Desde Plataforma 2012 estamos convencidos de que existen las bases sociales necesarias para forjar un acuerdo amplísimo en favor de una reforma judicial: una reforma que comprenda a la justicia en sus bases, en sus estructuras, en su sustancia y en su forma. Sin embargo, la reforma judicial que busca imponer el gobierno presenta graves defectos tanto de fondo o sustancia, como de forma. Entre sus defectos de fondo se destaca que dicha reforma contradice los intereses de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Entre sus defectos de forma, tal como está planteada, la reforma representa un agravio en términos de procedimiento democrático.

El sentido común exige que una reforma significativa de las reglas que ordenan la vida pública sea debatida y acordada por el mayor número posible de personas, y no por una elite o un sector político, con desconocimiento o desprecio de lo que piense el resto. Por si la invocación al sentido común no bastara, podría agregarse que nuestra Constitución exige exactamente lo mismo (arts. 78, 83, 100 inc. 9 o 106): en el Congreso, las leyes deben ser el resultado de la discusión y el acuerdo de los distintos grupos, previo a cualquier votación. Una mera parodia de debate (a la que nos tiene habituados el gobierno actual, a través de situaciones en donde la oposición se queja y el oficialismo sólo espera su tiempo para imponer en la votación su voluntad, sin modificaciones), no representa sólo una falta de respeto a los que piensan diferente: representa una violación de la Constitución, que merece ser reconocida y sancionada como tal, esto es, con la declaración de inconstitucionalidad del acto.

Empecemos por lo que la reforma propone respecto de las medidas cautelares. Las cautelares nacieron para favorecer a los ciudadanos más débiles frente al poder estatal. Por esa razón las dictaduras fueron hostiles a ellas. Por eso Domingo Cavallo se sintió molesto con ellas. Por eso el macrismo tiene -e impulsa- un proyecto similar en la Legislatura porteña. Por eso, durante los `90 los sindicatos recurrieron habitualmente a ellas para frenar las políticas de flexibilidad laboral. Por eso, en la crisis de 2001-2002 los jubilados, los trabajadores y las clases medias en general, recurrieron también a ellas para evitar que el Estado les arrebatara sin justificación sus ahorros. Por eso, en la actualidad, las comunidades indígenas, las asambleas ciudadanas y las organizaciones sociales y ambientales recurren a ellas, para lograr frenar el despojo y destrucción de sus territorios, el peligro de la contaminación, así como para demandar el acceso a la vivienda, entre tantos otros Derechos Humanos vulnerados.

De ningún modo los abusos que algunos jueces pueden cometer con las cautelares (abusos como los que pueden cometer con cualquier instrumento que tienen a su alcance) puede llevarnos a justificar la virtual anulación de las mismas, que es lo que hoy se propone. No sólo porque ningún proceso puede resolverse en 6 meses (3 meses en los amparos) sino, además, por el hecho de imponer una caución real previa al dictado de la medida (sólo quienes tengan dinero podrán tutelar sus derechos) y el efecto suspensivo de la apelación por parte del Estado (es decir, que con sólo apelar se suspenden los efectos de la medida cautelar). Mucho peor que ello, el proyecto presentado por el gobierno alienta las cautelares que por otro lado combate, ya que el Estado podría utilizarlas contra los trabajadores en huelga o contra militantes en acción de protesta. Así sucede, conforme con lo establecido por el artículo 17 del proyecto, que ninguna lectura progresista de la reforma puede dejar de reconocer como inaceptable.¹

Sigamos entonces con otra de las reformas propuestas: la creación de más instancias. ¿Cuál es la justificación de las mismas, en términos democráticos y de justicia social? ¿Cuál es la justificación de las mismas, cuando lo que se logra no es lo que precisamente se invoca –combatir a la corporación judicial- sino aumentar su poder y su número? De este modo, la reforma burocratiza aún más e innecesariamente, en lugar de democratizar, como es debido, a la justicia.

