Cromañón: bajaron la imputación a funcionarios porteños
Fiszbin, Fernández y Torres estaban acusados de homicidio culposo, y ahora se los procesa por “incumplimiento de sus deberes”, que contempla una pena mucho menor. Además, sobreseyó a otros tres. Dura crítica de abogados querellantes.
En un fallo que causó el rechazo de los querellantes, la Cámara del Crimen benefició a los funcionarios porteños involucrados en la causa Cromañón bajando la calificación del delito en algunos casos y sobreseyendo en otros.
Por un lado confirmó el procesamiento de la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, de su segunda, Ana María Fernández, y del es director de Fiscalización y Control, Gustavo Torres. Pero les imputó un delito más leve.
Los tres estaban acusados de “homicidio culposo”. En cambio ahora se los procesa por “incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”, un delito que contempla una pena de un mes a dos años de prisión. También les redujo el embargo de 20 millones a 15 mil pesos.
Por otro lado, los integrantes de la Cámara –Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich- dictó la falta de mérito de Rodrigo Cozzani, Víctor Telias y Alfredo Ucar, también acusados en primera instancia de homicidio culposo.
De esta manera, la Cámara considera que a los entonces funcionarios no se los puede acusar de las muertes ocurridas en el boliche de Once, sino de falta de control del local.
«No hace falta mucho análisis para advertir que una actividad como la realizada en ‘República Cromañón’ reunía prácticamente todos los factores que justificaban una actividad de control más intensa», afirmaron los jueces.
En ese sentido, destacaron que las inspecciones debían realizarse cuanto menos cada 120 días, pero en Cromañón no se había realizado tal práctica desde el 29 de marzo de 2003, «superándose de esta forma cualquier plazo razonable».
Establecido el incumplimiento por parte de los tres funcionarios, los jueces describieron un caótico marco normativo en materia de controles porteños y analizaron si ese presunto delito había tenido consecuencia directa en las muertes. Concluyeron que no.
En ese contexto, sostuvieron que «no sería posible, en principio, afirmar que el no cumplir con una inspección encierra ya el peligro de producción del resultado típico», es decir la muerte de 194 personas.
“Nos parece una barbaridad”, fue la primera reacción de Fernando Soto, abogado representante de familiares de víctimas de Cromañón, en diálogo con Clarín.com. “No entendemos la medida, aunque por lo menos están procesando a parte de la cúpula que otorgaba las habilitaciones porteñas”.
Soto consideró inconcebible que, además, con este fallo “están sobreseyendo a funcionarios que tuvieron una conducta importante para que se haya producido la masacre de Cromañón”.
“La calificación es equivocada, hay una Justicia muy benigna para los funcionarios y muy estricta para los que tienen sostén político”, concluyó el abogado.
