Comunicado. Hoy miércoles 27/11, desde las 15 hs, CAEL y otras organizaciones sociales y de derechos humanos convocamos a una manifestación frente al Congreso de la Nación para rechazar el texto del nuevo Código Civil y Comercial al que el oficialismo tratará de dar media sanción en el Senado. Las modificaciones introducidas la semana pasada son un retroceso con respecto al proyecto original y ponen en riesgo derechos ya reconocidos en nuestro país, a la vez que constituyen una afrenta al laicismo de Estado.

Hoy el Senado intentará aprobar el texto del nuevo Código Civil que tuvo dictamen la semana pasada. En es reunión de comisión, el bloque oficialista aceptó una modificación propuesta por la Senadora puntana, supernumeraria del Opus Dei,Liliana Negre de Alonso, para definir como personas a todos los embriones, incluyendo a aquellos concebidos mediante técnicas de reproducción asistida, aun antes de ser implantados en el útero. Esta modificación, junto a otras que modifican el texto original, despertó el rechazo generalizado de organizaciones laicistas, de diversidad sexual, de derechos reproductivos y del colectivo de mujeres, entre otros amplios sectores de la sociedad civil.

Por ese motivo, hoy desde las 15 hs. llamamos a todas las personas a manifestarse frente al Congreso de la Nación para expresar el rechazo a los cambios acordados entre el oficialismo y parte de la oposición con la iglesia católica. En particular, desde CAEL rechazamos los cambios por sus consecuencias en  cada caso particular, y fundamentalmente por representar ungravísimo retroceso en el camino hacia un Estado Laico.

Los cambios rechazados

El proyecto original sólo consideraba persona a los embriones concebidos in vitro tras la implantación, aclaración que el oficialismo aceptó eliminar a pedido de la Senadora Negre de Alonso. Con la actual redacción, en una lectura integral del Código, la interpretación sobre el estatus legal de los embriones congelados es al menos ambigua y pone en grave riesgo los derechos adquiridos en materia de fertilización asistida. En cualquier caso, desde CAEL reiteramos nuestra oposición a que se considere a cualquier embrión como persona, lo cual niega el derecho de quien gesta a decidir sobre su proyecto de vida y busca en realidad bloquear -inútilmente, puesto que no se debaten aquí normas penales- el debate por la legalización del aborto.

Esta modificación, se suma a cambios que ya había hecho el bloque oficialista con respecto al texto elaborado por la comisión redactora con las modificaciones hechas por el Poder Ejecutivo Nacional. En efecto, el bloque del FpV presentó la semana pasada un borrador de dictamen en el que se eliminaba la regulación de la gestación por sustitución en todos los casos y en el que se imponía el principio de filiación por el parto, aun cuando no exista voluntad procreacional (lo cual cobra mayor relevancia mientras el aborto siga estando penalizado en la Argentina).

Por otro lado, en el reclamo que desde hace tiempo sostiene CAEL de terminar con el privilegio de la iglesia católica de ser considerada persona jurídica pública -privilegio obtenido durante la dictadura de Juan Carlos Onganía-, el texto aprobado no sólo mantiene dicho trato privilegiado, sino que acentúa el trato discriminatorio al aclarar que «las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas» son personas jurídicas privadas (luego de decir lo contrario para la iglesia católica). Más aún, aquellas organizaciones reunidas en torno a creencias no consideradas como religiosas no son consideradas en pie de igualdad, lo que introduce un segundo nivel de discriminación por motivo de creencias o convicciones. (En este vínculo puede leerse la ponencia de CAEL en las audiencias públicas por la reforma.)

En cualquier caso, lo que nos preocupa más en general es la injerencia que el lobby de la jerarquía católica tuvo en el texto del que se proponía como el Código Civil del siglo XXI. De una ley que prometía ser revolucionaria apenas quedan algunos avances y un mayor orden expositivo, lo que pone de manifiesto elrenovado clericalismo de la política argentina, del que CAEL viene alertando hace tiempo.

Como militantes de derechos humanos que abogamos por un Estado Argentino realmente laico y respetuoso de todas las personas, sin discriminación por sus creencias y convicciones, no podemos menos que repudiar enérgicamente las concesiones hechas por el oficialismo y parte de la oposición, así como el clericalismo que casi todo el arco político ha mostrado desde que Jorge Bergoglio se convirtió en papa católico y jefe de estado del Vaticano.

Resulta irónico que quienes alzan la bandera de la Soberanía Nacional, subyuguen, recorten y modifiquen textos legales de suma importancia por las presiones del jefe de un Estado europeo, lo que pone en juego nada menos que la ampliación o cercenamiento de derechos de las personas que habitan nuestro país.

Por eso hoy nos unimos a todas las organizaciones de derechos humanos y a todas las instituciones y personas que pugnan por el laicismo y los pilares básicos de la democracia, para oponernos a estas reformas clericales y llamamos a todas las fuerzas políticas a dar marcha atrás o a mantener el texto vigentedel Código de Vélez Sarsfield que, con sus dificultades, al menos guarda en sus sucesivas reformas la huella de históricas luchas por la igualdad y el laicismo.