Ante la denuncia penal de la AFIP a Iron Mountain, el diputado Alejandro Bodart (MST – Nueva Izquierda) indicó que funcionarios macristas cajonearon pedido de clausura.

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El diputado Alejandro Bodart (MST – Nueva Izquierda) señaló: «El subsecretario de Trabajo macrista, Ezequiel Sabor, cajoneó el pedido de clausura de los depósitos de Iron Mountain que le presenté en febrero. En la Legislatura tampoco aceptaron mi proyecto de formar una comisión investigadora. Una empresa cuyo incendio sospechoso se llevó 10 vidas, que incumple los requisitos más elementales de seguridad y que es investigada penalmente por lavado de dinero no puede seguir abierta ni un solo día más».

«A los inspectores de Trabajo que han presentado denuncias formales, Sabor en vez de protegerlos los persigue con amenazas y descuentos compulsivos. Es el caso de los compañeros Edgardo Castro y Osvaldo Seguel, delegados de ATE, que vienen señalando falencias que además ponen vidas en riesgo. Mauricio Macri subió al gobierno como producto de Cromañón, pero el descontrol estatal y la corrupción continúan» agregó.

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CELN en el País y el Mundo.

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El curro de Boudou. 50 millones de dólares para Ciccone

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Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.

No basta que Amado Boudou esté investigado por corrupción y tráfico de influencias. Que Vandenbroele, el “monotributista” dueño de Old Fund, el fondo fantasma que compró las acciones de la ex Ciccone para sacarla de la quiebra, denunciado en su momento por su esposa como “testaferro” de Boudou, y que su amigo Nuñez Carmona (socio de Boudou) estén investigados por lavado de dinero y negocios “non santos”.
No les basta con haberse llevado puesto al Procurador Righi, al Juez Rafecas, y ahora querer limpiar al fiscal Rivolo, para asegurarle al Vice que la causa judicial nunca va a avanzar sobre él.
No les importa que los especialistas en circulación monetaria sostengan que si imprimieran billetes de $ 200 y $ 500 no haría falta el contrato con la ex Ciccone (actual Compañía de Valores Sudaméricana).
No interesa que no se sepa a ciencia cierta quienes son los accionistas de la empresa que va a imprimir nada más y nada menos que $500 millones en billetes de $100, y que ahora nuevamente un juez realice un pedido de informes para ver si los actuales dueños le pagaron a la AFIP  los dineros para que esta levantará en su momento la quiebra, en una maniobra absolutamente discrecional pedida por el entonces Ministro de Economía.
El negocio por $50 millones de dólares sigue en pie y en los días pasados técnicos de la Casa de la Moneda estuvieron ajustando los detalles en la planta de la ex Ciccone.
Negocios son negocios para los K… por lo menos mientras les dure la impunidad.