Última sesión escandalosa de la Legislatura Porteña. El pacto por la Auditoría de la Ciudad.

Por Pablo Vasco para Alternativa Socialista.

Alterando el orden del día, el PRO puso a votación los miembros para la Auditoría de la Ciudad. Allí saldría a luz el canje otorgado a los K por aprobar las leyes de  Mauricio Macri.

Sobre 7 auditores, el PRO planteó 3 para ellos, 3 para el kirchnerismo y uno para la Coalición Cívica. Argumentaron que el Frente para la Victoria fue segunda fuerza en la última elección porteña, omitiendo que Proyecto Sur fue tercera y muy por encima de la Coalición.

Raffo y los diputados Rubén Campos (UCR) y Martín Hourest (GEN) hablaron en defensa de Marcelo Parrilli. A su turno, Marcelo fue contundente: «La Auditoría es un órgano clave porque es el último gran control sobre todo el aparato de gobierno de la Ciudad. Por eso la Constitución, en su artículo 136, estableció cómo se conforma. La proporcionalidad, que se complementa con el requisito de la representatividad, no puede ser objeto de acuerdos políticos o pactos. Y esto es así para que no sea compuesta por fuerzas ‘opositoras’ que acuerdan con el oficialismo de turno…

«Se va a votar una resolución que es claramente nula por su inconstitucionalidad y que seguramente el Tribunal Superior de Justicia, ante el cual Proyecto Sur va a recurrir, la va a declarar nula… Acá se hablaba de los votos, y Proyecto Sur en las dos últimas elecciones en la Ciudad fue segunda y tercera fuerza, sacando cientos de miles de votos más que, por ejemplo, la Coalición Cívica. El bloque constituido ad hoc que no va a resistir el análisis del TSJ, que es el del Frente para la Victoria, tiene 4 diputados y 3 auditores. Evidentemente, está mal…

«La Auditoría se vota al final como una especie de arco que se fue corriendo hacia las distintas fuerzas opositoras a medida que se iban votando distintos proyectos. Pero en el Tribunal Superior de Justicia la suerte va a estar echada a favor de Proyecto Sur. Debemos defender política y jurídicamente esta propuesta. No se trata de defender nuestras candidaturas y al partido Proyecto Sur, sino también la Constitución, a nuestros más de 400 mil votantes y a toda la ciudadanía. Estas postulaciones son una conquista de miles de militantes que, venciendo enormes dificultades, de día, de noche, con lluvia, con sol y con calor ‘se mataron’ para construir esta herramienta. Los diputados no estamos acá de manera mágica, sino porque otros militantes llevaron adelante el programa político, lograron adhesiones y votos. A todos ellos les debemos dar una respuesta… y nosotros lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias.»

No fueron los votos sino los aplausos de la platea los que le dieron la razón, ya de madrugada, casi al cierre de una sesión escandalosa.

¿Cómo sería la clasificación docente en 2012 después de la reforma macrista?

Antes de que se concretara la reforma de macrista sobre las juntas de clasificación docente de la Ciudad de Buenos Aires el diputado Marcelo Parrilli,  del MST en Proyecto Sur, alertaba sobre lo siguiente:

 

Un ataque a la participación

Es cierto que algunas juntas no funcionan bien, como las de Media y Técnica, y la tardanza en los concursos llevó a tener que titularizar docentes mediante leyes. Pero con la excusa de eficientizar e informatizar, el macrismo quiere reemplazar a las 14 juntas por una “Oficina Única” que reciba los datos por internet. Y si algún docente se queja, habrá una “Junta de Control” de 16 miembros, 8 electos por los docentes y 8 por el Ministerio de Educación.

En resumen, se reemplazan los 14 organismos colegiados, de cogobierno del sistema educativo, por un mecanismo perverso mediante el cual el gobierno de turno digitará todo.

Los jurados de los concursos tampoco serán electos, sino designados por el Ministerio. Así como ayer Mauricio Macri hizo listas negras de maestros, hoy vuelve a aplicar la lógica de vigilar y castigar. Buscan eliminar la participación democrática y la transparencia en la carrera docente para premiar a los amigos y castigar a quienes defienden una verdadera educación pública.

El ataque a las juntas va de la mano con otro proyecto. En nombre de “evaluar la calidad educativa”, el macrismo crea un “maestro de maestros” para fomentar la competencia y la división entre los docentes. Es una ofensiva privatista global sobre la escuela pública.

¿Qué son las juntas docentes?

El estatuto docente porteño se votó como Ordenanza 40.593 en 1984, al regreso de la democracia. Fue fruto de un amplio debate, con alta participación de los docentes. Con forma de ley, como todo convenio colectivo el estatuto es una conquista gremial. Desde el año 1984, tuvo muchas reformas: 38 por decreto y 12 por ley, en su mayoría para incorporar nuevos logros o especificaciones. Siempre que el Poder Ejecutivo planteó un cambio al estatuto lo consensuó antes con los sindicatos docentes en la Mesa de Condiciones Salariales y Laborales y/o en la Comisión de Estatuto. Esta última vez,  no.

El proyecto macrista se autotitulaba Democratización, transparencia y organización del sistema de clasificación docente. Pero es lo opuesto: una imposición antidemocrática, que oscurece y desorganiza el sistema.

La tarea de las juntas de clasificación era clasificar los legajos docentes, en total más de 50.000. De allí surgían las listas de mérito y puntaje para acceder a los cargos. Además, organizaban los concursos de ingreso, ascenso, acumulación, suplencia, es decir toda la carrera. Tenían 9 miembros cada una: 3 los nombraba el gobierno y 6 los eligían los maestros en base a listas de los sindicatos o agrupaciones. En total, entre las históricas y las transferidas desde Nación, había 14 juntas . A ellas se le sumaba la junta de disciplina, de igual composición. Las juntas existen desde 1958 gracias a una larga lucha docente y sólo fueron suspendidas en dictadura.