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La creación de otras dos nuevas sociedades anónimas con la mayoría de las acciones en manos del Estado disparó un debate entre el Gobierno y la oposición por los controles que se ejercerán sobre esas compañías, que tienen asignadas para su funcionamiento partidas presupuestarias.
La polémica se encendió en la Cámara de Diputados el miércoles, cuando se votó la creación de la satelital ARSAT, que comenzará a funcionar con 50 millones de pesos, y de AySA, la nueva prestadora del servicio de agua potable y cloacas para 9,8 millones de usuarios porteños y bonaerenses. La primera ya es ley. Para AySA, el oficialismo en la Cámara Alta descuenta que le dará luz verde después de Semana Santa.
Ambas compañías, que se suman a otras también creadas por este Gobierno (ver recuadro) son sociedades anónimas donde el Estado tiene la mayoría de las acciones. Esta figura se rige por la ley de sociedades anónimas privadas 19.550 pero parte del arco opositor considera que no está claro cuáles serán los controles estatales que tendrían.
En el Gobierno son rotundos. "Que no digan pavadas, a las empresas las controlan la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría (General de la Nación) cualquiera lo sabe", señaló una fuente del Ministerio de Planificación (donde se redactaron estos proyectos) que pidió anonimato. Desde allí también aseguran que "se cae de maduro" que deberán cumplir con todos los pasos exigidos por la ley en cuanto a licitaciones públicas, audiencias y futuras ampliaciones de capital.
Sin embargo, la polémica política fue más a fondo que la jurídica. El calor se encendió en aquella sesión de Diputados y continuó después. "La forma que se eligió para ratificar la creación de AySA es una aberración jurídica y habla de que se va inventando sobre la marcha", acusó el presidente de la bancada radical, Fernando Chironi. Cuestionó que con recursos nacionales se "financie" a los usuarios de agua de Capital y el conurbano y pidió que los municipios tengan participación accionaria.
Le salió al cruce Edgardo Depetri, titular de la Comisión de Obras Públicas: "Es un disparate. No entienden el plan nacional de obras públicas y la decisión de incluir a AySA en ese esquema".
La que se atrevió a más fue Elisa Carrió, del ARI. "Este formato jurídico encubre la absoluta libertad para contratar sin licitación pública, por eso hay un objetivo estado de sospecha sobre el uso de los fondos públicos por parte del Ministro (Julio) De Vido", dijo. Desde la cartera de Planificación no salieron a responderle. Sin embargo, en el Gobierno repiten que tanto AySA como ARSAT tendrán los controles de cualquier otra S.A. y que en el caso particular de AySA tienen un desafío por delante: el gerenciamiento de la empresa por parte del Estado y los trabajadores (tienen el 10% del PPP) y que, como pasó, con el Correo (un modelo similar) no hubo denuncias.
Aunque la oposición no discutió el proceso de reestatización, las dudas sobre el uso de los recursos llevaron a algunos legisladores a cambiar de idea. Claudio Lozano (CTA), quien había avalado la creación de la energética Enarsa, votó en contra de AySA. Para el titular del PJ en Diputados, Agustín Rossi, "no hay elementos para sospechar que están hechas para justificar algún atajo. Queremos recuperar el rol del Estado, ese es el meollo".
Citan a Menem
El senador nacional y ex presidente Carlos Menem será indagado el martes próximo por el juez federal Guillermo Montenegro en la causa en la que se investiga el contrato con la firma francesa Thales Spectrum.
Antecedentes
Tras rescindir el contrato, el Gobierno creó una UGOFE donde conviven el Estado y otros privados.
Primer embarque de hierro a China
En el puerto de Punta Colorada, en el golfo de San Matías, a 30 kilómetros de la localidad rionegrina de Sierra Grande, se inició la carga de pellets de hierro para concretar el primer embarque con destino a China tras la reactivación del complejo minero que perteneció a la estatal Hipasam.
Unas 65 mil toneladas de concentrado de hierro, que permanecían desde hace 17 años en un playón cercano al muelle, se cargan en el buque "Lazzey" de bandera panameña, para zarpar hacia Oriente entre el martes y el miércoles.
De esta forma se concreta la primera exportación de mineral por parte de la firma Minera Sierra Grande, subsidiaria de la Leng Cheng Mining de capitales chinos, que en febrero de 2005 recibió la concesión de todas las instalaciones paralizadas desde 1992. Los empresarios chinos pagaron un canon de 6,5 millones de dólares y anunciaron inversiones por unos 25 millones para acondicionar instalaciones y adquirir nuevo equipamiento.
Durante los catorce meses transcurridos, los nuevos operadores realizaron tareas de limpieza de túneles y reparación de los sistemas eléctricos, de carga y ventilación forzada en el complejo. Todavía no se reiniciaron las tareas de extracción de mineral por la demora en la llegada de los gigantescos camiones, de construcción especial, que transportarán las rocas desde el interior.
El primer embarque se realiza con material que fue extraído en el año 1989, poco antes del cierre de la disuelta Hipasam, por aquellos tiempos proveedora de la ex Somisa. Todas las expectativas de la zona, en especial de los diez mil habitantes de Sierra Grande que atravesaron 15 años de profunda crisis, están puestas en la completa reactivación del complejo minero e industrial.