A partir del minuto 18.00 intervención y propuesta de David Encina, Secretario de Seguridad y Derechos Humanos del Consejo Consultivo.
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Se viene la Segunda edición de La Marcha de las Putas.
El 3 de Noviembre LA MARCHA DE LAS PUTAS vuelve a las calles, a marchar reclamando por los derechos humanos para las humanas. Por una ViDa LiBrE dE vIoLeNcIaS pArA lAs MuJeReS.
Analía Pumo y otras compañeras de la organización cuentan todos los detalles…. y mucho más.
CELN en el País: Una patota atacó el campamento de la Asamblea de Tinogasta en Catamarca.
Derechos Humanos
Una patota atacó el campamento de la Asamblea de Tinogasta en Catamarca.
Asambleístas de Tinogasta denuncian que el campamento instalado desde hace 7 meses en la entrada de la ciudad, y que impide sólo el paso de insumos hacia las mineras, fue atacado esta mañana por una patota. Según informó el asambleísta Darío Moreno, «quemaron todo lo que había y lo que no quemaron lo cargaron al camión y lo robaron». A pesar de la denuncia, ratificó que el bloqueo selectivo no será levantado. Por La Retaguardia en la RNMA.
Todo ocurrió en un descuido, mientras fueron al centro de la ciudad. Entre las cosas que no quemaron y se robaron había herramientas, ollas, carpas y mercaderías con las que sostienen desde febrero el bloqueo selectivo pacífico.
«Estamos consternados. A pesar de que uno conoce cómo se manejan, no podemos dejar de sorprendernos», dice Moreno, indignado. Relata que luego del robo siguieron al camión y que lo encontraron dentro de la municipalidad: «ya habían descargado las cosas. Queremos que la policía actúe, pero es como pedirle peras al olmo.
También aseguró haber hablando con el chofer del camión: «me dijo que les ordenaron que fueran, sacaran todo lo que pudieran y lo que no pudieran sacar lo quemaran».
«El bloqueo selectivo de Tinogasta sigue, para nosotros es el bastión más importante de la resistencia antiminera, el agua que defendemos en la cordillera es el agua que tomamos en toda latinoamérica. Este embate de ellos lo único que hace es fortalecer el espíritu de lucha nuestra», agregó, mientras reconstruía lo que vio al llegar al campamento: «imaginate: el lugar donde compartimos, donde comemos, que nos hayan quemado las cosas y nos hayan llevado las carpas, y hasta la mercadería que nos envía la gente de todo el país con una solidaridad muy grande. Lo único que consiguen es fortalecernos, esto no es un conflicto ambiental se están jugando nuestros derechos».
Mientras Darío Moreno brindaba los detalles de este informe, junto a otros asambleístas esperaban frente a la comisaría para realizar la denuncia.
Audio La Retaguardia:
La Agencia de Noticias RedAcción difunde el siguiente comunicado de prensa:
Tinogasta, 21 de septiembre de 2012
La municipalidad de Tinogasta festeja el inicio de la primavera como más le gusta, persiguiendo a los luchadores.
Una vez más quienes luchamos por la vida sufrimos un atentado por parte del poder político. Esta mañana el campamento del bloqueo selectivo de Tinogasta sobre la ruta nacional 60 fue saqueado y quemado por personal de la municipalidad local, bajo las órdenes del intendente Hugo “Grillo” Ávila, de quien actúan como patota personal. Robaron donaciones, carpas, frazadas, alimentos, carpas, herramientas –todo transportado en un camión municipal- y luego quemaron el acampe. Desde el 29 de enero de este año que sostenemos este bloqueo selectivo a los camiones con insumos y maquinarias con destino a la megaminera Alumbrera y a otros proyectos de la región, y esto claramente impacta negativamente sobre los intereses de las corporaciones transnacionales y sus socios los gobiernos nacional de Cristina Fernández y provincial de Lucía Corpacci.
Es así como intentan resolver los conflictos en todo el país, reprimiendo al pueblo, a las mayorías que estamos en la pelea por defender nuestros territorios. Ya en el pasado mes de julio nos reprimieron en la protesta realizada en Cerro Negro, nos encarcelaron a nuestro compañero Pablo y nos siguen persiguiendo por el pueblo. Una vez más los gobernantes al servicio de las empresas transnacionales. En el momento del ataque los integrantes de la asamblea estábamos desarrollando actividades en el pueblo, y aprovechando esta situación se abalanzaron sobre nuestro campamento, destruyéndolo completamente. Creen que esto nos detendrá, pero están equivocados, seguiremos adelante, luchando por el agua, por nuestro futuro, por la vida. Le decimos a todos los habitantes de nuestro país que no cederemos ante las presiones, amenazas y atentados, y los llamamos a participar en las distintas luchas contra este modelo de saqueo, contaminación y explotación al cual nos someten día a día.
