IRRESPONSABLES.

Los integrantes del colectivo Plataforma 2012 repudiamos la ley de limitación de la responsabilidad del Estado frente a las demandas que pudieran presentar los particulares, que el oficialismo y sus aliados aprobaran de forma definitiva el pasado 2 de julio en el Senado Nacional.

La inconstitucionalidad de esta ley es manifiesta: se ha establecido una nueva clase con privilegios, violando la igualdad ante la ley al restringir irracionalmente la responsabilidad del Estado y sus funcionarios/as por los daños que sus conductas y omisiones pudieran causar a un particular

La ley transfiere las demandas contra el Estado de la justicia civil al ámbito más amigable de los tribunales administrativos; impide que la justicia establezca multas directas contra los funcionarios/as del Estado que no respondan a las obligaciones que se le impongan (multas como las que la justicia ha establecido en la causa de la contaminación del Riachuelo, frente a los funcionarios que incumplen con sus obligaciones de garantizar el saneamiento de la cuenca); considera que la responsabilidad del Estado por actividades legítimas es “de carácter excepcional”, que “en ningún caso procede la reparación del lucro cesante”, y que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos”. Esto significa, por ejemplo, que si por insolvencia, la empresa concesionaria no invierte en frenos para el transporte público, y por dicha razón se produce un accidente, el Estado –frente a un concesionario que no cuenta con recursos para pagar por los daños causados por su culpa- no asumirá ninguna responsabilidad por lo ocurrido.

Repudiamos el dictado de una ley que va en dirección contraria a la exigida por la responsabilidad histórica del Estado; que viene a garantizar impunidad cuando lo que se requiere es asumir mayor compromiso estatal; que fue sancionada sin discusión técnica a pesar de la complejidad del tema, y de los reclamos recibidos al respecto, aún de parte de los legisladores; y que fue sustraída del debate y la atención pública, por las condiciones en las que se la aprobó.

Para medir la dignidad o estatura moral de un gobierno, es esencial prestar atención al modo en que el mismo responde a los mayores dramas que enfrenta, ya sea un atentado, una catástrofe natural, un intento de ruptura democrática, o una tragedia como la que ocurriera en Once. Ésta es, finalmente, la respuesta más importante que ha dado el gobierno frente a lo ocurrido: limitar aún más su propia responsabilidad y la de los funcionarios oficiales, haciendo más difícil para la ciudadanía reclamar y obtener justicia frente a hechos respecto de los cuales el Estado es principal responsable.

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