trabajadores suspendidos y despedidos? Evidentemente, no. Sin un proyecto que realmente garantice a los sindicatos de base y cuerpos de delegados el acceso a licencias y frecuencias, millones de trabajadores no podrán hacer oír su voz.
Sobre el cine nacional y la cultura se supone que el proyecto los valoriza, con más espacio y oportunidades. Pero hay riesgos de maniobras y problemas de fondo. El art. 58, por ejemplo, habla de exigir una cuota de pantalla nacional. Pero la redacción dice “en beneficio de películas”, sin la palabra nacionales. No creemos en olvidos casuales. Por otro lado, al sector estatal se le exige un 20% para actividades culturales, educativas y de bien público. ¿Por qué no más? ¿Qué harán con el 80% restante? El art. 85, sobre los gravámenes, baja hasta un 3% los impuestos a las estaciones de alta y media frecuencia. De este modo el cine nacional, que a través del INCCA recibe un porcentaje de esa recaudación, va a recibir menos recursos. Porque además no se propone un aumento presupuestario para la cultura y el cine nacional.

Por otro modelo de comunicación, información y cultura

Rechazamos la posición del PRO-UCR-Coalición, que apoyan el modelo actual y critican al gobierno en defensa de los grandes grupos económicos. Tampoco creemos correcta la posición de Claudio Lozano, de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, que adelantó su voto favorable pese a denunciar que “la definición central respecto del espacio radioeléctrico llega a ponerlo a la derecha del que presentó De la Rúa en el 2001”. Como en otros temas, la centroizquierda no levanta un proyecto alternativo. Y mas allá de aspectos parciales correctos, como el hecho de permitir que los partidos de fútbol sean vistos por todos, no apoyamos el proyecto K porque no compartimos su esencia. Creemos necesario un cambio profundo.
Un proyecto verdaderamente democrático debería terminar con el poder de las grandes empresas. Y esto solo se puede lograr colocando la mayoría de los medios de gran alcance en manos del Estado, bajo un control de los trabajadores de los medios y la cultura y con su participación directa en la dirección y gestión. Tendría que contener además aumentos presupuestarios sustanciales, para créditos y subsidios que incentiven el desarrollo de miles de medios y emprendimientos independientes del gobierno y las empresas. Garantizar el paso a la digitalización, asumiendo los costos y readecuaciones técnicas, ya que de no ser así se vuelve dificultoso o inviable para muchos. Invertir recursos y un plan coherente para el desarrollo de la cultura y el cine nacional, a la altura de las necesidades socio-culturales del país, y sin listas negras contra los artistas críticos al gobierno. Y, si bien excede al debate de este proyecto, también modificar la cadena de producción y comercio de papel hoy monopólica, e invertir en imprentas de alta capacidad, bajo una planificación estatal, en favor de las publicaciones gremiales, estudiantiles, barriales y populares.
Mientras sean grandes empresas privadas y el gobierno quienes digiten los grandes medios y la comunicación, pocas voces serán escuchadas y no habrá una real libertad de expresión. Porque ellos son a la vez dueños, socios o aliados del capital industrial, comercial o financiero. Hace falta un proyecto que cambie esta situación, y que incluya una política comunicacional y cultural al servicio de las necesidades sociales. Donde los millones que hoy vemos y recibimos la información, la ideología y el modelo cultural que diseñan otros pasemos a ser los protagonistas.

2 comentarios en “Ley de Medios: las apariencias enganñan

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