¡Por Tinogasta no pasarán!
ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA DE TINOGASTA
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CELN en el Mundo
CELN en el Mundo.
MUJER y DERECHOS HUMANOS.
Charla – Debate
MUJER y DERECHOS HUMANOS.
Las disertantes son Natividad Obeso (Presidenta de AMUMRA) y Vilma Ripoll (Dirigente del MST y Diputada MC). Un panel más que interesante que esperamos todos/as puedan aprovechar, en el camino hacia el Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones, que se realizará el 6,7,y 8 de octubre.
Les esperamos a todos/as !
Repaso de las ‘epopeyas’ K. Verás que todo es mentira…
Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.
Así como ha utilizado con total demagogia el tema de los derechos humanos, el gobierno sostuvo anuncios emparentados con grandes causas nacionales. Para no tropezar con la misma piedra, es bueno repasar dónde quedaron esas hazañas K.
Las AFJPs ‘recuperadas’, los jubilados no.
A fines de noviembre de 2008, el Congreso aprobó un proyecto de la presidenta para ‘Nacionalizar’ los fondos de jubilaciones y pensiones –AFJP- que habían sido creados en 1994. Las voces oficiales relataban el fin de la miseria para los abuelos, pero los que enfrentamos la privatización de las jubilaciones decíamos que ese proyecto no iba a devolverle lo perdido a nuestros mayores que aportaron una vida.
Confirmando lo que denunciamos, a los 2 años de esa medida, Cristina vetó el 82% móvil, diciendo que era irresponsable aplicarlo. Hoy, a pesar de que el gobierno controla una caja con cerca de 100.000 millones de pesos anuales, el 75% cobran la mínima de $1687, mientras la plata del ANSESS se utiliza a discreción por la Casa Rosada. Además se mantiene la rebaja de los aportes patronales que implementaron Menem y Cavallo en el ´94 (y continuó De la Rúa), que sólo tomando hasta 2005 hubieran significado 80.000 millones de pesos al sistema previsional y otras áreas.
Con Aerolíneas sólo levantó vuelo Marsans
18 de Julio de 2008, a través del Secretario de Transporte Ricardo Jaime, el gobierno acordó con la empresa española Marsans, el traspaso de Aerolíneas y Austral. La operación duraría 60 días. En ese tiempo las partes se pondrían de acuerdo en el precio de la empresa. Desde el poder se hablaba de recuperación de la Línea de Bandera. Pero los que habíamos acompañado a los trabajadores en el 2000 y 2001 sabíamos que lo que se estaba persiguiendo era salvarle la ropa al grupo empresario que la venía vaciando, sobrevendiendo pasajes por casi 150 millones de pesos. Luego de unos meses el engaño quedó al desnudo se terminó avanzando en la expropiación de la empresa. Desde allí hasta la fecha, la empresa no ha mejorado. Hubo un conflicto a fines de 2011 y el gobierno -además de pedir que le quiten la personería a un gremio lo aprovechó para devolverle el control de la aviación civil a los militares, apoyándose en un decreto de la dictadura.
Malvinas: ¿para la reina que lo mira por TV?
Este año se cumplen 30 años de la guerra de Malvinas. Buscando hacer otro festejo como en el Bicentenario para contrarrestar la aparición de los problemas económicos, el gobierno arrancó con discursos y cruces con las autoridades británicas. La escalada verbal se redujo poco a poco, para pasar a anuncios que no cambian nada y finalmente con Cristina en Ushuaia reconociendo el derecho de los kelpers a decidir sobre las islas. Ahora se realizó un aviso publicitario (con una productora inglesa…) donde aparece un deportista entrenando en Malvinas. Al final se repite la misma idea: esperar y esperar, a que los ingleses se arrepientan y nos devuelvan lo nuestro. Eso sí, la Reina debe haber tenido que cambiar de canal…
Malvinas: Una posición equivocada.
Por Mariano Rosa para Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.
El kirchnerismo pretende con Malvinas retomar la iniciativa política y -una vez más- como antes con los derechos humanos u otras banderas del movimiento de masas, le imprime a esta justa causa anti-imperialista un doble discurso que genera debates y reacciones. En ese marco, un grupo de intelectuales -entre ellos Beatriz Sarlo o Juan José Sebreli – difundieron un documento con una posición distinta a la del gobierno, pero equivocada en su orientación política. En este artículo queremos terciar en la discusión y sentar nuestra visión del tema.
