Los ministros involucrados en el singular episodio son los de Desarrollo Sostenible y Planificación, Carlos Villegas; de Minería, Walter Villarroel, y la de Desarrollo Económico y Microempresa, Zelinda Sosa.
El gobierno dijo anoche que no negociará “bajo ninguna medida de presión ni chantaje” con los secuestradores y que pidió al fiscal general, Pedro Gareca, que inicie la investigación para sancionar a los autores.
Los tres ministros habían viajado ayer a Puerto Suárez, 1800 kilómetros al sudeste de La Paz, para negociar con el comité cívico local la licitación internacional para la explotación de los yacimientos de hierro del Mutún.
Exigencias
Pero los pobladores de Puerto Suárez, pueblo de frontera frente a la ciudad brasileña de Corumbá, los retuvieron como rehenes y exigen que el gobierno legalice las operaciones en la zona de la siderúrgica boliviano-brasileña EBX.
Esta empresa pretende explotar los yacimientos de hierro de Urucum, en Brasil, y fundirlos en una planta que instaló en territorio boliviano, utilizando carbón vegetal para alimentar sus hornos.
Aunque ya fue instalada la planta, su funcionamiento no fue legalmente autorizado por Bolivia y tampoco cuenta con el permiso ambiental necesario para operar.
Pese a ello, según las autoridades nacionales, ya deforestó 300 hectáreas de bosque tropical.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, anunció anoche que el gobierno no autorizará el funcionamiento de la planta porque la Constitución prohíbe que se instalen empresas extranjeras en un área de hasta 50 kilómetros del límite de fronteras.
