MARCHA CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN, EL ESPIONAJE Y LA PERSECUCIÓN.

La  política de entrega y ajuste  provoca  la  reacción  de  los más  diversos sectores de nuestro pueblo, a la que  el  gobierno nacional y los gobiernos provinciales, de distinto signo político,  responden con asesinatos, tortura, criminalización  de  la  protesta, espionaje  e  infiltración.

Las  luchas  por  tierra y vivienda, por trabajo,  por  salarios dignos, contra la  tercerización, por  los  derechos de los  pueblos  originarios,  contra la  devastación  de  nuestros   recursos naturales, contra  la  megaminería, en  defensa de los  derechos  a la salud y la  educación, contra  esta política a favor  de los arriba, encuentra cada  vez más,  una respuesta  represiva.

A 2  meses del  24 de  marzo,  se han sumado numerosas situaciones  represivas que hoy  denunciamos:

En Formosa,  una patota que responde al gobierno  de  Insfrán y sus socios, golpeó  salvajemente   a los jóvenes  Carlos Sosa y  Abelardo  Díaz, hijo  de Félix  Díaz, cacique  de  la  comunidad Qom de La  Primavera. Los ataques  continuos  y sistemáticos  a  los  pueblos  originarios, especialmente de Formosa  y  Chaco,  pretenden  frenar su justo reclamo por la tierra y el  agua,  con el   objetivo de  ampliar  la  frontera sojera.

En la  misma  semana en que se  produjo este feroz ataque, fue encontrado  muerto  en un basural ilegal denunciado repetidas veces por los habitantes del lugar, un niño de  6  años, Carlos Galván, miembro de la comunidad QOM de Castelli. Denunciamos esta muerte como producto de la voracidad empresarial amparada por el gobierno de Capitanich. Hace poco días falleció, por no recibir atención médica, Delina Diaz que por años estuvo postrada en una cama, sin recibir atención médica, pues el hospital de la zona no se encargaba ni de sus estudios médicos, ni de proveerle la medicación necesaria.

Vemos  día  a  día,  cómo se  multiplican los ataques  a los  pueblos originarios,  muchos de ellos disfrazados de accidentes, que  hasta hoy  han dejado un saldo  impactante  de  muertos  y heridos. Exigimos  la  inmediata investigación  de  todos  los  crímenes   y el  castigo  de  los responsables políticos y  materiales y revindicamos  el  derecho de  nuestros hermanos  originarios  a  sus  tierras ancestrales.

La  brutalidad de Macri no puede  hacernos  olvidar  el origen   del conflicto:  el pacto entre  el macrismo y el  kirchnerismo por  el negocio inmobiliario en la  ciudad  de  Buenos Aires.

En el barrio porteño de Pompeya, los trabajadores de Lanci Impresores SRL, que tomaron la empresa en defensa de su fuente laboral, fueron desalojados con gases lacrimógenos por la policía metropolitana, siguiendo órdenes de una jueza contravencional. Este hecho se suma a la acción, por demás simbólica, de reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos, la noche del 24 de marzo, la Sala Alberdi.

En Famatina,  fue reprimida  violentamente  una  manifestación popular   contra los  proyectos de  megaminería  del  gobernador Beder Herrera, dejando un  saldo  de  16 heridos  y 5  detenidos, que  posteriormente  fueron liberados

En La  Plata  el gobierno  de Scioli  detuvo por su actividad  gremial  a 5 delegados de la Junta  Interna de  ATE Educación. El procedimiento de  detención fue  una emboscada. Los detuvieron  cuando concurrían  a una  reunión  citada  precisamente  por  las  autoridades. Los compañeros fueron liberados gracias a una importante movilización popular y un paro provincial, pero continúan procesados por la figura de coacción agravada.

En el  caso  de  uno  de  ellos, Marcelo  Ardetti, hijo  de  un desaparecido, personal  de  civil  lo  detuvo  en su trabajo, lo golpeó violentamente y lo  condujo  en un  auto sin identificación  a la  Dirección  de Investigaciones.

En Pacheco, en el conurbano bonaerense, la gendarmería nacional impidió por la fuerza una protesta de los trabajadores de la empresa multinacional autopartista LEAR que protestaban en Panamericana y Ruta 197 por despidos y reclamaban mejoras en las condiciones laborales.

En Santa  Cruz  fueron reprimidos  los  trabajadores estatales  movilizados   para  exigir  paritarias, con un saldo de 25 heridos. En la  misma  provincia   van a  juicio oral   6 trabajadores petroleros  de Las Heras, que ya estuvieron presos  durante 3  años, con posterioridad a una  pueblada en la que  murió un policía.  Frente  a la amenaza de graves condenas, exigimos  su  inmediata  absolución.

En   Chaco,  la  lucha de  docentes  y padres ha sido  fuertemente  reprimida. Primero  en un corte  de  ruta y luego , en la Cámara  de  Diputados , cuando se  hacía  una  interpelación  al  ministro  de educación  de  la  provincia. A raíz de  estos hechos  se abrieron  denuncias  penales  contra  dirigentes  sindicales  y  de movimientos  sociales. En Castelli  fueron reprimidos  padres y docentes que luchan  en  defensa  de  la  educación  y fueron detenidos   2  dirigentes  del  Sindicato  de  trabajadores de la  Educación  del  Chaco y dos padres, que  gracias  a la movilización popular  fueron liberados  5  días   después.

En Jujuy,  cientos de jóvenes son perseguidos por la policía provincial de Eduardo Felner.  Ha  habido  casos de jóvenes baleados, torturados y hasta asesinados. La situación es muy grave tanto por el grado de impunidad con el que actúan las fuerzas de seguridad como por la persecución que sufren los familiares y compañeros que denuncian esta situación. Las denuncias hechas ante el gobierno nacional son absolutamente ignoradas.