Está claro que el kirchnerismo utiliza la causa Malvinas. Se pinta de nacionalista y “progre”, pero la realidad es que se trata de una nueva puesta en escena. En la edición anterior de AS señalábamos que la política del gobierno nacional era en realidad una pantomima: la descla-sificación del Informe Rattenbach presentado como “novedad” –cuando hace años que se conoce- o la denuncia ante la ONU -reiterada por años- o la denuncia de militarización de Malvinas sin tomar ninguna medida concreta. Claro que hay manipulación y doble discurso K. El debate es cómo se lo combate y se construye una posición alternativa.
Malvinas es una causa justa.
El grupo de intelectuales que mencionamos más arriba defiende una posición que no compartimos en varios aspectos: primero, que niega la importancia de la recuperación de Malvinas. Es equivocado. La ocupación militar por Gran Bretaña las convierte en la principal base militar de la OTAN en el Atlántico destinada a proteger los inmensos recursos naturales ictícolas e hidrocar-buríferas de la cuenca.
En segundo término, identifica la lucha por Malvinas y su defensa como una bandera de nacionalismo reaccionario y patriotero. Se equivocan. La defensa del territorio y sus recursos frente a la ocupación imperialista es una tarea de primer orden en cualquier programa de independencia nacional antiimperia-lista ayer y hoy. Por último, no compartimos la idea de otorgar a los kelpers derecho a la autodeterminación como si se tratara de un pueblo originario. La población malvinense es transplantada. Y tienen nacionalidad británica. Si un argentino quiere radicarse allí, no puede. Pretender reconocer el derecho de autodeterminación a los kelpers es invertir los términos de la realidad histórica cuando son en realidad, población ocupante de un territorio invadido.
Una posición independiente y antiimperialista.
Las islas son un enclave neocolonial. Es de una justicia no negociable el derecho a la recuperación por parte de nuestro pueblo. Para avanzar en ese camino, la diplomacia en los foros internacionales dominados por el imperialismo es estéril sin tomar medidas de verdad antiimperialistas:
Hay que cortar todo pago de deuda externa a acreedores de países que apoyen la posición británica.
Se debe expropiar los depósitos bancarios de origen británico y las propias entidades de ese origen.
Toda empresa con capital inglés o de potencias aliadas a Inglaterra deben ser expropiadas.
·Cárcel preventiva a funcionarios o capitalistas de origen británico en nuestro país.
Y por supuesto, es clave desarrollar la más amplia movilización continental y mundial en apoyo a este reclamo. Los pueblos de todas partes ven con simpatía ese reclamo justo y soberano. Esta es la orientación que los socialistas del MST abonamos por Malvinas.
Roger Waters, con Argentina
La semana pasada, en una conferencia de prensa en Chile, el músico británico Roger Waters, ex líder de la banda Pink Floyd, dijo que “las Malvinas son argentinas” y cuestionó duramente al gobierno de Margaret Thatcher. Un ejemplo. […] Más»
Modelo cuestionado, gobierno complicado.
Editorial de Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.
Once, paritarias agitadas, subte devuelto, Ciccone
El choque del tren en Once impactó con fuerza.
Fue un gancho al hígado del poder oficial, porque puso sobre la mesa las terribles consecuencias de un modelo de entrega y saqueo que no ha cambiado.
Pero también mostró en vivo y en directo las ‘relaciones carnales’ del kirchnerismo con las empresas que se enriquecen con subsidios y no invierten un peso.
Durante días reinó la más pura desorientación en los despachos ministeriales.
Cada aparición pública empeoraba la ubicación del gobierno frente al pueblo trabajador.
Las movilizaciones realizadas y las que están preparando los familiares muestran que el tema está lejos de cerrarse con la intervención, porque requiere soluciones de fondo.
Muy pocos días antes se cuestionaba otro ‘pilar del modelo’.
De pie para defender su tierra, los pueblos de las provincias mineras ya habían dejado en falsa escuadra el relato ‘nac&pop’. Aquí también dominaron la crisis y las declaraciones chocantes del poder. La reunión de los gobernadores con De Vido, cerrando filas en defensa de la megaminería contaminante, despejo cualquier duda sobre el rumbo que se viene llevando y se pretende mantener.
Las movilización en Andalgalá y la de Congreso a Plaza de Mayo dejó constancia de que no les será fácil.
Paralelamente, la Gendarmería reconocía la existencia del “Proyecto X”, para espiar y perseguir dirigentes sociales y políticos. Garré insistió en que no se espía a ningún dirigente, mientras Vilma Ripoll, Pitrola y trabajadores de Kraft sufren el apriete de la justicia. El discurso K sobre los derechos humanos volvía a ser desmentido, como pasó tras la aprobación de la Ley Antiterrorista.
