Revelan en EE.UU. que el gobierno espió millones de llamadas

Se supo así que la intromisión del gobierno de George W. Bush en las vidas privadas de millones de norteamericanos, sin autorización judicial previa, es mucho más amplia de lo que la Casa Blanca reconocía hasta ahora.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el espionaje contra el terrorismo se multiplicó. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), ultrasecreta, recolecta desde hace cuatro años y medio los registros de las llamadas telefónicas hechas por los usuarios dentro de Estados Unidos, los almacena en una gigantesca base de datos y busca sus vínculos con terroristas.

Bush defendió el programa, cuya existencia no confirmó ni desmintió explícitamente, al sostener que se encuentra dentro de la ley, aunque los legisladores demócratas y algunos del Partido Republicano plantearon serias dudas y reclamaron una investigación.

El gobierno, dijo Bush, “no está analizando ni se está entrometiendo en las vidas privadas de estadounidenses inocentes". Por el contrario, afirmó, la NSA "apunta estrictamente a Al-Qaeda y sus afiliados conocidos".

El periódico reveló que la NSA recolecta en secreto los registros telefónicos de "decenas de millones [de usuarios], la mayoría de los cuales no son sospechosos de ningún delito [ni de vínculo terrorista alguno]".

La base de datos comenzó a operar luego del 11 de septiembre de 2001, cuando tres de las cuatro mayores empresas de telecomunicaciones en este país -AT&T, Verizon y Bellsouth- accedieron al pedido de la NSA. La cuarta compañía, Qwest, se negó, ya que sus abogados plantearon sus dudas sobre la legalidad del pedido y sus riesgos financieros, ya que la normativa de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) establece multas elevadísimas por entregar este tipo de información de los consumidores.

El programa no incluye que la NSA escuche o grabe las conversaciones, ni los nombres, domicilios y otros datos de los usuarios, según aclaró el diario. "Pero los números telefónicos que recolecta la NSA pueden ser fácilmente cruzados con otras bases de datos para obtener esa información", señaló.

En diciembre, la Casa Blanca debió reconocer que interviene llamadas y mensajes de correo electrónico sin orden judicial previa, pero sostuvo que sólo lo aplica para sospechosos de vínculos con Al-Qaeda y si se trata de comunicaciones desde o hacia Estados Unidos.

Bush admitió la existencia de ese programa después de que lo revelara el diario The New York Times. Ayer, tácitamente aludió al control al menos parcial de las comunicaciones dentro del país, sin un tribunal de por medio, aunque dijo que se hizo "dentro de la ley".

"La privacidad de los estadounidenses es protegida con fiereza en todas nuestras actividades", garantizó Bush, que también criticó a USA Today, pero sin nombrarlo. "Cada vez que se filtra información sensible de inteligencia, se lastima nuestra capacidad de derrotar a este enemigo", sostuvo.

Ambos programas fueron iniciados bajo el mando del general de la fuerza aérea Michael Hayden, quien entonces dirigía la NSA y ahora es el segundo de la Dirección Nacional de Inteligencia que conduce John Negroponte. Y esta semana, Bush lo designó para conducir la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Su designación quedó en serio riesgo, ya que deberá obtener el apoyo del Congreso, donde la revelación de USA Today causó revuelo.

Citación

Legisladores de ambas cámaras y ambos partidos anticiparon que citarán a ejecutivos de las compañías de telecomunicaciones y funcionarios del Ejecutivo para que expliquen los alcances del programa.

"¿Por qué las compañías no están protegiendo a sus clientes?", inquirió el senador republicano Charles Grassley, quien señaló la obligación de "proteger la privacidad mientras no haya una sospecha de que se trate de un terrorista o un delincuente".

La negativa de Qwest de aportar los datos de sus 14 millones de usuarios a la NSA, aun luego de recibir un pedido para que demuestre su "apego a la patria" y amenazas de perder contratos con la comunidad de inteligencia, acentuó la polémica.

Según reveló USA Today, los ejecutivos de la compañía, con asesoramiento de sus abogados, expresaron dudas sobre la legalidad del programa, dirigido a armar un "análisis de las redes sociales" de los consumidores y, como meta final, detectar cómo se comunicaban las eventuales redes terroristas que pudieran existir dentro de este país.

Los abogados de Qwest sugirieron a la NSA que pidiera una autorización judicial u obtuviera al menos la venia del Departamento de Justicia, lo que fue descartado desde la agencia ya que admitieron que los tribunales y el Departamento "podrían no coincidir con ellos", según confiaron dos fuentes al diario.

AT&T, Verizon y BellSouth emitieron comunicados en los que citaron razones de confidencialidad o de seguridad nacional para no comentar lo ocurrido, aunque señalaron que habían actuado dentro de lo establecido por la ley. Pero el Congreso ya pide una investigación.

Por Hugo Alconada Mon