Lo que está en juego resulta ser mucho más grave que lo sugerido: para las clases trabajadoras, para los jubilados, para los desprotegidos, esta medida no conlleva ningún beneficio. Por el contrario, implica graves perjuicios: los juicios prometen prolongarse, cuando ni los obreros ni los jubilados ni los miembros de una comunidad indígena están en condiciones de iniciar y mantenerse en litigio (cuando han conseguido iniciarlo) más que un breve tiempo. Cualquier promesa de tornar el proceso más largo lo único que hace es aumentar, proporcionalmente, el poder de extorsión de las clases dominantes que, por el contrario, sí puede soportar -cuando no alientan directamente- la extensión de plazos y la no finalización de juicios que puedan perjudicarlos. En esas condiciones, las clases dominantes pueden, simplemente, forzar a los más débiles a resolver el conflicto a través de arreglos extrajudiciales, objetivamente inconvenientes para los más desaventajados.

Por otro lado, tomemos el caso de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. En primer lugar, existe un acuerdo muy extendido dentro de la comunidad jurídica (abarcando, notablemente, a sectores afines al oficialismo) en que la elección propuesta entra en conflicto con el texto de la Constitución y la intención de sus creadores. En segundo lugar, debe decirse que, en el mejor de los casos, la reforma de la Magistratura se propone “emparchar” una institución que funciona mal, y a través de modos que no atacan la raíz de sus males. Pocos años atrás, el oficialismo nos quiso convencer de que el Consejo de la Magistratura debía reducirse, porque el alto número de sus miembros impedía su buen funcionamiento. Hoy, la reforma propuesta casi duplica en número a sus integrantes, invocando los mismos argumentos de eficiencia que antes se invocaban para reducirlo. En realidad, la reforma del Consejo requeriría ir en dirección opuesta a la señalada: hay que facilitar el funcionamiento del organismo, en lugar de aumentar su burocracia, y se debe apuntar, en todo caso, al control popular del organismo, en lugar del control partidario. La democratización de la justicia requiere mayor discusión pública colectiva, sobre los asuntos públicos, y no mayor control de la mayoría en el gobierno, sobre el órgano que debe controlarlo.

Finalmente, ¿en qué sentido la reforma propuesta se muestra hostil con los intereses de los más pobres, de los desprotegidos, de los marginados del modelo actual? Como es habitual en el oficialismo, la reforma se monta sobre un discurso épico que se contradice con sus resultados timoratos, antipopulares y favorables a las mismas corporaciones que dice atacar.

Desde Plataforma 2012 consideramos que cualquier proyecto sensato de democratización de la justicia debería empezar por favorecer la llegada de las clases populares, esto es, de los sectores desprotegidos de la sociedad, a los tribunales. Ello, sobre todo, a la luz de tres cuestiones: i) la actual situación de desigualdad que, virtualmente, imposibilita el acceso de los sectores populares a la justicia; ii) los formalismos y barreras jurídicas que hoy existen y que bloquean dicho acceso; y iii) la cantidad de soluciones existentes, sencillas y conocidas en toda América latina, capaces de ayudar a remediar el drama de la falta de acceso de los sectores populares a los tribunales. Existen decenas de cambios al alcance y poco costosos, aplicados ya exitosamente en América Latina: por ejemplo, bajar los costos del litigio; hacer no-obligatoria la participación o contratación de abogados; eliminar formalismos; ampliar la legitimación para litigar (facilitando que cualquiera llegue a tribunales rápidamente y sin complejidades innecesarias); establecer el juicio por jurados, proponer la creación de tribunales ambientales, favorecer el litigio colectivo; priorizar la atención de los más pobres, los más postergados. Pero, pudiendo hacerlo y existiendo cantidad de caminos posibles para lograrlo (tómense los ejemplos de Colombia, Costa Rica, India, Sudáfrica, entre otros, y mecanismos como los de la tutela; las acciones de clase; la ampliación del standing; la “jurisdicción epistolar” impulsada en la India), el gobierno se ha resistido a democratizar la justicia en su sentido más obvio y elemental.

Ocurre en realidad que el oficialismo no quiere hacer estos cambios. Y no se trata de que la reforma “es buena aunque no hace todo lo posible, todo lo que nos gustaría que haga”. No. Se trata de que lo que hace, lo hace mal y, en buena medida, en dirección contraria a la que debió haber adoptado, si lo que le interesaba era servir a los más necesitados. Y para ello, como ha sucedido en muchos otros casos, el oficialismo manipula y bastardea los ideales que más nos movilizan o emocionan, los que más sentimos como propios.