El menú se completa con la causa Ciccone, en la que Boudou se complica más y más.
A este panorama de cuestionamientos,se suma la discusión de las paritarias. Los docentes pararon y se movilizaron en Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba,Chaco, Misiones, Formosa, Capital y localidades de Neuquén. Se anunció un paro de CTERA para el 6, uno de ATE para el 7 y una marcha de la CTA el 14. Moyano tuvo que salir a rechazar los techos salariales.
En medio de la inflación creciente y con la certeza de un ajuste en camino, los trabajadores comienzan a plantarse frente a los que quieren hacerles pagar una crisis que no provocaron.
Todas estas cosas dan cuenta de un nuevo momento político. Los problemas estructurales asoman con fuerza y se revitaliza el debate por abajo. Parecen de otro siglo las especulaciones pos-elecciones.
El gobierno no consigue marcar la agenda a pesar de sus declaraciones sobre Malvinas. Puede haber algún tipo de medida ‘estatizante’ sobre Repsol para reposicionarse, pero no está clara su efectividad.
Y esto también vale para la oposición.
Binner comenzó el año volviendo a los abrazos con Alfonsín, mientras lanzaba un tarifazo y ofrecía un aumento miserable a los docentes. Macri aumentó más del 125% el boleto y ahora ‘devolvió’ el subte. Junto a la UCR, acompañan el rumbo de ajuste encarado por la Casa Rosada y no tienen ninguna propuesta para enfrentar la crisis.
Movilizarse contra TBA, por el castigo a los responsables y por la recuperación del ferrocarril, continuar la lucha contra la megaminería, enfrentar la Ley Antiterrorista y el Proyecto X, participar con fuerza en la pelea de las paritarias en todo el país, es la primera tarea que tenemos por delante.
Al compás de este proceso, tenemos que intervenir de lleno en el debate sobre los problemas estructurales y la solución que se necesita, batallando por un cambio rotundo y la puesta en pie de otro modelo de país, que recupere lo nuestro y lo ponga al servicio del pueblo trabajador.
Charlas, proyecciones de videos y debates pueden constituirse en espacios de discusión para trabajadores, estudiantes, luchadores sociales, que ya se están distanciando del gobierno y las variantes ‘opositoras’.
Todo esto debe estar unido a la batalla por la construcción de una alternativa política amplia, con un programa transformador, que se transforme en la herramienta de los de abajo. Para pelear por estas tareas y organizarnos en cada lugar de trabajo, de estudio o en tu barrio te invitamos a sumarte al MST.
Pronunciamiento de Plataforma 2012 en contra de la Megaminería.
Plataforma 2012 surge de la necesidad de construir una voz colectiva que pueda debatir abierta y públicamente los grandes problemas nacionales para contribuir al accionar social transformador, por fuera de los reduccionismos y del encapsulamiento del debate que promueve polarizaciones descalificadoras.
Plataforma 2012 es un colectivo de intelectuales y trabajadores de la cultura comprometidos en la lucha por un país verdaderamente independiente, una sociedad justa e igualitaria con plena vigencia de la libertad y los derechos humanos.
Plataforma 2012 se propone como un espacio plural, democrático e independiente de los diferentes grupos de poder, sea éste político, económico o mediático.
Desde su primer pronunciamiento, a comienzos de este año, Plataforma 2012 planteó la necesidad de recuperar el pensamiento crítico más allá del discurso del oficial. La enorme repercusión que produjo aquel primer documento y la cantidad de adhesiones que nos siguen llegando desde distintos puntos del país, confirman la existencia de aquella necesidad y comprometen a Plataforma a consolidar un espacio que pueda hacer audibles las múltiples voces que desde el campo popular piensan críticamente la realidad.
El relato oficial pretende enmascarar una realidad que eclosiona en diferentes manifestaciones en el cuerpo social.Plataforma 2012 considera que el desmontaje de ese relato – que por vía de la sacralización épica, la negación, la tergiversación, la desmentida, los silencios y ocultamientos tiende a imponer una visión monolítica y unívoca de la realidad – puede ser una herramienta que contribuya a resituar el debate de los grandes problemas nacionales. Desde esta perspectiva, los síntomas de malestar social, lejos de ser leídos como producto de algunas anomalías en el interior de un proceso transformador, pueden ser comprendidos como efectos de una política global de gobierno.
