El diputado Juan Cabandie (FPV) a las trompadas en las Audiencias Públicas de la Legislatura Porteña.

Proto Comuna Caballito.

 

El día de la mayor participación ciudadana en la historia de la Ciudad se convirtió en un bochorno que incluyo golpes del diputado Juan Cabandie – Frente para la Victoria – a participantes de las Audiencias Públicas.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires vivió su día mas oscuro. Hoy para las 5 Audiencias Publicas de leyes aprobadas por el pacto entre los bloques del PRO y del  Frente para la Victoria para la realización de negocios con las tierras publicas se habian inscripto casi mil vecinos. Lo ocurrido fue un engaño a los institutos de participación ciudadana, la Ley 6 de Audiencias Publicas y la Constitución de la Ciudad .

La metodologia utilizada para bastardear la participación ciudadana consistio en programar 5 Audiencias Publicas una atrás de la otra con solo una hora de diferencia entre cada una de ellas. Sin tomar en cuenta la multitudinaria inscripción de los vecinos de la Ciudad. Asimismo esa maraton de Audiencias se convoco en un salon sin la capacidad para alojar a tal cantidad de vecinos. Pero la determinación de sacar a cualquier costo estas Audiencias invento una metodologia aberrante que consistió en dar apertura en la hora programada para cada una de ellas, mientras se desarrollaba la primera, para pasarla inmediatamente a cuarto intermedio. Sin dar ninguna hora cierta de apertura y llevando a la incertidumbre a los ciudadanos que desconocían cuando debian participar y se amontonaban como ganado en el salon San Martin de la Legislatura de la Ciudad, totalmente desbordado.

Casi sin excepciones los anotados criticaron duramente a las dos Leyes que se llegaron  a tratar.

Ya después de varias horas de Audiencia, casi al final de la primera de ellas, el diputado Juan Cabandie (que prometio por Cadena Nacional a la Presidente de la Nacion, la aprobación de estas leyes el proximo jueves 13) no soporto mas los alegatos sobre su falta de honestidad intelectual y su traicion a los intereses populares y ataco a golpes a un inscripto en la Audiencia, para luego rapidamente esconderse detrás de los cuerpos de seguridad de la Legislatura. Esto provoco un increible revuelo, corridas y la “militarizacion” de las Audiencias Publicas con la presencia de todos los agentes de seguridad de la Legislatura y provocando la desbandada de los vecinos inscriptos asustados y atemorizados por los hechos de violencia.

Indudablemente esta fue una instancia superior de la metodologia para espantar a los vecinos y poder continuar con la aprobación definitiva de estas leyes nocivas para los intereses de los porteños y de la Ciudad de Buenos Aires.

Los golpes, las corridas y el abandono de la mayoria de los vecinos anotados  no hicieron mella en la integridad del pacto inmobiliario especulativo que siguio adelante terminando la primer Audiencia. Con este clima de descontento colectivo por la superposición de las múltiples audiencias públicas de la Comisión de Planeamiento Urbano, los diputados Pablo Bergel, Julio Raffo y Rafael Gentili (Proyecto Sur); Adrián Camps y Virginia González Gass (PSA-Proyecto Sur), Alejandro Bodart (MST en Proyecto Sur); Antonio Campos y Claudio Presman (UCR); Fabio Basteiro, María América González y Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos FAP); Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez (Coalición Cívica), presentaron un pedido de impugnación por considerar que se violaron flagrantemente los derechos ciudadanos, el procedimiento constitucional y a la Ley 6, que reglamenta las audiencias públicas. Asimismo un grupo de ONGs y vecinos de la Ciudad presentara a primera hora de mañana miércoles un pedido de nulidad judicial de las Audiencias Publicas.

El día de ayer (Lunes), previendo esta situación, el Bloque de Proyecto Sur, acompañado por otros diputados, solicitaron al Vicepresidente Primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, la reprogramación de las audiencias pautadas para el día de hoy, sin ser escuchados. “El descalabro sucedido hoy no debe llamar la atención, ya que estaban creadas las condiciones para que se produjera esta falta de respeto lindante con la violencia al derecho participativo de los vecinos”, comento el Diputado Bergel de Proyecto Sur.

No nos asustaron, no les tenemos miedo a las patotas y los violentos. Y le decimos con la unica prepotencia que enarbolamos, la del respeto a rajatabla de las instituciones, que este simulacro o puesta en escena para salvar las apariencias no nos desanima. Nos da mas fuerza para seguir luchando por la calidad de vida de los porteños y de sus hijos.