Una vez más estamos perdiendo una oportunidad importante para realizar un cambio en favor de la democracia y la justicia social.

Firmas…

Osvaldo Acerbo, Julio Aguirre, Pablo Alabarces, César Altamira, Mirtha Antonelli, Omar Arach, Rafael J. Arteaga, Anahi Ballent, Liliana Barletta, Santiago Bauer, Adriana Bazzano, Aníbal Guillermo Biblioni, Bibiana Apolonia del Brutto, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Enrique Bernis, Jorge Cardelli, José Casas, Aldo Castagnari, Nora Cuter, José Víctor D’Angelo, Carlos Alberto Da Silva, Beatriz Di Paola, María Angélica Di Giacomo, Diana Dowek, Diego Martín Durán, Lucila Edelman, Ruben Espinosa, Cristian Ferndández, Estela Fernández Nadal, Carolina Filippon, Ana P. Flores, Carlos Gabetta, Mónica Galan, Dante Ganem, Stella Maris García, Roberto Gargarella, Alejandro Gasel, Adriana Genta, Elsa Beatriz Gil, Analía González, Ricardo Goyeneche, Beatriz Gurevich,  Gerard Hofman, Alicia Jardel, Alejandro Katz, Leandro Klink, Diana Kordon, Dulce Kugler, Darío Lagos, Christian Lange, Alba Lanzillotto, Pedro Lacour, Silvana Lado, Gabriel Levinas, Javier Lindenboim, Alicia Lissidini, Andrea Lopetegui, Cristina López, Julián López, Rubén Lo Vuolo, María Inés Luchetti, Diana Maffía, Gabriela Marzonetto, María Carolina Mauri, Agustín Maurín, Gabriela Massuh, Susana Merino, Carlos F. Mosquera, Nora Moyano, Maximiliano Mendoza, Paula Mogni, Jorge E. Myers, Néstor Navarro,  Ana Pagano, Vanina Papalini, Luis María Parral, Daniel Pérez, Elba Pérez, Rolando Pérez, Alberto Pinus, Marcelo Plana, Federico Pozzi, Roberto Pozzo, María Elena Ques, Luis A. Quesada Allue, Sergio E. Quintero, Eduardo José Quinteros, Ruben S. Rimada, Juan R. Rojas Silveyra, Alfredo Saavedra, Liliana Saguin, Ana Sarchione, Alicia Sánchez, Sebastián Sayago, Alejandro Schweitzer, Mirta Segoviano, Diego Miguel Seguí, Pablo Stefanoni, Teresa Suárez, Maristella Svampa, Miguel Sznajderman, Verónica Tarzia, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Roberto J. Tessi, Jaco Tieffenberg, Sergio Torrado, Esteban Ulrich, Hugo Vezzetti, Enrique Viale, Adrián Vlek, Rocía Weil, Dennis Weisbrot, Bernardino Zaffrani, Patricia Zangaro… (Siguen firmas)

Para adhesiones: plataforma.2012@yahoo.com.ar

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OPI Santa Cruz.

Anoche en Periodismo Para Todos, Jorge Lanata ocupó todo su programa y sin cortes, con lo que denominó la “ruta del dinero K” y se apoyó en documentación y testimonios de personas que manejaron cuentas y sociedades del empresario riogalleguense, nota con la cual se va a cambiar la realidad de varios de los allí nombrados, por el nivel de detalle, la calidad de la denuncia y los pormenores técnicos y relaciones que, por primera vez, se constituye en un documento único que llega al corazón del poder financiero K y se transforma en un escándalo. Vea la galería de imagenes

Jorge Lanata lanzó anoche en Canal 13 su primer programa de Periodismo Para Todos, edición 2013 y durante dos horas colocó al máximo la audiencia ávida de los adelantos realizados durante la semana en un espacio que se ha ganado la atención popular y ha resultado ser un gran formador de opinión, toda vez que aborda, especialmente, aquellos temas ocultos a la luz pública donde la gente puede descubrir tramas, negociados, corrupción e ilícitos de todo tipo, en connivencia con el gobierno nacional y de algunas provincias.

