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POLÍTICA

Someterán a Liporace a juicio político

La Nación
 
Polémico magistrado: definiciones en la Justicia
El Consejo de la Magistratura suspendió por amplia mayoría al magistrado que estuvo a cargo de la causa Southern Winds
 

  • Está acusado de graves irregularidades en tres expedientes penales
  • Dentro de los próximos seis meses el Jurado de Enjuiciamiento deberá decidir si lo destituye

 
El Consejo de la Magistratura resolvió ayer someter a juicio político por mal desempeño a Carlos Liporace, el polémico juez de la causa de tráfico de drogas en la que está involucrada la empresa Southern Winds (SW).

Además, se dispuso su inmediata suspensión al frente del Juzgado Federal en lo Penal Económico Número 4. Así lo resolvió el Consejo de la Magistratura por una amplia mayoría de 15 votos en favor y dos abstenciones.

"Notable arbitrariedad", "claro desconocimiento de la ley" y "falta de imparcialidad" son algunos de los cargos que pesan sobre el juez, cuyo futuro quedó ahora en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que tiene seis meses para decidir si lo removerá o lo restituirá en su cargo.

Tres causas llevaron a Liporace al juicio político. Una es la que investiga el contrabando de casi 60 kilos de cocaína a España en septiembre de 2004 en un vuelo de la empresa SW; otra, la que persigue por evasión fiscal agravada a miembros de la empresa Garantía Compañía Argentina de Seguros, y la última, un sumario que la AFIP le inició a la compañía Yoma SA.

En todas ellas, Liporace cometió "graves irregularidades" y "desprestigió el cargo que le fue conferido", según sostuvo el fallo del Consejo de la Magistratura, que advirtió: "En las tres causas, Liporace intencionalmente ejerció de manera abusiva y desviada los poderes de su cargo para favorecer a una de las partes. En los tres casos, a la defensa".

Una decisión veloz

Para someter a Liporace a juicio político no hizo falta debate. Ayer, cuando los consejeros se reunieron, todos parecían tener la decisión tomada. La suspensión era inexorable.

Unas horas antes del plenario, el juez había intentado un último recurso. Presentó un escrito en el que alegaba deficiencias en el trámite de la investigación en su contra que -denunció- atentaban contra su derecho de defensa. Dijo, por ejemplo, que los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura no habían tenido oportunidad de escuchar su descargo.

La consejera y diputada Marcela Rodríguez (ARI) rechazó cada queja. "No son más que maniobras dilatorias", afirmó. El plenario estuvo de acuerdo y, sin más, se votó por el juicio político.

Salvo los senadores Nicolás Fernández (Frente para la Victoria) y Norberto Massoni (UCR), que pidieron más tiempo para analizar el caso, los otros consejeros presentes votaron por la acusación y designaron a los diputados Federico Storani (UCR) y Rodríguez para actuar como fiscales ante el Jurado.

Storani, que tuvo a su cargo la investigación en el Consejo, es optimista. Aseguró a LA NACION que "hay pruebas más que suficientes para acreditar el mal desempeño" de Liporace. "Su actuación, como juez, fue realmente lamentable", afirmó el diputado.

La causa contra Liporace en el Consejo comenzó tras una denuncia de su superior, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que en mayo de 2005 lo apartó del caso SW. Entonces, el tribunal entendió que el magistrado había "perdido la imparcialidad".

Ayer, los consejeros compartieron el criterio de los camaristas: "Liporace, en su afán de que sean apartados de la investigación y eximidos de toda sospecha los directivos de SW y los empleados vinculados con el Estado, sucumbió en una parcialidad manifiesta que lo llevó a la comisión de irregularidades". Entre ellas: haber citado a empleados de SW como testigos por medio de abogados de la empresa, lo que podría intimidarlos si tenían que declarar contra sus jefes; haber omitido los allanamientos a las casas del presidente de SW, Juan José Maggio, y de su hermano Christian; haber armado legajos paralelos al expediente, y demorar en forma infundada importantes medidas procesales.

En cuanto al expediente Yoma SA, el Consejo sostuvo que Liporace autorizó un pago "a todas luces ilegal" en beneficio de la empresa (que estaba acusada de evasión tributaria), y así "perjudicó millonariamente al Estado".

En el expediente Compañía de Seguros, al magistrado se le imputa haber dictado fallos contradictorios de "notoria arbitrariedad". Primero, procesó a un imputado y lo dejó en libertad; luego, sin más pruebas, dispuso su prisión preventiva pero omitió la orden de captura, única forma de hacerla efectiva. Según el Consejo, en este caso Liporace buscó beneficiar a una de las partes.

Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION

 
 
 
 
 

Por David Encina

Periodista

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Trabajador. Asesoría en comunicación social, comercial y política para el desarrollo de campañas. Análisis de servicios al cliente y al público. Aportes para la gestión de redes sociales con planificación estratégica.

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