Patricia Walsh, impulsora de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, habla de su candidatura a diputada nacional por Proyecto Sur.

«A ocho años de la nulidad de las leyes, todavía hay un promedio de menos de 1 genocida condenado por campo de concentración de la última dictadura militar. Son muchas las cosas que hay que hacer ocupando bancas en materia de derecho humanos, hay que legislar para que los genocidas condenados o procesados por terrorismo de estado y crímenes de lesa humanidad no se beneficien con la prisión domiciliaria, porque no les corresponde. No puede ser que mayoritariamente estos criminales estén en nuestro país con arresto domiciliario. Cárcel común,  es una reivindicación de todo el movimiento de derechos humanos más allá de la identidad política de cada uno de sus integrantes».