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Llaman en Francia a una huelga general

La Nación
 
El gobierno de Chirac, en problemas: Villepin se negó a retirar su plan laboral

Los sindicatos y estudiantes decidieron aumentar la presión sobre el gobierno; el martes próximo será una jornada de marchas
 
 
PARIS.- Los sindicatos y las organizaciones estudiantiles redoblaron la apuesta ayer, después de que el gobierno francés ignoró el ultimátum para retirar el polémico plan de flexibilización laboral, y convocaron a una nueva jornada de protestas, paros y huelgas, que amenaza con paralizar a Francia el próximo martes.

La convocatoria tuvo lugar en momentos en que crece la tensión luego de que se diera a conocer ayer que un sindicalista que resultó herido en una manifestación del sábado en París podría convertirse en la primera víctima fatal de la ola de protestas.

Ante el rechazo del gobierno francés a dar marcha atrás con su controvertido contrato de primer empleo (CPE) -que permite el despido de los menores de 26 años sin aviso previo durante los dos primeros años-, las doce organizaciones sindicales y las agrupaciones de universitarios y de estudiantes secundarios que coordinaron la movilización del sábado decidieron por unanimidad convocar a una huelga general.

"Tras la formidable amplitud de la manifestación del sábado en la que 1,5 millones de personas salieron a las calles para exigir el retiro del CPE, y frente a la obstinación del gobierno, [las organizaciones sindicales y estudiantiles] convocan a amplificar la movilización", afirma el comunicado dado a conocer ayer. "Convocamos para el 28 de marzo a una jornada interprofesional de paros, huelgas y manifestaciones."

Horas antes de que se diera a conocer la convocatoria, el presidente Jacques Chirac había apelado al "espíritu de responsabilidad" de los agentes sociales y los estudiantes para "lanzarse a la vía de la eficacia y la sensatez".

"El desafío es abrir un diálogo constructivo que permita mejorar el CPE", pidió el mandatario francés.

En la misma línea, el primer ministro Dominique de Villepin -autor del cuestionado CPE-, se mostró dispuesto a "dialogar" y reconoció que su iniciativa es "mejorable", aunque insistió en que no dará marcha atrás en su plan de flexibilización laboral.

"Espero que pronto podamos encontrarnos todos juntos para avanzar y responder a las preocupaciones", afirmó Villepin, que intentó reunirse con los principales líderes estudiantiles pero sólo pudo hablar con algunas organizaciones menores.

"Nuestro preámbulo a toda negociación es antes que nada la retirada del CPE", dijo Bruno Julliard, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF).

En contra de la práctica habitual, Villepin no consultó a los sindicatos antes de introducir el proyecto de ley del CPE en la Asamblea Nacional y además recurrió a una cláusula especial en el procedimiento legislativo para tramitarlo sin debate parlamentario.

La ley aún no ha entrado en vigor, ya que el presidente de la República no la ha firmado. Sin embargo, una encuesta dada a conocer ayer indicó que el 60 por ciento de los votantes franceses desea el retiro de la ley.

Además, en este contexto de crisis, comienzan a salir a flote las divisiones internas en el gobierno francés. El ministro del Interior Nicolas Sarkozy cargó todas las responsabilidades sobre Villepin, su principal contrincante dentro de la derecha, en la carrera a las elecciones presidenciales de 2007. "[Retirar el CPE] es una decisión que depende exclusivamente del primer ministro", afirmó.

Por su parte, las organizaciones estudiantiles anunciaron nuevas protestas a nivel nacional para hoy y manifestaciones el próximo jueves en París.

En tanto, tras los enfrentamientos entre la policía y manifestantes que dejaron más de 50 heridos el sábado pasado, un sindicalista de la organización Sud-PTT (extrema izquierda) se encuentra internado en un hospital parisiense en coma y, según sus médicos, su estado es reservado.

El hombre, de 39 años, fue hospitalizado luego de ser herido en el rostro durante los disturbios con la policía y manifestantes en la Plaza de la Nación, ubicada en el este de París, según dijo la policía en un comunicado.

En Francia ya se habla del "síndrome Malik Oussekine", en referencia al joven asesinado en una ola de manifestaciones estudiantiles que tuvo lugar en 1986. Ese episodio le había costado su puesto a Alain Duvaquet, ministro de Educación de la época, y obligó a Chirac, primer ministro de aquel entonces, a retirar la reforma educacional que había provocado las protestas estudiantiles.

Agencias AP, AFP, EFE y Reuters

Las claves de la nueva ley

El plan laboral

El Contrato de Primer Empleo (CPE) permite a los empleadores despedir a los empleados menores de 26 años sin justificación durante los dos primeros años después de iniciado el contrato. Al cabo de esos 24 meses, los empleados que permanezcan en la empresa cambiarán a un contrato con mayor restricción para el despido.

El fin de la protección

El CPE eliminaría la protección al empleado que incluyen los actuales contratos conocidos como Contratos de Duración Indeterminada (CDI), que contemplan un período de prueba de seis meses, después del cual las empresas deben justificar detalladamente cualquier despido.

El problema del desempleo

El premier Dominique de Villepin elaboró el CPE con el objetivo de dinamizar el mercado laboral: en Francia, el desempleo afecta al 22,8% de los jóvenes.

El proyecto de ley

Contrariamente a las prácticas habituales en Francia, Villepin presentó el proyecto de ley del CPE en la Asamblea Nacional sin consultar a los sindicatos. Además, hizo uso del artículo 49-3, que le permite tramitar el proyecto sin debate parlamentario.

La decisión de Chirac

La ley que establece el CPE aún no entró en vigor porque el presidente Jacques Chirac no la ha promulgado y, en consecuencia, no fue publicada en el Boletín Oficial. Además, la oposición presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la legalidad del texto.

Las modificaciones

Si el gobierno francés opta por ceder parcialmente y efectúa alguna modificación al proyecto de ley, éste debería ser aprobado por el Parlamento, lo que le permitiría a la oposición debatir públicamente la polémica ley.

Por David Encina

Periodista

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Trabajador. Asesoría en comunicación social, comercial y política para el desarrollo de campañas. Análisis de servicios al cliente y al público. Aportes para la gestión de redes sociales con planificación estratégica.

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