Tres son los ejes en los que Plataforma 2012 se ha centrado desde su primer pronunciamiento: desigualdad, en un registro abarcador, que no se mide solamente en términos económicos, sino de desigualdad social, educativa, sanitaria, ambiental, de género, así como las implicancias que esto tiene en términos de desigualdades políticas y deterioro institucional; vínculos del gobierno con las grandes corporaciones económicas; y violación de los derechos humanos hoy.
En este sentido, la problemática de la minería transnacional – que a través de las demandas de la pueblada de Famatina hizo visibles las luchas presentes en todo el país -, ha demostrado su urgencia y dramatismo. Este tipo de minería ilustra de manera cabal los tres puntos enunciados y cómo esta tríada se inscribe en una política nacional: mayores desigualdades económicas, territoriales, sanitarias, ambientales y sociales; alianza estratégica entre el gobierno nacional y grandes corporaciones mineras transnacionales; y violación de los derechos humanos a través de la criminalización de la protesta social. Del mismo modo, el problema de la megaminería ha desenmascarado el relato mistificador del gobierno, que procura deslindar su responsabilidad en la aplicación de la política megaminera y sus consecuencias, atribuyéndola a decisiones de competencia exclusiva de los gobiernos provinciales, como si la aplicación de esas políticas no respondiera a una política nacional impulsada por el Ejecutivo y como si esos gobiernos no formaran parte de la estructura de alianzas oficialista.
Durante los años `90, bajo el gobierno neoliberal de Carlos Menem, se introdujeron grandes modificaciones en la sociedad y la economía argentinas. Con apoyo del FMI y otros organismos internacionales, se privatizaron los recursos naturales, entre ellos los minerales, y se sentaron las bases de un nuevo marco normativo y jurídico en relación a éstos, que se extiende hasta nuestros días. La aplicación de estas políticas neoliberales acentuaron aun más las asimetrías, condenando a los países dependientes y periféricos a la extracción y provisión de bienes primarios en favor de los países más poderosos del planeta, consumidores de las mismas. En la actualidad, los resultados de la aceptación de este patrón de acumulación son conocidos: tendencia a la reprimarización del aparato productivo interno -hecho confirmado por diferentes informes económicos-; extranjerización de la industria, de recursos naturales (minerales, petróleo, gas, tierras y agua); concentración económica -en algunas empresas multinacionales, que controlan el mercado global-; especialización productiva -exportación de algunos productos, sin valor agregado-; desigual distribución de los conflictos ecológicos y territoriales, que perjudica a los países periféricos, y, dentro de ellos, a aquellos sectores sociales de mayor vulnerabilidad; en fin, consolidación de verdaderos enclaves neocoloniales, que van configurando espacios productivos estructuralmente dependientes del mercado internacional en términos económicos, comerciales, financieros y tecnológicos.
En esta línea, lejos de ser “motor de desarrollo”, como argumentan sus defensores, la megaminería trasnacionalrefuerza la dependencia hacia los centros capitalistas de poder global, y profundiza las formas de desigualdad ya existentesa escala local, provincial y nacional: expoliación económica, devastación institucional, destrucción de territorios y depredación de bienes naturales, fragmentación y control social, cooptación científico-tecnológica, ya son hechos incontestables de nuestra realidad del siglo XXI, que no hacen más que remitir y actualizar la triste historia colonial del continente.
El caso de Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, uno de los yacimientos de cobre más grandes de Sudamérica, es emblemático. Tras 15 años de explotación, el paisaje catamarqueño da cuenta de empobrecimiento; asistencialización generalizada de la población; falta de empleo, de agua, de electricidad; naturalización de la devastación ambiental; institucionalización del clientelismo y la corrupción; degradación de la cultura democrática; profundización de las desigualdades sociales y ambientales.
Recordemos que este tipo de minería se propone extraer los minerales diseminados en la roca portadora, a través del sistema de explotación minera a cielo abierto (open pit), que utiliza técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación, esto es, sustancias químicas altamente contaminantes, que producen impactos negativos en la salud de las poblaciones y cuantiosos daños ambientales, los cuales han sido probados en diferentes países y regiones. Se trata de minería a gran escala, es decir, de mega-emprendimientos, una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). Dada su envergadura, estos emprendimientos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes y “liberando” territorios que, de ahí en más, quedan presos de la lógica económica de las grandes compañías trasnacionales. En ese marco se producen hondas transformaciones de la ciudadanía; asistimos cada vez más a la territorialización de los conflictos y a la violación de derechos ambientales y colectivos, que se hallan amparados por la normativa nacional e internacional, y que incluyen también los derechos de los pueblos originarios (Convención 169 de la OIT). Dichas violaciones repercuten asimismo sobre los llamados derechos de primera generación, como son el de la libre expresión y el derecho de petición, impedidos u obstaculizados de modo recurrente en determinados escenarios provinciales (Catamarca, San Juan, La Rioja, entre otros).
