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POLÍTICA

Relevó Godoy a dos altos jefes de la Armada

Clarín
A 30 AÑOS DEL GOLPE : UNA REUNION CALIENTE EN EL EDIFICIO LIBERTADOR

Garré y Godoy, en un inesperado viaje a la tragedia argentina que siempre vuelve

La ministra y el jefe de la Armada vieron juntos los informes de Inteligencia. Conservan el estilo de la dictadura. «Los reflejos están intactos», concluyó ella.

Walter Curia

wcuria@clarin.com

Ya se habían puesto de pie. Detrás del desorden de papeles en que se había convertido su escritorio, la ministra finalmente soltó un soplo de aire y clavó la mirada en el almirante. «Godoy, ¡pero estos tipos son unos pelotudos!».

Eran las seis de la tarde del viernes y Nilda Garré y Jorge Godoy llevaban un par de horas revolviendo entre el material incautado unas horas antes en Trelew. No salían de su asombro, incluido, como se ha dicho, el jefe de la Armada.

El episodio de espionaje en la base naval de la triste historia fue un viaje relámpago al pasado militante de Garré y seguramente también al del almirante Godoy, dos personas que apenas han aprendido a tenerse confianza. La luz de la pantalla de escritorio hacía la escena más grave en el Edificio Libertador. Una foto más de la tragedia argentina, que siempre vuelve.

Es el trabajo de un típico organismo de inteligencia: seguimiento de estudiantes, miembros de organismos de derechos humanos, funcionarios de provincia y del Gobierno nacional. La mirada alcanza hasta a la Policía de Chubut. Los documentos de la Marina conservan el estilo de sobriedad y esa higiene que los han caracterizado desde siempre. Están bien redactados, con una prosa prolija, desprovista de tecnicismos o vicios policiales. Además llevan firma. Está probado que ha habido una escuela en la Armada para estos menesteres.

Un informe se detiene sobre una manifestante, de 80 años. «Madre de Susana Lesgart, montonera, alias ‘La Gorda'», dice, por una de las víctimas de la masacre del 22 de agosto del 72. Lesgart es la mujer que ríe, primera a la derecha, en la toma histórica de los prisioneros de Trelew rendidos en el aeropuerto. Otro informe revisa la trayectoria de Jaime Garreta, quien fue segundo de Pampuro en el Ministerio de Defensa. Bajo el título «información propia», se registran al menos dos ocasiones en las que fue detenido, en marzo y noviembre de 1966, cuarenta años atrás.

«Tienen las fichas. Las fichas se conservan. Están guardadas en algún lado. Mantienen los reflejos intactos», dice Garré, una frase que va a repetir más tarde ante Clarín. Toma el teléfono y pide que le ubiquen al presidente Kirchner, para esa hora en Santa Cruz, en la asunción de Carlos Sancho. La Argentina es una gran mancha de aceite sobre la que es difícil hacer pie: el nuevo gobernador santacruceño es hijo de Pablo Andrés Sancho, intendente de Río Gallegos durante la dictadura y a quien Kirchner conoció, como abogado.

La reacción del Presidente es fría, no transmite asombro. «Hay que aclararlo absolutamente. Tienen que entender que la política de derechos humanos es inamovible», dice Kirchner. El Presidente volvió a comunicarse con Garré al día siguiente, es decir ayer.

La reunión en el Edificio Libertador concluyó a las 9 de la noche. Godoy y cuatro funcionarios del Ministerio de Defensa, entre ellos el secretario de Asuntos Militares, José Vázquez Ocampo, y el director de Inteligencia militar, Carlos Aguilar, llegaron minutos después al Edificio Libertad, sede de la Armada. Allí los esperaba desde hacía horas el director de Inteligencia Naval, contraalmi rante Pablo Rossi, uno de los dos oficiales separados de sus funciones y a quien estaban dirigidos los informes enviados desde Trelew. El otro es el número tres de la Armada, Eduardo Avilés.

«Estaba en bolas», fue la piadosa descripción que hizo del marino uno de los funcionarios. El ministerio se ha formado la opinión de que Rossi no fue quien puso en movimiento la operación de espionaje. «Es un ‘barquero’, no un tipo de inteligencia», dicen, en la jerga marinera. Su cercanía con Godoy no lo salvó.

En el Gobierno sospechan de una línea entre los mandos medios que iría más allá de Inteliegncia, desde donde habrían salido las instrucciones. «A lo mejor es igual en todas las bases…», dicen.

La situación de Godoy parecía frágil anoche.

