Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.

Para los millones que usamos el subte a diario, viajar como ganado se volvió parte de nuestras vidas. Rechazamos cualquier suba y además exigimos mayor frecuencia para poder viajar dignamente. Eso se puede lograr sólo si el subte deja de ser un negocio privado para pasar a ser realmente un servicio público.

Con los K ó Macri, servicios privatizados.

Por más que discutan, Cristina Kirchner y  Mauricio Macri coinciden en lo central: la continuidad del modelo de transporte privatizado que inició Fernando De la Rúa en el subte y profundizó Carlos Menem en los ferrocarriles. De hecho, ambos serán responsables de las subas que se vienen en el boleto.

Pese a su discurso nac&pop, Cristina mantiene desde hace años el modelo de los ’90, con sus consiguientes negociados para las empresas. Macri, aunque junto a los K le abrió la puerta a que la Ciudad también pueda subsidiar a los privados (ver recuadro), prefiere que los pague el gobierno nacional o directamente los usuarios. Con una u otro, Metrovías seguirá ganando millones hasta el fin del contrato, en el 2017, y los pasajeros pagaremos los costos, quizás mediante un boletazo “gradual”.

Nuestra propuesta.

Como bien denunció el compañero Néstor Segovia, secretario general adjunto del Sindicato del Subte, “el pasajero viaja como ganado por falta de formaciones y otras deficiencias del servicio.»

Ante esta situación, es preciso debatir otra salida que asegure un mejor sistema de transporte. En efecto, el manejo del subte y su control deben pasar a manos de la Ciudad. A partir de ese paso, hace falta debatir qué modelo de transporte necesitamos. En nuestra opinión, ante los incumplimientos de Metrovías hay que rescindir el contrato y terminar con la concesión privada. El subte debe volver a ser público y estatal, controlado por sus trabajadores, técnicos, profesionales y usuarios.

Toda la comunidad que los utiliza a diario tiene que ser parte de construir un proyecto que garantice un servicio público eficiente, seguro y económico. A la vez, se deben respetar todos los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores, que hoy se organizan en la AGTSYP. Y esos cambios deben ser parte de un sistema metropolitano integrado de transporte público -subtes, colectivos, trenes, Metrobús- que ponga como prioridad de la gestión las necesidades de la población.

Antecedentes.

• 8/11/2001. En una sesión controvertida, la Alianza, el PJ y la derecha aprobaron de apuro la Ley 670 sobre la traza de ampliación del subte. Como lo habían pactado en una reunión secreta de la que excluyeron a la izquierda y la ley sostenía la privatización, nuestra entonces diputada Vilma Ripoll cuestiono todo y se retiró. El otro diputado de Izquierda Unida sólo se quedó para votar en contra. La ley establecía una “comisión de seguimiento” de las obras, con dos miembros por el Poder Ejecutivo a través de SBASE y siete legisladores.

• 21/4/2005. El macrismo, los K y otros bloques aprobaron la Ley 1.676 por la que se autorizó la transferencia de 160 mil pesos a la “comisión de seguimiento”, que además debía elevar a la Legislatura informes bimestrales sobre al avance de las obras.

• 15/5/2008. El PRO, los K y otros bloques aprobaron la Ley 2.710, que modificó la 670 e incluyó una novedad significativa: que la Ciudad pueda otorgarle subsidios a Metrovías o a otro concesionario. Nuestra entonces diputada Patricia Walsh criticó el sistema privado, denunció que la “comisión” nunca funcionó y votó en contra. A propuesta suya, se dispuso que la “comisión” debía reunirse cada tres meses con representantes de los trabajadores del subte.

• 21/10/2010. El PRO, los K y otros bloques aprobaron la Ley 3.605, que elevó de siete a nueve los diputados miembros de la “comisión de seguimiento” de las obras de ampliación del subte. Nuestro diputado Marcelo Parrilli se abstuvo.