- En 2004 se extendió por dos años a la espera del Digesto Jurídico
- Esa tarea no finalizaría antes de dos años
- Por eso, todo indica que habrá una tercera prórroga
- Por eso, todo indica que habrá una tercera prórroga
Se trata de todas las normas emitidas desde el nacimiento de la República que fueron sancionadas en virtud de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. La Constitución nacional reformada en 1994 prohibió taxativamente ese tipo de práctica -a pesar de lo cual se sigue realizando- y en su cláusula transitoria octava estableció que todo ese edificio jurídico debía ser ratificado por el Congreso nacional.
Si bien el tiempo que media hasta la fecha límite es amplio -algo más de cuatro meses-, la situación se torna desesperante si se toma en cuenta que la tarea debió haber estado concluida en agosto de 1999. Desde aquella fecha la vigencia de todo ese paquete normativo fue extendida en masa en dos oportunidades: la primera por cinco años y una segunda, en 2004, por dos años.
Pero desde esa última prórroga el Congreso no ha realizado ni una sola acción para revisar toda esa legislación, y todo indica que deberá aprobar una tercera prórroga.
En juego hay un número indefinido de leyes de las que no se sabe cuántas están vigentes. Ese es el trabajo que debió realizar el Congreso antes de 1999.
Como hasta ahora nada se hizo al respecto, se hace necesario prorrogarlas, nuevamente en masa, para evitar el derrumbe de ese edificio jurídico que tendría consecuencias incalculables, según lo manifestó el jurista Ricardo Gil Lavedra.
"Si bien no se sabe cuántas leyes hay en juego, el efecto de la pérdida de su vigencia en masa se supone que será pernicioso", dijo a LA NACION el ex ministro de Justicia.
El último dato certero sobre el número de leyes dictadas en virtud de esta delegación de facultades data de 1998, cuando el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (IFEP) difundió un trabajo sobre la materia en el que se sostuvo que había 1568 leyes y 330 decretos ley en esas condiciones.
Consultado por LA NACION, Rodolfo Terragno cuestionó la posibilidad de una nueva prórroga sin estudio de toda esa legislación. "Vamos a volver a la misma historia de 2004", afirmó el senador nacional, que también se quejó porque desde 2004 el Congreso "no ha hecho nada".
En aquella oportunidad, al fundamentar una nueva prórroga de la legislación delegada, la por entonces senadora por Santa Cruz Cristina Fernández de Kirchner supeditó el análisis detallado de esas normas a la conclusión del Digesto Jurídico Argentino, una obra monumental de revisión del edificio normativo argentino que determinará qué leyes seguirán en vigencia. De hecho, hasta el momento la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la primera dama, no tiene en su agenda ese tema (como se informa por separado).
La elaboración del Digesto fue encomendada por el gobierno de la Alianza a una comisión especial en 2000, que cumple sus labores en la órbita del Ministerio de Justicia y que preside el constitucionalista Daniel Sabsay.
Un largo trabajo
En diálogo con LA NACION desde Europa, donde se encuentra en viaje de trabajo, Sabsay dijo que par la finalización del Digesto "se necesitarán alrededor de dos años", ya que al estudio elaborado por la Universidad de Buenos Aires todavía debe comparárselo con el derecho histórico y el internacional.
Después, sólo vendrá el tiempo de redactar el correspondiente proyecto de ley, que, por último, deberá ser tratado por una comisión especial parlamentaria. Sin embargo, el constitucionalista fue terminante al afirmar que "el trabajo de revisión [de la legislación delegada] debió ser encarado por el Congreso independientemente de la labor del Digesto".
"Ya han pasado doce años y nada se ha hecho al respecto. No existe justificación para que el Congreso no haya cumplido la exigencia constitucional luego de transcurrido tanto tiempo", sentenció.
En el mismo sentido se expresó el senador socialista Rubén Giustiniani, que consideró que la falta de avances en la revisión de la legislación delegada "habla del deterioro institucional" del país y del "poco apego al rol del Congreso" del Gobierno.
En 2004, Terragno y Giustiniani fueron los únicos senadores que votaron en contra de la prórroga en masa de las leyes en cuestión.
El ex jefe de Gabinete de la Alianza dijo a LA NACION que no está dispuesto a que eso vuelva a ocurrir y prometió consensuar con el bloque radical de la Cámara alta alguna acción que "permita terminar con el consentimiento a la delegación de facultades" que, desde 1994, está expresamente prohibida por el artículo 76 de la Constitución nacional.
Por Gustavo Ybarra
De la Redacción de LA NACION
Qué es la legislación delegada
- Por legislación delegada se conoce a un grupo de leyes que fueron sancionadas por el Parlamento y que dejaron en manos del Poder Ejecutivo la facultad de dictar normas cuyo contenido excedía la mera reglamentación ejecutiva. Esa situación quedó prohibida de manera expresa en el artículo 76 de la Constitución reformada en 1994. Fue una de las condiciones que puso Raúl Alfonsín para firmar con Carlos Menem el Pacto de Olivos. Por eso, para mantener su vigencia, toda esa legislación debía ser ratificada de manera expresa. El Congreso no sólo no lo hizo, sino que aún delega facultades.
Bajo amenaza
DGI
- La organización del organismo recaudador de impuestos -hoy AFIP- fue sancionada en virtud de facultades delegadas. Si no es prorrogada su vigencia, sus acciones podrían ser objetadas ante la Justicia.
Justicia militar
- El Código de Justicia Militar se encuentra en las mismas condiciones. El Gobierno quiere modificarlo por ley; mientras tanto el vigente fue sancionado por el Poder Ejecutivo en uso de facultades legislativas.
Estatuto Docente
- La ley que rige la actividad de los maestros quedaría sin efecto si no lo ratifica el Congreso.
Privatizaciones
- Todas las concesiones de servicios públicos ordenadas en el gobierno de Carlos Menem también están comprendidas en esta situación.
