Frenar los ajustes tarifarios. Transporte, gas, luz, agua y otros servicios.

Por Vilma Ripoll para Alternativa Socialista, publicación del MST en Mov. Proyecto Sur.

La creciente suba de tarifas es una realidad en la Argentina K. Luego de idas y venidas, la “sintonía fina” de Cristina en materia de energía, transporte y servicios como el agua, se traduce en tarifazos que paga el pueblo. La disputa con los gobernadores e intendentes es sólo por ver quién paga el costo. Pero, junto a los empresarios, todos coinciden en descargar la crisis en el pueblo. Urge frenar la ola de ajustes tarifarios.

Días atrás, desde la refinería de YPF en Ensenada y por cadena nacional, Cristina defendió la suba del 300% del precio del gas en boca de pozo. Lo justificó diciendo que “el aumento reportará a las empresas una rentabilidad de $ 900 millones”. Más otros $120 millones que irían a las arcas de las provincias.Se refería a la ganancia de YPF, Pan American Energy, Total, Petrobras, Wintershall que venían cobrando $ 0,15 por metro cúbico y cobrarán $ 0,60. ¿Quién pagará los 1.000 millones de diferencia? El impacto recaerá en buena medida sobre los 1,8 millones de autos que cargan GNC.
Ajustar es el verbo que deben conjugar también gobernadores o intendentes por la política de “congelamiento” de subsidios del gobierno K. Así, intendentes bonaerenses deberán ajustar cuentas al notificarles la Nación de la quita de subsidios sobre las tasas de alumbrado público.
En Capital, Macri autorizó una nueva suba en los peajes que llega hasta un 33%. Más otra alza del 24% para enero próximo en el ABL que había subido 300%. Mientras Scioli aumentó hasta un 28% la luz en gran parte de la provincia. Y quedó firme la suba del 180% en el agua que habían rechazado los consumidores con un fallo favorable del juez Arias. Pero ABSA apeló y la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata favoreció a la empresa contra los usuarios.
En una carrera donde los precios y los servicios transitan por autopista mientras los salarios van por vía lenta, autorizaron subas en la medicina prepaga del 39% desde diciembre, taxis que subieron 550% desde el 2003, un 25% a 45% las expensas, aumentan las cocheras, los servicios bancarios, de TV por cable, internet y telefonía. Tarifazo para todos los gustos (de empresarios y gobiernos). Y el disgusto de los usuarios.

 

Transporte: ajuste próximo con y sin SUBE.

En el transporte, Cristina intenta también dosificar el ajuste tarifario para reducir costos políticos. Como si empezase de nuevo, traspasó la Secretaría de Transporte, luego del procesamiento de Schiavi y las 51 muertes de Once. Unificándola en el ministerio de Interior y Transporte.
Sobre el total de $74.500 millones de “subsidios económicos” que paga el gobierno K, el transporte recibe casi el 30%, acumulando en 2011 unos $22.000 millones. Una montaña de plata cuyo costo necesitan ir trasladando a los usuarios.
En lo acumulado del 2012, los subsidios a colectivos suman $ 7.759 millones; a los trenes, $ 2.545 millones y al subte, $ 240 millones. Esto suma $ 10.544 millones en lo que va del año. Con esto en el ferrocarril el Roca, el gobierno paga un subsidio de $12,84 por boleto y en el San Martín de $14,38. Mientras De Vido dijo que el boleto mínimo de colectivo en Capital sería de $ 4,44 sin subsidio.
Con su idea de “subsidiar a las personas, no a las empresas”, aumentaron en una primer etapa los boletos del que no pague con la SUBE. En un tarifazo del 80% al 120% con el que eliminaron la mayoría de las hasta 5 secciones para pagar los boletos según el recorrido; quedando sólo con dos secciones de $ 2 y $ 4.
En una próxima etapa, habrá una “segmentación en los valores”, debiendo pagar con aumento aunque tenga SUBE, pero queda fuera del requisito para el subsidio. Como es difícil identificar quien entra o no en el escalonamiento de precios, puede que haya que demostrar pobreza para no pagar con suba.
El 60% de los subsidios a colectivos y trenes van al pago de personal. Mientras un 4,5% va a mantenimiento de unidades de colectivos y 11% a materiales de trenes. Es el fracaso del modelo privatista de los ‘90, continuado por los K al mantener concesiones y subsidios.
Tanto en el transporte como en los demás servicios se deben frenar los tarifazos. Y luchar por anular las privatizaciones y reestatizar esas empresas, pero bajo el control social de trabajadores y usuarios.

Entre denuncias de coimas, Daniel Scioli impuso paquete impositivo.

Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.

Al final Daniel Scioli sacó por decreto el revalúo fiscal de los campos, el punto más resistido por los productores y exigido por Cristina para hacerse de unos $1.000 millones que van a las arcas nacionales ya que el revalúo tributa a Bienes Personales y Ganancia Presunta que no son coparticipables.

El gravamen provin-cial al campo es el inmobiliario rural. Aunque la presenten de reforma progresiva, ese único punto con barniz “progre” lo usan para tapar lo grueso del paquete. Scioli espera recaudar $2.650 millones, fundamentalmente por aumentos en Ingresos Brutos y Sellos. No afectando sólo a los grandes contribuyentes porque las empresas los trasladarán a las tarifas y precios. Los terratenientes sabrán evadir y así pagarán el pueblo y los sectores medios. Además de un mayor endeudamiento que se preanuncia futuros ajustes.

La provincia reconoce que el agro aportará sólo $400 millones, es decir, el 15% de los 2.650 millones que recaudaría la provincia. Y hay negociaciones con la dirigencia agraria para tranquilizarlos. Scioli no es un Robin Hood que vaya a quitar a los terratenientes para dar al pueblo como quisieron hacer creer muchos K.

Este paquetazo aparece como la Banelco de Scioli y los K al ventilarse los dichos de Mariotto sobre “valijas voladoras” para coimear diputados. Y al fotografiarse a Ottavis de la Cámpora, cuando comentaba por su celular sobre pagos de $150 mil a legisladores para dar quórum. Antes se habló de ofertas de $500 mil pesos con nombres de 2 diputados.

Scioli no dijo palabra. Pero Vilma Ripoll lo denunció y reclamó investigar, señalando que los dichos de coimas invalidaban el impuestazo y el endeudamiento. Paquete que no podía aprobarse si el PRO y el FAP no daban quórum primero y retiraban luego un legislador para que el PJ alcanzar la mayoría para votar. Como dijo Ripoll, se requiere una reforma verdaderamente progresiva que grave a los terratenientes y grandes empresas, suspender el pago de la “deuda pública” hasta investigar su carácter fraudulento y recuperar la coparticipación que los gobiernos K, de Menem y De la Rúa le robaron a la provincia.