Podrían subir la luz y el gas para financiar obras públicas

El oficialismo del Senado sancionó ayer la ley que habilita al Poder Ejecutivo a aplicar cargos en las facturas de gas y electricidad para financiar de manera específica obras de infraestructura en materia energética. El Gobierno hasta ahora dijo que ese aporte lo harán los grandes consumidores, pero nada impide que pueda ser abonado por los usuarios residenciales. La ley fue sancionada tras un extenso debate en el que todo el arco opositor coincidió en que la ley es un «aumento de tarifas encubierto» y la calificó como «un cheque en blanco» al Gobierno para que decida cuánto cobrará, quiénes lo pagarán y qué obras se financiarán con esos fondos extraordinarios.

Todas las críticas apuntaron, además, a la figura del cada vez más poderoso ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que tendrá a su cargo la administración de lo recaudado. «A esta ley le falta nombre y apellido: Julio De Vido», afirmó el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe).

El radical independiente Rodolfo Terragno (Capital), dijo, por su parte, que «lo que se está discutiendo es el impuesto De Vido». La ley otorga amplias facultades al Gobierno para imponer cargos a los usuarios de gas, gas licuado de petróleo y electricidad que se destinarán a fondos fiduciarios -existentes o por crear- para financiar obras de infraestructura de generación y transporte de energía. Los fondos fiduciarios se encuentran fuera del presupuesto nacional, por lo que el Congreso no tiene posibilidad de opinar sobre el uso de esos recursos.

Falta de control

Esta falta de control fue motivo de serias objeciones, aunque el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del oficialismo, Jorge Capitanich (Chaco), aseguró que esas acusaciones eran «una falacia de falsedad absoluta» porque los fideicomisos son controlados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN), que además depende del Congreso.

Terragno replicó recordando que Alessandra Miniceli, esposa de De Vido, es la segunda autoridad de la Sigen y que el control de la AGN es posterior a los hechos. Avaló así a Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis), que había destacado que sólo ahora el Congreso está por aprobar la cuenta de inversión -la aplicación de los recursos del presupuesto-, de 1997 y 1998.

Sobre el cierre del debate, la primera dama y senadora por Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, dijo estar sorprendida por esas críticas porque estos temas «jamás se sometían a discusión del Congreso». «Estas cosas se discutían en la Casa Rosada y sólo participaba un selecto grupo de diputados y senadores», agregó. Con la misma línea argumental rechazó la acusación del radical Gerardo Morales, que había dicho que la ley modificaba marcos regulatorios. «Si esto fuera así ahora lo está discutiendo el Congreso, cuando antes se hacía en una oficina de dos por dos y ya sabíamos a quién favorecían esos cambios», sentenció Fernández de Kirchner.

La laxitud de la norma es de tal magnitud que en su articulado se delega en el Poder Ejecutivo facultades para fijar el valor de los cargos, el tiempo de su vigencia, su asignación a los fondos fiduciarios y la selección de las obras. La ley no aclara si los usuarios residenciales estarán exentos de abonar esos cargos. El texto sólo dice que el Poder Ejecutivo «podrá exceptuar a las categorías de pequeños usuarios que determine», pero no establece parámetros para limitar esa prerrogativa.

En su defensa del proyecto, Capitanich negó que los cargos específicos impliquen aumentos, sino que son una «extensión del concepto de tarifa», dijo. «Para mí, esto es un aumento de tarifas», respondió Terragno. «La plata va a salir del bolsillo de los ciudadanos: estamos aprobando un aumento tarifario», se sumó Giustiniani.

Por su parte, Rodríguez Saá sembró dudas acerca de que los cargos no se apliquen a los usuarios residenciales. «Si quisieran que así sea, deberían decirlo explícitamente», desafió. En uno de los discursos más duros, la bonaerense Hilda González de Duhalde consideró que la norma era «escandalosa» e «inconstitucional».

En el cierre del debate, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), la justificó en la necesidad de realizar obras «para no parar el crecimiento de la economía». La votación finalizó con 37 votos en favor y 20 en contra.

Por Gustavo Ybarra
De la Redacción de LA NACION

Dudas sobre la constitucionalidad

• El senador Rodolfo Terragno (Radical Independiente-Capital) anticipó anoche a LA NACION que «consultará a constitucionalistas» sobre la posibilidad de plantear ante la Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cargos específicos que el Senado sancionó ayer. «Quiero ver si la Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción directa sobre esta materia y preparar bien la presentación, pero debemos terminar con esta situación de permanente delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo. Esta norma es inconstitucional», sentenció el legislador.