Son las pequeñas y medianas poblaciones de nuestras provincias, sobre todo en las zonas pre-cordilleranas y cordilleranas, pero también en otras regiones áridas del país, las que hoy sufren la embestida de este modelo neocolonial. Desde las movilizaciones de Esquel, donde se llevó a cabo el único plebiscito en el país por este tema (2003), pasando por la represión y la pueblada de Andalgalá (2010), hasta la actual gran pueblada de Famatina, las poblaciones vienen rebelándose contra la expansión de este tipo de minería, con claros reclamos que subrayan el derecho a un ambiente sano, el derecho a elegir un modo de desarrollo congruente con el respeto de la vida presente y futura, de las personas y de los ecosistemas; en fin, el derecho a participar de las decisiones colectivas en el marco de una sociedad que se quiere democrática.
Esquel y Gan Gan, Andalgalá, Belén, Santa María y Tinogasta, Chilecito y Famatina, Calingasta y Jachal, Ingeniero Jacobacci y Bariloche, Gregores, Campana Mahuida-Loncopué y Rincón de los Sauces, General Alvear, San Carlos y Uspallata, Capilla del Monte, Casa Grande y Yacanto de Calamuchita, La Carolina y Merlo, Abra Pampa, Cangrejillos y Tilcara, Cafayate, Metán y Tolar Grande, Jasimampa y Sumampa, Amaicha del Valle y El Paso, valles enteros de diferentes provincias, entre tantos otros nombres, son algo más que puntos supuestamente remotos de nuestra amplia geografía nacional. Son poblaciones que, detrás de la bandera “El agua vale más que el oro”, han ido construyendo de modo perseverante y en situación de gran asimetría de fuerzas, una red de resistencias local y regional, que, en varios casos, ha tenido como producto la sanción de leyes provinciales que prohíben este tipo de minería con algunas sustancias químicas (Chubut, Río Negro, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tucumán, La Rioja y Tierra del Fuego). Son estas poblaciones las que también estuvieron detrás de la defensa activa de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares, que fuera vetada por la actual presidenta en 2008, resancionada en septiembre de 2010, luego de un arduo trabajo transversal de organizaciones sociales y ambientales, diferentes profesionales y representantes del Congreso Nacional, con la oposición activa de gran parte del oficialismo. Son estas poblaciones las que resisten de pie frente a la derogación de las leyes que prohibían este tipo de minería, como sucedió desde 2008 en La Rioja, y recientemente, en diciembre de 2012, en Río Negro.
Por ello creemos que resulta injusto y agraviante imputar “irracionalidad” o “falta de información” a la fuerte oposición que este tipo de minería ha generado en vastas poblaciones de nuestras provincias. La megaminería no es cuestionada por desconocimiento, ni por falta de cultura productiva, sino precisamente porque ésta constituye una síntesis acabada del maldesarrollo. Se trata además de un modelo que pone en jaque a la democracia, pues avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad y una nueva espiral de criminalización de las resistencias. A la causa penal abierta contra los vecinos de Andalgalá y Famatina, se sumaron, primero, la detención de 18 vecinos en el pueblo de Santa María en Catamarca, a quienes se los acusa de entorpecer el tránsito terrestre (art. 194 CP) y de ser parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor (art. 213 bis); segundo, la represión desatada por la policía provincial contra los vecinos de Belén, que dejó como saldo decenas de detenidos (entre ellos, un niño menor de 13 años); tercero, la brutal represión y desalojo en Tinogasta y asimismo en Amaicha del Valle. Frente a estos hechos no podemos olvidar que ante la resistencia del pueblo de Gualeguaychú en defensa de sus derechos fue la propia Cristina Fernández de Kirchner quien firmó el decreto (828/2010) a través del cual instruyó al Procurador General del Tesoro a denunciar a 10 vecinos de Gualeguaychú acusándolos de los delitos de sedición, atentado contra el orden democrático, más otros 12 delitos que contemplan prisión efectiva.
Resulta claro que la criminalización de la protesta es una política represiva nacional que está siendo profundizada. En este y no en otro marco, el Congreso Nacional aprobó la la nueva Ley Antiterrorista, enviada por el ejecutivo, que modifica la ya sancionada bajo el mandato de Néstor Kirchner en el año 2007.