El programa de anoche lo dedicó exclusivamente a demostrar “la ruta del dinero K” poder iconizado en Lázaro Báez y sus dos hijos, Martín y Leandro, quienes – de acuerdo al largo informe – manejan y tramitan desde Río Gallegos y a través de empresas financieras de Buenos Aires, la salida de capitales a paraísos fiscales, producto del lavado de activos y la comisión del delito de corrupción, en combinación con la familia Kirchner.

Lo mostrado por el periodista es, según lo denominó él mismo, la primera investigación de este tipo que se difunde en más de 10 años y a no dudarlo, constituirá un escándalo de proporciones políticas que, seguramente, iremos analizando a lo largo de la semana, tal como transcurran las repercusiones, se sucedan las denuncias y aparezcan aún otros nombres y figuras que todavía se desconocen en este cuadro donde el poder ha quedado al desnudo y la principal llave financiera del matrimonio gobernante, ha sido tocada profundamente, no ya con información de tipo especulativa u opiniones, sino con documentación y fundamentalmente, dos testimonios lapidarios de personas vinculadas a los manejos turbios del lavado de dinero y colocación de capitales en Suiza, cuyo mecanismo quedó explicado en detalle. Sin embargo, hay que señalar que parte de esta información fue publicada por el sitio “Tribuna de Periodistas” en el año 2012, solo que sin el relato en primera persona, como en este caso, que eleva por diez el efecto del impacto mediático.

Lo hechos

En el programa se contó con lujos de detalle cómo el dinero parte de Río Gallegos en bolsas o bolsones, transportados por aviones de la flota de Báez (específicamente uno de los testigos denuncia la matrícula de la máquina), la forma en que pasan sin control en el aeropuerto de San Fernando, los descargan a altas horas de la madrugada y de acuerdo a los dos testigos que cuentan la historia independientemente uno de otro, pero en total coincidencia, ese dinero era luego llevado por Leonardo Fariñas, esposo de Karina Jelinek, a Uruguay, mediante la colocación financiera de la empresa SCI SA a cargo de Federico Elaskar, en paraísos fiscales como Belice o Panamá, rumbo a Suiza. En Panamá, precisamente, quien se encargaba de los manejos financieros era Fabián Rossi, esposo de Iliana Calabró, quien en varias oportunidades en el programa de Tinelli haciendo su sketch, se refirió a “los viajes al sur de Rossi”, en todos los casos – ahora resultan de las declaraciones – era para tener órdenes del propio Lázaro.

En medio de la nota, periodistas de PPT abordaron a Rossi a la salida de su casa, disparándole las preguntas sin introducción previa, notándose el nerviosismo que lo invadió y la evasión rápida que hizo para deshacerse de la incómoda situación, cuando le preguntaban (por ejemplo) si conocía a Lázaro Baéz y si él le llevaba adelante los negocios en Panamá en combinación con Leonardo Fariñas.

Las declaraciones de Fariñas, mediante una cámara oculta y de Elaskar con cámara abierta, más algunos documentos que mostró la producción donde figura la constitución de sociedades a nombre de Martín Báez, como Teegan Inc en Belize, fueron piezas fundamentales en este informe. Ambos ex integrantes de la organización de lavado de dinero, dieron detalles precisos, concientes o inconcientemente, de cómo se estructura el mecanismo que le permite al empresario de la construcción sacar en Euros, el dinero negro que proviene de la corrupción pública, especialmente por medio de retornos de la obra pública y otras fuentes que no se aclararon.

Fariñas y Elaskar coincidieron en que en un mes se sacó más de 50 millones de dólares y que el traslado se hace en Euro, porque son billetes más chicos de mayor denominación que los dólares y ocupan menos espacio. También, en este caso Fariñas, comentó que al dinero no se lo cuenta, se lo pesa.

