El 1 de setiembre de 1959 el locutor de Radio Comuneros, Bernardo Aranda, fue asesinado y calcinado con el combustible de su moto, en un aparente crimen pasional que involucró a un alto hombre del régimen. Para encubrir el brutal crimen, las autoridades policíacas montaron una gran caza de brujas, arrestando a cualquier persona sospechada de ser homosexual, «por reunir la misma condición que el supuesto asesino». Peluqueros, bailarines… gente que se salía de los cánones convencionales sumaron 108 personas.
Fueron llevadas a desfilar frente al colegio Las Teresas y el sábado por la mañana a la Calle Palma, terminando el itinerario en el Cuartel de Policía, desnudos, rapados el cuero cabelludo y cargando piedras en la espalda. Todo ese tiempo tuvieron que poner cara linda, «cara linda dije, usted gusano», a los insultos y escupitajos generalizados. Además de esto, las autoridades se encargaron de confeccionar listas con sus nombres y repartieron por las oficinas públicas, universidades, lugares concurridos y medios de prensa para que la sociedad entera conozca a los «amorales» y «enfermos».
Una gran prensa sólo puede dar un gran aporte
En esos días la prensa comercial se portó de maravillas, sólo en esos días, dando gran destaque a las informaciones oficiales y prestando un servicio invalorable a la sociedad con frases proféticas como «la logia de amorales que ponía en peligro la raza de hombres que había sido defendida por los héroes de la patria». Progresivamente se fue escuchando «yo no le conozco», «yo no vine con él», empezando así a activarse uno de los peores capítulos de la condena social, el racismo y la fobia de nuestra historia, que después se sedimentaría bien en la mente colectiva.
Después la brillante creatividad de la prensa recogió en el humor de sus caricaturistas la posta que le habían confiado policías y torturadores y fue alimentando la burla. Y desde entonces nadie quiso tener algo que ver con los 108, que se tuvieron que ir del país, perder sus trabajos, sus familias, sus amores… hubo 108 y un quemados. Sin duda. Con tanto circo gratis para todos y tanta propaganda, el crimen de Bernardo Aranda quedó a un segundo plano, y aunque la policía anunció triunfal que ya tenía al responsable, no dijo su nombre aludiendo «autoridá».
El silencio de la Comisión Verdad y Justicia
La organización Paragay, que defiende los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y travestis en Paraguay, quiso realizar una investigación sobre el caso Aranda, pero todo se deshizo en la mera intención cuando el Poder Judicial le denegó el acceso a los documentos del Archivo del Terror, porque de esta manera se vulneraría la privacidad de ciertas personas, adujo el parte.
Después de esto Paragay presentó un pedido a la Comisión Verdad y Justicia, para encargarle la investigación del caso el 3 de setiembre de 2007 y lo dio como asumido. El 28 de agosto de 2008 los informes finales de la comisión mencionaban que habían investigado el caso, pero no traían el resultado de la investigación en ninguna de sus partes. Simón Cazal, representante de Paragay dijo que esto pasó porque probablemente algunas personas de gran poder político hoy componían las listas de «amorales». Otra de las sospechas que tienen es que la investigación sobre el caso Aranda no prosperó debido a que Mario Melanio Medina, miembro de la Iglesia Católica, que está contra las reivindicaciones gays, presidió la comisión.
Las personas pasan, los números quedan.
El caso Palmieri
El caso Palmieri es el segundo capítulo de redadas en la historia nacional de la homofobia. En marzo de 1982 desaparece del Colegio San José el adolescente de 14 años, Mario Luis Palmieri, para aparecer asesinado seis días después. La hipótesis que manejó la policía fue la de crimen pasional homosexual, desatando la mayor tempestad que se conoce en Paraguay sobre personas homosexuales y por extensión sobre personas que salieran de los cánones de la virilidad paraguaya.
En total arrestaron al menos a 600 personas que estuvieron recluidas por meses enteros en el edificio de la Guardia de Seguridad, el Departamento de Investigaciones y la Comisaría Tercera, sufriendo todo tipo de torturas. Al igual que en el 59, de nuevo los nombres de los condenados figuraban en todo tipo de pizarrones de empresas privadas, oficinas estatales e instituciones educativas.