Mañana a las 11 y 14 horas nos encontrara de nuevo en la Legislatura, pacíficamente, pero haciendo oir nuestras voces contra los oscuros intereses de quienes operan en favor de la especulación y los grupos concentrados.

REPUDIO A LA REPRESIÓN Y DETENCIONES MASIVAS EN PERÚ.

Plataforma 2012.

Nuevamente en el Perú están ocurriendo hechos de violencia, que han producido en los últimos días un saldo de 4 muertos a manos de las fuerzas represivas, detenciones masivas y una gran cantidad de heridos en la región de Cajamarca, contra pobladores que se manifestaban en contra del Proyecto Conga, un emprendimiento que como todos los estudios científicos han demostrado es absolutamente inviable, ya que amenaza con la destrucción de las fuentes hídricas y la vida en ese lugar.

Asimismo, el 4 de julio fue detenido brutalmente el reconocido dirigente político y social Marco Arana, ex sacerdote y sociólogo, quien se ha ganado a nivel nacional e internacional un lugar destacado por su compromiso con las poblaciones en lucha contra la megaminería, y por su labor pacifica en favor de la vida y la protección de los bienes comunes. Gracias a una orden de comparecencia de la fiscal a cargo, Marco Arana fue liberado un día después.

Sin embargo, la embestida represiva del actual gobierno peruano está lejos de ser un hecho aislado. El actual proceso de militarización se asemeja a los hechos vividos poco menos de un mes atrás en la región de Cusco, donde también la resistencia contra la megaminería fue respondida con represión, persecución y asesinatos. En el año que se apresta a cumplir el gobierno de Ollanta Humala, olvidado de sus compromisos electorales, lleva ya 15 muertos por represión a la protesta social, en lo que aparece como un sangriento proceso de afianzamiento del modelo extractivista, en clara alianza con las grandes corporaciones trasnacionales y los sectores militares.

Como intelectuales y activistas consideramos que no es con más criminalización y represión que los conflictos relativos a la megaminería pueden resolverse, sino por la doble vía de un genuino debate de sociedad sobre las consecuencias que acarrea el modelo minero y de la democratización de las decisiones, tal como demanda hoy el pueblo de Cajamarca y tantas otras localidades, provincias y países de América Latina.

Llamamos a toda la comunidad internacional a repudiar los hechos de violencia que están ocurriendo en Cajamarca y adherimos a la lucha del pueblo peruano contra la alianza minera-militar que promueve el gobierno de Humala.