El marido de la modelo le señaló a Lanata que en un momento temió por su vida y el dueño de la financiera SCI contó ante las cámaras, que Lázaro le mandó a quitar su empresa, sosteniendo que le habían robado y para ello envió a Daniel Pérez Gadín, titular de la empresa Oasis SA, asesora de Austral Construcciones SA. Gadín, según detalló Fariñas, pasó a ocupar el puesto de “valijero” que le quitaron a él, que dijo sentirse traicionado. Lo que relató Elaskar es muy grave, ya que Pérez Gadín lo amenazó que si no firmaba la transferencia del paquete accionario de SCI, aparecería como Forza en algún descampado. “Me robaron la empresa”, dijo Elaskar, que tenía el bunker en un piso de Puerto Madero, el mismo edificio donde vive la presidenta y Boudou. Ahora SCI es frecuentada por funcionarios como De Vido y Zanini y le dicen “La Financiera Rosadita”.

A lo largo del informe se dieron detalles importantes que comprometen al empresario de Río Gallegos, con el delito de lavado de dinero, la vinculación con 50 sociedades anónimas para ese fin y particularmente Fariñas dijo que Lázaro tiene una fortuna acumulada de entre 5 y 6 mil millones de dólares y en un pasaje del video lo comparan con “los colombianos” trazando un paralelo con la fortuna que ostentaba Pablo Escobar Gavigria.

“Yo manejé la fortuna de un tipo de 5.000 millones de dólares” y tras haber reconocido que todo era un trabajo llevado por encargue del ex presidente con quien él compartió encuentros y partidos de fútbol, dijo “Vos no tenés la idea de la estructura que había armado Néstor. Yo te puedo asegurar que el tipo manejaba todo” y concluyó “Me planteaban los problemas, yo planteaba soluciones. Lázaro llamaba, se juntaba, y después me decía ‘sí’ o ‘no’. Con Kirchner jugué partidos de fútbol y compartí un asado“.

¿No lo habíamos anunciado?

Desde hace muchos años venimos diciendo que la trama de corrupción ligada al poder financiero K se iba a desmoronar por el lado menos esperado, por la causa más insólita y por el hecho menos relevante. En este caso Jorge Lanata cuenta en su informe que todo comenzó hace un año y medio cuando les llamó la atención los enormes gastos que hacía Leonardo Fariñas, quien hasta dos meses antes vivía como un humilde Contador en un barrio de clase media de La Plata. Allí empezó todo y después, nadie lo pudo parar.

También hemos dicho que una de las consignas que Lázaro Báez les deja bien claro a sus “colaboradores” u “operadores” es que no deben ni puede hacer ostentación de riqueza y en este marco sabemos de gente a la que ni siquiera les ha permitido cambiar su auto. El bajo perfil y “las cuentas en orden”, son elementos básicos para todo aquel que pretenda pertenecer “al grupo”, como lo denominan, o las sociedades que lo compongan.

Mucha información a la que hemos tenido acceso, proviene, principalmente, de gente que por determinadas razones se alejan de algunos negocios que maneja Báez y cuentan intimidades de esas relaciones, de las cuales en la mayoría de los casos conservamos las grabaciones. La gente que es echada de algunos negocios que tutelada por allegados a Báez, denuncian que los amenazan con que no van a encontrar trabajo en todo Gallegos, si hablan de lo que conocen. Aún así, la gente sigue aportando datos en off.

Hace unos días y a raíz de un incidente con un avión de Báez que llevaba abordo a la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, volvimos a reflotar esta extraña vinculación del gobierno de la isla con el empresario santacruceño. También publicamos una de las facturas que la empresa Top Air SA (de Báez) le confeccionó a la gobernación, por 4 viajes y un total de 60 mil pesos. Como era de esperar, quienes se encargan de operar en el portal, especialmente a través de los coments de las notas, pusieron en duda la intencionalidad de la información, dando toda una clase de economía para explicar que al final, a Tierra del Fuego le sale más barato alquilarle los aviones a Báez, que tener flota propia, con lo cual parecía que el argumento del gasto excesivo, era solo una construcción nuestra.

Sin embargo, las sospechas que subyacen en la isla y que a la vista de lo informado anoche por Lanata, toman mayor dimensión es, precisamente, que si no existe un real beneficio comercial en Top Air SA (cuyo Gerente fue el mecánico que cambió la rueda del avión) la importancia de todo esto radica, esencialmente, en que las máquinas eluden todo tipo de control aduanero, por estar, claro, afectadas a una función oficial.