Tampoco creemos que pueda responsabilizarse exclusivamente a las provincias, las cuales detentan el “dominio originario” de nuestros recursos naturales, luego de la reforma de la constitución de 1994. El marco económico y jurídico que beneficia a la megaminería se sustenta en una batería de leyes nacionales, sancionadas en los años `90, que aseguran una rentabilidad extraordinaria a las empresas, al compás del aumento de los precios internacionales de los minerales. Está legislación se mantiene en la actualidad y es custodiada por los legisladores nacionales oficialistas, junto a los sectores conservadores de ambas Cámaras, quienes no permiten siquiera la discusión de los proyectos que pretenden modificarla. Por su parte, a través del Tratado Binacional sobre Integración y Complementación Minera firmado con Chile -1996- que sancionó una legislación de “facilitación fronteriza”, se consumó la entrega de una parte de la cordillera a las transnacionales mineras, entre ellas a la empresa canadiense Barrick Gold que hoy opera en San Juan, a través de los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama. Esta empresa judicializó la ley nacional de protección de los glaciares, y logró, mediante una medida cautelar que dicha norma no se aplique en esa provincia. El tema está hace meses “a estudio” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejando así a los glaciares a merced del negocio minero en San Juan. En el resto del país, la pasividad del gobierno nacional -como autoridad de aplicación- en implementar efectivamente dicha norma, resulta inaceptable.
Así, lejos de ser una “rémora” del viejo orden neoliberal, este ordenamiento jurídico-económico encuentra un apoyo incondicional en las políticas del gobierno nacional, desde 2003 hasta la fecha. En 2004, Néstor Kirchner avaló el Plan Minero Nacional, declarando la actividad de interés estratégico y sumando nuevos beneficios y exenciones a la misma. En el mismo año se firmó con Chile el “Protocolo Adicional Específico” al Tratado para el proyecto minero binacional Pascua Lama, donde –entre otras cosas- ambos países se obligaron a permitir a “los inversionistas de una y otra, el uso de toda clase de recursos naturales necesarios para el desarrollo minero, comprendiéndose en este concepto los recursos hídricos existentes en sus respectivos territorios”. La actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no sólo ha buscado alentar la inversión minera -como en su discurso en El Qatar, en 2011-, sino que también ha dado muestras claras del apoyo del aparato del Estado a la megaminería. Uno de los ejemplos más emblemáticos, además del veto a la ley nacional de protección de glaciares, ha sido su participación en diferentes reuniones con Peter Munk, el CEO de la empresa Barrick Gold, tanto en Toronto como en Buenos Aires, a fin de facilitar un acuerdo tributario con dicha empresa, a cargo del proyecto binacional de Pascua-Lama. La fotografía que muestra a la presidenta en Canadá, junto a P.Munk, custodiada por tres banderas –la de Canadá, la de Argentina y la de la Barrick Gold- es todo un símbolo de la alianza estratégica entre gobierno nacional y megaminería, y sin duda quedará grabada en la memoria de los argentinos.
Las alusiones en el discurso presidencial a los sectores “ambientalistas”, supuestamente despreocupados por la suerte de nuestras islas Malvinas y la reciente exhortación a la “responsabilidad y seriedad sobre los planteos que se realizan”, no hacen más que poner en evidencia el manifiesto desprecio hacia las poblaciones movilizadas y el empeño por desplazar el eje de la discusión, ante el impacto nacionalizador que ha tenido la pueblada de Famatina respecto de la cuestión minera y el creciente apoyo de la sociedad hacia estas protestas. También evidencian un desprecio por la conservación del patrimonio y el futuro del país. Mientras en Catamarca se teme por la aplicación de la nueva ley antiterrorista sobre 18 asambleístas; mientras continúan las protestas y movilizaciones en diferentes ciudades de Río Negro; mientras el gobernador riojano se apresta a verter ingentes recursos económicos para torcer la voluntad de la población de su provincia; el gobierno nacional continúa acompañando con hechos la expansión de la megaminería. Desde el nombramiento del empresario minero Jorge Mayoral bajo el gobierno de Duhalde, quien continúa al frente de la Secretaría de Minería de la Nación, hasta el reciente nombramiento de un ex familiar de la presidente – Armando “Bombón” Mercado- como director del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), nada parece haber horadado la continuidad en las orientaciones gubernamentales en este tema.