Hugo Blanco (Perú), Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (Argentina), Edgardo Lander (Venezuela), Raúl Zibecchi (Uruguay), Maristella Svampa (Argentina), Alberto Acosta, (Ecuador), Margarita Aguinaga, AMPDE (Ecuador), Dunia Mokrani (Bolivia), Marisol de la Cadena (Perú), Boaventura de Sousa Santos (Portugal), Enrique Viale (Argentina), Floresmilo Simbaña (CONAIE-Ecuador), José Seoane (Argentina), AlejandraSantillana, AMPDE (Ecuador) Sandra Rativa, Poder y Unidad Popular (Colombia), Javier Gómez (Bolivia), Alexandra Almeida, Acción Ecológica (Ecuador), Esperanza Martínez Red Oilwatch (Ecuador), Roberto Gargarella (Argentina), Arturo Escobar (USA), Rubén Lo Vuolo (Argentina), Luis Tapia (Bolivia), Fernando Pino Solanas, Proyecto Sur (Argentina), Pierre Salama (Francia), Nicolás Tauber (Argentina), José Onaindia (Argentina), Massimo Modonesi (México), Pablo Ospina (Ecuador), Mirta Antonelli (Argentina), Lucio Cuenca (Chile), Gabriela Massuh (Argentina), Nora Correas (Argentina),Mario Galvano (Argentina),Eduardo Gudynas (Uruguay), Patricia Zangaro (Argentina), Pablo Bergel, Proyecto Sur (Argentina), Claudia Korol (Argentina), Javier Rodríguez Pardo (Argentina), Raúl Prada (Bolivia), William Sacher (Ecuador) Gabriel Levinas (Argentina), MarioBlaser (Canada), Pablo Stefanoni (Argentina), Clara Algranati (Argentina), Emilio Taddei (Argentina), Tatiana Roa Avendaño, Amigos de la Tierra (Colombia), Lucy Edelman (Argentina), Gian Carlo Delgado (México), Alcira Argumedo, proyecto Sur (Argentina), Jorge Cardelli, Proyecto Sur (Argentina), Jaco Tiffemberg (Argentina), Manuel Bertoldi (Argentina), María Inés Luchetti (Argentina), Jorge Brega (Argentina), Javier Lindemboin (Argentina), Teivo Teivanen (Programa Democracia y Tranformación Global, (Perú), Mónica Chuji (Ecuador), Hugo Villa Becerra (Perú), Alejandra Bermúdez (Colombia), Edna Yuranni Mena Ortega (México), Jaime Orlando Mena Ortega (México), Pancho Castro (Colombia) , Darío Azzelini (Austria), Dion Monteiro (Brasil), Decio Machado (Ecuador), Catalina Eibenschutz (México), Patricia S. Quintero Cabrales (Bélgica), Shane Greene (USA), Mario Unda (Ecuador), Gilberto López y Diaz (México), Alejandro Dauzá (Bolivia), Carlos Zorrilla (Ecuador), Claudio Katz (Argentina), Mario Pecheny (Argentina), Graciela Adriana Ledesma y Pablo Martín Colnaghi, ( Argentina), Franchezca Serrano (Canadá), Jurgen Schuldt (Perú), Lilian Celiberti (Uruguay), Margara Millan (Mexico), Jorge Escala asambleista nacional MPD (Ecuador), Geovanni Atarihuana. Ex constituyente. MPD (Ecuador), Luis Villacis Director MPD (Ecuador), Karla Calapaqui (Ecuador), Natasha Rojas (Ecuador) Manuel Rozental, Pueblos en Camino. Colombia-Brasil), Alfredo Serraqno (España), Alejandro Moreano (Ecuador), Edgar Isch L. (Ecuador), Juan Cuvi (Ecuador), Laura María Gutiérrez Escobar (USA), Adrian Pietryszyn (Argentina), Ruben Kotler (Argentina), Yuderkys Espinosa Miñoso (República Dominicana), Fabiana Li (Canadá), Martín Bergel (Argentina), Jorge Lora Cam BUAP, México), Mario Bordón (Argentina), Teresa Velasquez (EEUU), Micheál Ó Tuathail, Pueblos en Camino. Irlanda-Canadá), Danilo de Assis Clímaco (Brasil), Mariano Marcos Linari (Argentina), Danilo Quijano (Perú), César Padilla (Perú), Luis Corral Fierro (Ecuador) José Ángel Quintero Weir (Venezuela), Juan Carlos La Rosa (Venezuela), Luis González (Venzuela), Nelson Ceballos (Venezuela), Gabriel Gonzalez (Venezuela), Carlos Vicente (argentina), Carlos Vidales (Suecia), Carlos Beas Flores (México), Franck Gaudichaud (Francia), Ulrich Brandt (Austria), Mario Rodriguez, (Bolivia) José Cueva (Ecuador), Francisco Javier Velazco (Venezuela), Koldo Unceta (España), Fernando Arellano (Colombia), Gerard Cofey (Ecuador), Hugo Aboites (México), Elder Andrade de Paula (Brasil), Felipe Curivil, Comunidad de Historia Mapuche, (Chile), Mariela Fernanda Benelli (Italia), Juan B. Campos Suarez (España), Emiliano Teran Mantovani (Venezuela), Marcelo Larrea Cabrera (Ecuador), Julie Manuela (Colombia), Mónica Galán (Argentina), José Emilio Burucúa (Argentina), Diana Doweck (argentina), John Saxe Fernández (México), Jose Santos Caicedo, ECN-PCN, Héctor Alimonda (Brasil-Argentina), Daniel Funes (Perú), Jorge Lora (Perú), Mirta Oñate, Andrea Lopetegui (argentina), Oscar Ugarteche (México)Carlos Alberto Da Silva (Argentina), Alberto Chirif, Perú), Jaime Pastor (España), Virginia Vargas Valente(Perú), Paulino Nuñez (Venezuela), Alejandro Andreassi Cieri

Adhesiones de organizaciones:

Acción Ecológica (Ecuador), Red Frente a la Gran Minería Transnacional – RECLAME (Colombia), Colectivo Plataforma 2012 (Argentina), Unión de Asambleas Ciudadanas- UAC (Argentina); Proyecto Sur (Argentina), Conciencia Solidaria (Argentina), Consorcio Derechos Ciudadanos Desarrollo Sustentable (Salamanca, España), OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina), Frente Darío Santillán –FDS (Argentina), Organización Wainjirawa por la Educación Autónoma para la Autonomía Indígena (Venezuela), OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales), ONG española ACSUR Las Segovias (Perú), Defensa y Conservación Ecológica de Intag (Ecuador), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador, CEDHU (Ecuador), Centro Ecológico Social “Bolívar en Martí” (Venezuela) , Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (Ecuador), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Red de la Diversidad (Bolivia), Centro de Documentación e Información (Bolivia) , Proceso de Comunidades Negras (Colombia), Vecinos autoconvocados de San Carlos – Mendoza (Argentina), Agrupación Traful Bariloche (Argentina), AMPAP – Asambleas Mendocinas por Agua Pura, UAC. Union de Asambleas Ciudadanas (Argentina), Frente Civico por la Vida, San Juan (Argentina) Vilma Rocío Almendra, Indígena del Pueblo Nasa, Colectivo Latinoamericano de Ecología Política (Argentina)

