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Provincias con apremios fiscales y atadas a una caja que maneja Kirchner

Clarín
 
EN FOCO : LOS APUROS DE FELIPE SOLA, JOSE DE LA SOTA Y OTROS GOBERNADORES

 
Desde los tiempos de crisis, la Nación se queda con una fuerte masa de recursos. Y eso hace muy dependientes a los gobernadores del poder central.

Alcadio Oña

aona@clarin.com


Urgida por unas cuentas fiscales que van camino al rojo y que, además, pueden llegar a comprometer pagos cruciales, Buenos Aires encabeza el lote de provincias que ya reclaman alguna atención del Gobierno nacional. La acompañan, por lo menos, Córdoba, Chaco, Jujuy, Formosa y Tucumán, apremiadas por el mismo horizonte.

Funcionarios provinciales aseguran que Felisa Miceli y el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, ya conocen el problema. Pero saben también que ninguno de ambos está en condiciones de arrimar una solución: finalmente, la regla imperante es que el Presidente en persona es quien dispone sobre la caja.

Desde los tiempos en que el Estado nacional hacía agua por todas partes, hay una enorme masa de recursos que el Gobierno no comparte con las provincias, así se originen en ellas.

Entre los casos más notorios se cuentan las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque. De la recaudación por retenciones —12.322 millones de pesos en 2005— el Tesoro Nacional se apropia del 100% y de la originada por el cheque —9.434 millones—, del 70%.

Para financiar el alguna vez enorme déficit del sistema previsional —hoy altamente superavitario— la Nación absorbe una buena tajada de las recaudaciones de IVA y Ganancias y una parte de la Coparticipación Federal que también debería ir a las provincias.

Hay fuertes recursos que se quedan en la AFIP, en los ATN que maneja y últimamente no distribuye la Jefatura de Gabinete y en los llamados fondos fiduciarios. Suman unos 9.000 millones, de los cuales los tesoros provinciales no ven un solo peso. Y, además, los excedentes de las tres cajas se usan para financiar pagos de la deuda nacional a muy bajo costo.

Analistas privados calculan que, excluidos los fondos de la ANSeS, del total de recursos tributarios hoy sólo va a las provincias el 30%.

Ni el más temerario de los gobernadores —que para el caso además no existe— se atrevería a plantear hoy un cambio en la distribución de los ingresos. O a poner sobre la mesa el artículo de la Constitución de 1994 que ordena reformar la Ley de Coparticipación: según la llamada Carta Magna, la modificación del modo como se reparten los impuestos nacionales entre la Nación y las provincias, y entre las propias provincias, debió ser instrumentada en 1996, esto es, hace ya diez años.

Con una caja fiscal rebosante de plata, el Gobierno dispone según sus propios criterios y necesidades políticas, muchas veces legítimos. Decreta aumentos salariales para empleados públicos y docentes que luego deben ser replicados en las provincias, aun cuando para ellas el costo de la cuenta sueldos represente el 50% de sus presupuestos y para la Nación apenas el 10%. Dispone mejoras en las jubilaciones, que también repercuten en aquellas que deben financiar sus propios sistemas previsionales. Y decide sobre inversiones públicas que a veces requieren contrapartidas, o cuanto menos obras de infraestructura para mantenerlas.

Nuevamente, ningún gobernador osaría cuestionar estas decisiones y menos cuando ellas atienden, en general, necesidades postergadas. Lo que se pretende y tampoco se dice es que estas medidas tengan algún ámbito de consulta federal, dado el impacto que proyectan hacia afuera. Es tal el cuidado que se pone, que casi ni son planteadas en encuentros entre ministros provinciales y funcionarios nacionales; todo queda acotado a conversaciones personales del Presidente y los gobernadores, en el momento cuando Kirchner lo dispone.

De este modo, ni más ni menos, se resolverá el caso de las provincias hoy con sus finanzas apretadas. La esperanza de más de un mandatario —válida, por cierto— es que en la Casa Rosada prevalezca el costo político que significarían eventuales turbulencias en el interior, especialmente en las "gobernaciones amigas", lanzada ya la carrera hacia las elecciones de 2007. Dicho de otra manera, que aparezca la plata, tal como pretenden Felipe Solá y José Manuel de la Sota.

La cuestión es que a medida que se aproximen los comicios rebrotarán las presiones salariales en el interior y habrá nuevas decisiones del Gobierno nacional, seguramente también atendibles y apreciadas. Pero todas acaso con el mismo sello: las adoptará el Presidente solo, poniendo por delante sus propias prioridades.

Por David Encina

Periodista

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Trabajador. Asesoría en comunicación social, comercial y política para el desarrollo de campañas. Análisis de servicios al cliente y al público. Aportes para la gestión de redes sociales con planificación estratégica.

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