La Nación
Por una denuncia del CELS

Fueron acusados de haber ordenado espionaje en Chubut

El jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, ordenó anteayer el relevo de dos importantes oficiales superiores de la fuerza, el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Eduardo Avilés, y el director de Inteligencia Naval, contralmirante Pablo Rossi, ambos denunciados ante la Justicia por ordenar, supuestamente, la realización de tareas de inteligencia, lo que sería una clara violación de las leyes de defensa nacional y seguridad interior. El suceso se produce a poco menos de una semana del aniversario del golpe de Estado de 1976.

Dichas tareas de inteligencia –que habrían consistido en seguimientos ilegales a dirigentes políticos, gremiales y sociales, y a periodistas– se efectuaron desde la base aeronaval Almirante Zar, en Chubut. La denuncia fue presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante el juzgado federal de Rawson, a cargo de Jorge Pfleger, quien de inmediato ordenó un allanamiento en la base naval.

El relevo del vicealmirante Avilés (tercero en la fuerza) y del contralmirante Rossi (séptimo en el escalafón) se decidió anteanoche, durante una reunión que el jefe de la fuerza, Godoy, mantuvo con la ministra de Defensa, Nilda Garré. Durante ese encuentro, la funcionaria ordenó una amplia investigación del caso, que estará a cargo del vicealmirante Benito Italo Rotolo, subjefe de la fuerza y segundo en la línea de mando.

Según la denuncia del CELS, las tareas de inteligencia ilegales -que incluyen fotos, informes y ficheros-que se realizaron en Chubut contienen también fichas referidas a la ministra Garré y al ex viceministro del área, Jaime Garreta. Sobre la primera, no obstante, sólo se había recabado información pública que consta en las páginas web del Ministerio de Defensa y de la Cámara de Diputados.

«Hemos dado instrucciones para que se profundice al máximo esta investigación y conocer sus alcances. Se trata de una situación grave, por lo que hay que averiguar si estas órdenes de realizar tareas de inteligencia se circunscribieron a la base Almirante Zar o se extienden a toda la fuerza», indicó la ministra Garré a LA NACION.

La funcionaria añadió que, aun cuando se tratara de un hecho circunscripto sólo a la base de Trelew, sería un hecho grave que viola la legislación vigente. «Es un alerta rojo que nos motiva a investigar lo que sucede en materia de inteligencia no sólo en la Armada, sino también en las restantes fuerzas», aseveró.

Por su parte, en un comunicado, la Armada precisó que el relevo de Avilés y Rossi se produjo por su supuesta vinculación «a recolección de información sobre circunstancias y personas, que versarían sobre ámbitos internos que exceden el marco legal de actuación de los organismos de inteligencia militar».

«La Armada Argentina, comprometida en su plena inserción institucional en la vida democrática de la Nación, deplora la posibilidad de que pudieran ocurrir hechos de esta naturaleza, pero encuentra en ellos la oportunidad de fortalecer y extender los cambios que reclama la plena vigencia de un Estado de Derecho», finaliza el comunicado.

La denuncia del CELS

Durante una conferencia de prensa, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, indicó que la denuncia que presentó ante la Justicia se suscitó a partir de información que le suministró un funcionario de la Armada que se había negado a cumplir una orden «prohibida por la ley».

Dicho funcionario -de identidad reservada- aportó material fotográfico de un archivo de la oficina de la base, órdenes secretas, fotos de manifestantes y fichas de funcionarios provinciales y nacionales.

Según los miembros del CELS, dichas tareas de inteligencia supuestamente ilegales se habrían ordenado por la inquietud que genera en la base militar sospechosa la posibilidad de la reapertura de la causa judicial por la llamada masacre de Trelew, ocurrida en 1972, en la que fueron fusilados dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que intentaron fugarse de prisión.

Verbitsky -acompañado por Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, y del abogado del organismo, Rodrigo Borda- indicó que las tareas de inteligencia ilegales no sólo involucraban actores sociales, políticos y gremiales de Chubut, sino también a funcionarios nacionales, como Garré y Garreta. Aclaró, no obstante, que en el caso de Garré el material reunido es de acceso público, mientras que sobre Garreta «hay información de su militancia política en épocas pasadas».

Según las autoridades del CELS, la denuncia refleja «aspectos inquietantes de prácticas que deberían estar desterradas», y confió en que el Estado finalmente ordene una investigación profunda del caso «para que se determinen todos los responsables».

Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION

Por David Encina

Periodista

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Trabajador. Asesoría en comunicación social, comercial y política para el desarrollo de campañas. Análisis de servicios al cliente y al público. Aportes para la gestión de redes sociales con planificación estratégica.

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