El traspaso del subte y el transporte público.

Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.

Para los millones que usamos el subte a diario, viajar como ganado se volvió parte de nuestras vidas. Rechazamos cualquier suba y además exigimos mayor frecuencia para poder viajar dignamente. Eso se puede lograr sólo si el subte deja de ser un negocio privado para pasar a ser realmente un servicio público.

Con los K ó Macri, servicios privatizados.

Por más que discutan, Cristina Kirchner y  Mauricio Macri coinciden en lo central: la continuidad del modelo de transporte privatizado que inició Fernando De la Rúa en el subte y profundizó Carlos Menem en los ferrocarriles. De hecho, ambos serán responsables de las subas que se vienen en el boleto.

Pese a su discurso nac&pop, Cristina mantiene desde hace años el modelo de los ’90, con sus consiguientes negociados para las empresas. Macri, aunque junto a los K le abrió la puerta a que la Ciudad también pueda subsidiar a los privados (ver recuadro), prefiere que los pague el gobierno nacional o directamente los usuarios. Con una u otro, Metrovías seguirá ganando millones hasta el fin del contrato, en el 2017, y los pasajeros pagaremos los costos, quizás mediante un boletazo “gradual”.

Nuestra propuesta.

Como bien denunció el compañero Néstor Segovia, secretario general adjunto del Sindicato del Subte, “el pasajero viaja como ganado por falta de formaciones y otras deficiencias del servicio.»

Ante esta situación, es preciso debatir otra salida que asegure un mejor sistema de transporte. En efecto, el manejo del subte y su control deben pasar a manos de la Ciudad. A partir de ese paso, hace falta debatir qué modelo de transporte necesitamos. En nuestra opinión, ante los incumplimientos de Metrovías hay que rescindir el contrato y terminar con la concesión privada. El subte debe volver a ser público y estatal, controlado por sus trabajadores, técnicos, profesionales y usuarios.

Toda la comunidad que los utiliza a diario tiene que ser parte de construir un proyecto que garantice un servicio público eficiente, seguro y económico. A la vez, se deben respetar todos los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores, que hoy se organizan en la AGTSYP. Y esos cambios deben ser parte de un sistema metropolitano integrado de transporte público -subtes, colectivos, trenes, Metrobús- que ponga como prioridad de la gestión las necesidades de la población.

Antecedentes.

  • 8/11/2001. En una sesión controvertida, la Alianza, el PJ y la derecha aprobaron de apuro la Ley 670 sobre la traza de ampliación del subte. Como lo habían pactado en una reunión secreta de la que excluyeron a la izquierda y la ley sostenía la privatización, nuestra entonces diputada Vilma Ripoll cuestiono todo y se retiró. El otro diputado de Izquierda Unida sólo se quedó para votar en contra. La ley establecía una “comisión de seguimiento” de las obras, con dos miembros por el Poder Ejecutivo a través de SBASE y siete legisladores.

  • 21/4/2005. El macrismo, los K y otros bloques aprobaron la Ley 1.676 por la que se autorizó la transferencia de 160 mil pesos a la “comisión de seguimiento”, que además debía elevar a la Legislatura informes bimestrales sobre al avance de las obras.

  • 15/5/2008. El PRO, los K y otros bloques aprobaron la Ley 2.710, que modificó la 670 e incluyó una novedad significativa: que la Ciudad pueda otorgarle subsidios a Metrovías o a otro concesionario. Nuestra entonces diputada Patricia Walsh criticó el sistema privado, denunció que la “comisión” nunca funcionó y votó en contra. A propuesta suya, se dispuso que la “comisión” debía reunirse cada tres meses con representantes de los trabajadores del subte.

  • 21/10/2010. El PRO, los K y otros bloques aprobaron la Ley 3.605, que elevó de siete a nueve los diputados miembros de la “comisión de seguimiento” de las obras de ampliación del subte. Nuestro diputado Marcelo Parrilli se abstuvo.