Diario HOY.

El futuro judicial de Cristina Kirchner en la causa por el acuerdo entre Chevrón-YPF se empieza a definir: la Cámara Federal de Casación, la máxima instancia penal del país, abrió un recurso de queja fiscal y decidió intervenir para definir si la Presidente debe o no ser investigada en el caso.

La denuncia es por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al haber convalidado el acuerdo Chevron-YPF para la explotación de petróleo en Vaca Muerta. También se la denunció por daño ambiental por la exploración de tipo fracking, esto es la ruptura de rocas con agua a altísima presión- para extraer el «shale-gas» que existe en esa zona del país.

Según la presentación del diputado porteño Alejandro Bodart (MST – Nueva Izquierda) y el abogado ambientalista Enrique Viale, la firma del decreto 929/2013 constituye «una clara violación» a lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos (17.319), su modificatoria (26.197) y al artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que «corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios».

Al tomar intervención en primera instancia, el fiscal federal Eduardo Taiano consideró que no había «irregularidad o inobservancia legal» en el caso, y optó por no impulsar la causa, un requisito necesario para iniciar una investigación formal.

El artículo 195 del Código Procesal Penal establece que «la instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal o de una prevención o información policial» y «el juez rechazará el requerimiento fiscal u ordenará el archivo de las actuaciones policiales cuando el hecho imputado no constituya delito».

Pero la jueza María Servini de Cubría declaró nulo el dictamen, tras lo cual Taiano apeló y la Sala II de la Cámara Federal confirmó la nulidad, con lo cual habilitaba a que se investigara a la Presidente. Luego fue otro fiscal,Germán Moldes, quien compartió la decisión de su antecesor, y apeló el fallo de Cámara.

Ahora, en una resolución del 29 de agosto pasado a la que Infobae accedió, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal abrió la queja presentada por Moldes, lo que implica que aceptó tratar el caso y sólo resta definir si finalmente Cristina Kirchner seguirá siendo investigada o no por esta denuncia.

Los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, de la Sala II, resolvieron hacer lugar a la queja al poder constituir el caso «cuestión federal». La jueza Liliana Catucci votó en disidencia por no aceptar el caso por la «insuficiencia argumental del recurso de casación del fiscal» y porque no «puede ser soslayada con la mera invocación de gravedad institucional».

Días atrás, el tribunal corrió vista para que la fiscal ante Casación, en el caso Gabriela Baigún, opine sobre el caso lo que podría hacerlo en el mismo sentido que sus antecesores o no.

De confirmarse la decisión de la Cámara Federal, la jueza Servini de Cubría quedaría habilitada para emprender una investigación contra la Presidente, aunque también queda la instancia de apelación ante la Corte Suprema de Justicia que es donde finalmente puede terminar de definirse la cuestión.