Así, no se trata solamente de una discusión exclusivamente económica o ambiental, sino también de una discusión política. La megaminería es uno de los eslabones más contundentes –aunque no el único- que ilustra la continuidad y profundización por parte de este gobierno respecto de las políticas de explotación neocolonial y expropiación de los bienes naturales aplicadas en los ´90. El “relato” oficial, que procura presentarlas como parte de un modelo de crecimiento y generación de empleo, es una pieza clave para la construcción de un consenso social favorable que garantice su aplicación. La retórica épica sobre las bondades de la política megaminera se complementa con el ocultamiento y negación de sus efectos devastadores. Y cuando las poblaciones involucradas, lejos de contribuir al “consenso megaminero” buscado por el gobierno, desenmascaran la falacia cuestionando legítima y abiertamente la megaminería a cielo abierto, movilizándose para rechazarla y concitando – como en el caso de Famatina – solidaridades en todo el país, el gobierno echa mano a un nuevo recurso discursivo: la “desmentida”. Según este recurso, que pretende borrar de la memoria colectiva la imagen y el valor simbólico de aquel encuentro presidencial en Toronto con el CEO de la Barrick Gold, la megaminería a cielo abierto no formaría parte del proyecto político del gobierno nacional sino que correspondería a decisiones y acuerdos estrictamente provinciales – en este caso del gobernador Beder Herrera.
Todo esto pone en evidencia un deterioro de las instituciones. Por ello, vemos con mucha preocupación que el mismo gobierno que ha destruido el sistema nacional de estadísticas (lo que dificulta toda reflexión colectiva sobre pobreza, desigualdad, desempleo o inflación, y afecta seriamente las negociaciones salariales), que extorsiona a los jueces que lo desafían, que se ha ocupado de desoír o desarmar la estructura de controles institucionales sobre el poder, que ha reforzado el proceso de concentración del poder en el ejecutivo, hoy amenaza solapadamente con una reforma constitucional promovida por las peores razones de corto plazo.
Con la convicción de que los pueblos tienen el derecho de elegir el modelo de desarrollo que más convenga y beneficie a sus poblaciones, en función de un ideal de igualdad y de equilibrio con la naturaleza y en solidaridad con las movilizaciones vecinales de tantas pequeñas y medianas localidades de nuestro país, que se han levantado activamente contra este modelo neocolonial, en defensa de nuestras cuencas hídricas y de nuestros territorios, Plataforma 2012 plantea la necesidad de debatir e impulsar las siguientes propuestas:
1. Reforma integral del Código de Minería y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (24.196) y sus modificatorias, que promueven y habilitan la destrucción de los bienes comunes y el despojo colonial de nuestras riquezas.
2. Aplicación efectiva de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares en todo el país.
3. Recomposición ambiental de las zonas afectadas por los megaemprendimientos mineros que actualmente existen en el país.
4. Cierre de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse contra la megaminería
5. Urgente derogación de la nueva ley antiterrorista.
6. Urgente sanción de las leyes provinciales derogadas en La Rioja y en Río Negro, que prohibían este tipo de megaemprendimientos mineros.
7. Activación y ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa que apunten a la democratización de las decisiones.
8. Propuesta de Declaración de una moratoria a nuevas concesiones a la exploración y explotación minera metalífera.
9. Propuesta y debate de una Ley Nacional de Prohibición de la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas y la uranífera en todo el país.
10. Propuesta de realización de un gran debate nacional que reflexione y genere políticas públicas que apunten a una salida del extractivismo neocolonial, en pos de un equilibrado e igualitario desarrollo de los pueblos, respetando su cultura y sus formas de vida; en pos de la gestión pública y participativa de nuestros bienes comunes.
Firmas:
Alabarces Pablo, Antonelli Mirta, Bidonde Héctor, Burucúa José Emilio, Correas Nora, Dowek Diana, Edelman Lucila, Galán Mónica, Galvano Mario, Gargarella Roberto, Genta Adriana, Kordon Diana, Lagos Darío, Lagos Mariana, Lanzillotto Alba, Levinas Gabriel, Lindenboim Javier, Lo Vuolo Rubén, Massuh Gabriela, Nené Bettanin, Onaindia José Miguel, Ramos Hugo, Sáez Luis, Scandizzo Mónica, Svampa Maristella, Tauber Sanz Nicolas, Tcherkaski Osvaldo, Viale Enrique, Zangaro Patricia
Adhesiones a este pronunciamiento:
Enviar mail a: plataforma.2012@yahoo.com.ar – Escribiendo en el asunto: «adhiero a pronunciamiento megaminería»
Declaración Universitaria Nacional de apoyo a la lucha contra la megaminería de Famatina, La Rioja.
Los abajo firmantes, miembros, referentes y representantes de la comunidad universitaria nacional
y la educación superior argentina, hacemos llegar al pueblo de Famatina y compartimos con la
sociedad toda, algunas consideraciones.. más
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