Alternativa Socialista.

Espionaje a luchadores.

Hace pocos días transcendió públicamente la respuesta enviada por el Comandante General de la Gendarmería Nacional Héctor Schenone, al juez N. Oyarbide en una causa iniciada por denuncia de varios militantes sindicales, algunos de ellos trabajadores de Kraft, contra la Gendarmería por haber sido víctimas de tareas de inteligencia.

Por Marcelo Parrilli, ex diputado de la Ciudad de Bs. As por el MST en Proyecto Sur.

En esa respuesta, entre otras cosas, Schenone señala que gendarmería elabora su información de inteligencia sobre tres bases de datos. Una de esas bases de datos el denominado “Proyecto X”, al cual describe como la base de datos que: “…se utiliza como herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, así como en apoyo informativo a Unidades Operativas, de Investigaciones Judiciales e Inteligencia Criminal del despliegue institucional, con fines judiciales. La base de datos se nutre de toda la información que surja durante el transcurso de una investigación judicial (nombres, teléfonos, direcciones, apodos, vinculaciones, vehículos, lugares, peritajes, etc). Su función principal es auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos (comunicaciones telefónicas –por informe judicial-, lugares, a los fines de una mejor investigación criminal judicial…”

Así se presentó oficialmente el “Proyecto X”. La realidad de las distintas causas judiciales iniciadas contra luchadores obreros y sociales y dirigentes políticos,entre ellos nuestra compañera Vilma Ripoll, demuestra que esas tareas de inteligencia se realizaron sin orden judicial alguna para ser luego “incorporadas” en algunas causas judiciales. Los jueces, en lugar de denunciar la existencia de estos informes ilegales que violan todos los tratados internacionales firmados por la Argentina en materia de derechos humanos y las leyes de defensa nacional y seguridad interior, que impiden a las fuerzas armadas o de seguridad hacer tareas de inteligencia política interna, utilizaron esos informes para perseguir judicialmente a cientos de luchadores.

El gobierno nacional, golpeado por el impacto que tuvo la trascendencia pública de la denuncia tardó en responder y cuando respondió, a través de la Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré,no hizo más que reconocer que el “Programa X” era un “software” oficial de Gendarmería que se venía utilizando ya desde la época de Duhalde. Aníbal Fernández, uno de los padres de la criatura, salió también a reconocer el programa. La ministra negó que se utilizara para inteligencia política interna pero no pudo dar ninguna respuesta sobre lo ocurrido en Kraft y en otros conflictos. Realizó una purga interna en gendarmería y dijo que serían sancionados durante y enviados a la justicia los responsables de haber hecho las tareas de inteligencia.

Pese a la maniobra del gobierno nacional, que trató de derivar toda la responsabilidad en los gendarmes, lo que quedó claro es que el “Proyecto X” era una base oficial de inteligencia utilizada desde hacía años y que el mismo fue utilizado para recabar datos respecto de luchadores sindicales y políticos. Es decir, es evidente que se trata de un proyecto de inteligencia política destinado a la represión de la protesta social y política y al enjuiciamiento, procesamiento y embargo de los luchadores.

Quedó claro también que este gobierno “no reprime la protesta” mientras no se protesta. Ahí están, como pruebas dramáticas en contrario, los muertos, presos y procesados que generó la política represiva del kirchnerismo en todo el país.

Es que el “Proyecto X” de Gendarmería, encaja en el “Proyecto k” mayor de represión contra el movimiento obrero y popular que ha tenido manifestaciones políticas y legislativas muy concretas en los últimos tiempos y que se acentúa de la mano de los tarifazos, impuestazos y la inflación galopante que destruyen el salario.

Prueba de ello fue el ataque público de Cristina Kirchner al derecho de huelga al cual lo equiparó con la extorsión. Peor todavía fue la sanción de la llamada “ley antiterrorista” que, en realidad, es una agravante generalizada de todas las figuras delictivas del Código Penal, elevando los mínimos y máximos de las penas al doble, cuando se lleve adelante cualquier acción tendiente a obtener que una autoridadnacional haga o deje de hacer algo. Toda huelga o movilización quedará comprendida en la ley.

La situación económica se complica, las luchas aumentan y el gobierno kirchnerista empieza a mostrar su verdadera cara. Se cae la careta del “gobierno de los derechos humanos” y aflora el gobierno de la represión contra los trabajadores. Lo importante es que frente a esa represión crece el repudio y la movilización porque el pueblo argentino conquistó con su dura lucha de años un espacio democrático que no va a ceder fácilmente.

 

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