En  Córdoba, los movimientos  que han ocupado tierras fiscales en Cuesta Blanca y otros lugares de la provincia sufren diariamente la persecución y la represión del gobierno de De la Sota. En las últimas semanas fueron detenidos en distintas situaciones, sin orden judicial,  31 compañeros que recuperaron su libertad a los tres días. Tanto los ocupantes de las tierras como sus abogados son constantemente hostigados por las fuerzas de seguridad. El gobierno provincial intenta acusar a los ocupantes de las tierras y a sus abogados de asociación ilícita. Las organizaciones del Encuentro hemos firmado un Amicus Curiae para presentar ante el tribunal de Córdoba en apoyo a los compañeros. Otra vez, en este caso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación descartó cualquier posibilidad de intervención, escudándose en  el argumento de la autonomía provincial.

También denunciamos  y  volvemos a  exigir   la  libertad de  los  presos  de  Corral  de Bustos, detenidos  hace  ya  2  años  con posterioridad a  una  pueblada.

En  la  provincia de  Neuquén ,  el asesino de Carlos Fuentealba,  Poblete, se pasea libremente por las calles,  mientras en las comisarias se  tortura a los detenidos y se ha reprimido violentamente a los presos de la Unidad 11 con un saldo de 13 heridos.

En Empalme  Granero, en  Rosario, el  gobierno  de  Bonfati,  reprimió  a familias  Qom que  se  habían instalado en un predio abandonado. Se utilizaron balas  de  plomo y hubo, al menos, dos  heridos  de  consideración.

En los  primeros días de mayo, denunciamos que durante diez años el gobierno mantuvo un espía de la Policía Federal infiltrado en un medio alternativo, la Agencia Rodolfo Walsh. Se trata de Américo Balbuena, jefe de la sección Reunión-División Análisis de la Federal, que cumplía funciones en la Policía desde la dictadura militar y que en la Agencia Walsh fue responsable de la agenda de actividades políticas, lo que le permitió tener el mapa de los movimientos sociales y políticos, teniendo acceso a decenas de organizaciones populares durante toda la década kirchnerista.

Realizamos  esta  denuncia  al mismo  tiempo que el gobierno nacional, entre  bombos  y platillos,  culminaba  y propagandizaba  un Encuentro Contra la Violencia Institucional

Este descubrimiento de los compañeros de la Walsh y la denuncia hecha en 2011 sobre el Proyecto X de infiltración de Gendarmería son una clara muestra de que todas las fuerzas represivas y organismos de “seguridad” federales, provinciales y municipales tienen aceitados sistemas de espionaje ilegal, utilizados para perseguir y criminalizar a las organizaciones gremiales, políticas y sociales.

¡Exigimos  el  desmantelamiento de aparato  de espionaje  interno y la      apertura de las  listas  de  personal  de  fuerzas de seguridad infiltrado!

La   criminalización  de  la  pobreza se ha  transformado en moneda  corriente. A los  casos  de  gatillo  fácil , más de 2.200 en toda la década kirchnerista,  se  suman  las  torturas y muertes  en las cárceles. La famosa frase pronunciada, tanto por los grupos opositores de derecha como por funcionarios del gobierno nacional, que dice que “los   presos  entran  por  una  puerta  y salen por  otra”  queda completamente desmentida por la realidad: 22.000 presos poblaban las cárceles en el año 2002 y hoy son aproximadamente 65.000. Las cárceles y sitios de encierro en la Argentina son, salvo escasas excepciones, verdaderos depósitos de pobres donde la violencia resulta ser el  principal organizador de la vida intramuros. Los  presos  y presas deben soportar, cada día,  tratos y   requisas  humillantes, alimentación  deficitaria y falta de   medicamentos. Tras los muros y las rejas quienes se declaran empeñados en la defensa de los Derechos Humanos, se especializan en violarlos sistemáticamente, de lunes a lunes sin descanso.

Desde el Encuentro Memoria Verdad y justicia hemos señalado, en todos estos años , que el poder judicial es un brazo al servicio de la política de criminalización de la protesta y la impunidad de los represores.

Hoy denunciamos también, que la llamada reforma judicial, aprobada por el mismo oficialismo que aprobó la Ley antiterrorista, constituye un ataque a los trabajadores y los derechos del pueblo.

Defendamos de manera incondicional las más amplias libertades democráticas de expresión, de prensa, de imprenta, de acceso a la información y de ejercicio de la actividad periodística en todo el territorio nacional. Denunciamos la concentración de medios, el acallamiento de voces críticas y la vulneración de los derechos de los trabajadores de prensa por parte del gobierno nacional. Asimismo, el DNU de Macri restringe la libertad de expresión y avasalla el derecho constitucional a huelga.

Todos  los  hechos de represión que hemos denunciado no se  pueden concebir aisladamente, ni como  voluntad  exclusiva de  los  gobernadores.  Son producto  de  una  política  que tiene  en el  gobierno  central  su más  importante  responsable. No  sólo  es  promotor y cómplice, sino que  despliega  una  propaganda   que  combina  el  ocultamiento  con la hipocresía. Utiliza la  historia  de  la  resistencia antidictatorial  para  minimizar los  crímenes  y violaciones  de  los derechos  humanos  del  presente.

Esto no exime de la más mínima responsabilidad a la mano dura y la represión con la que los gobernadores provinciales responden a la lucha de nuestro pueblo.

Exigimos:

¡Basta  de asesinatos, represión y  persecución  a  los  luchadores populares!

¡Basta de criminalización  de   la  protesta  y la  pobreza!

 ¡Basta  de espionaje  e  infiltración   al   movimiento  popular!