Por Miranda Gonzalez de la Comisión de Género y Diversidad del MST en Mov. Proyecto SUR.

En 1987, el Movimiento por la Salud de las Mujeres y Feminista decidió instaurar un día (que se fijó el 28 de Mayo) de acción mundial para construir conciencia acerca de un drama humano, social y sanitario: la mortalidad y morbilidad maternas. Entonces morían en el mundo cerca de 500 mil mujeres por causas ligadas al embarazo, parto y puerperio, y por complicaciones de abortos clandestinos e inseguros, mientras que miles más quedaban con secuelas. 

Más de dos décadas después, en nuestro país, cada día son atendidas en los hospitales públicos cerca de 200 mujeres por abortos mal hechos, y estos son, hace ya décadas, la primera causa de muerte materna. El aborto clandestino pone en peligro la salud y la vida de las mujeres, especialmente las más jóvenes y las más pobres.

En estos años se han hecho ya tres presentaciones en el Congreso Nacional de Proyectos de Ley para despenalizar y legalizar el aborto, de modo que se garanticen condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Pero el año pasado, por primera vez, se logró comenzar a abrir este debate, con una audiencia pública a cargo de una especialista internacional en el tema.

Como sucedió con el matrimonio igualitario, los posicionamientos en torno al aborto no siguen líneas partidarias concretas. Sin embargo, en este caso, Cristina se manifiesta claramente en contra, y cuando a principio de año anunció su “compromiso con la vida” extendiendo la asignación (lejos de) universal por hijo a las mujeres con más de tres meses de embarazo, quedó claro de qué lado se pararía.

Una elección, no un mandato.
La maternidad debe ser una elección, no un mandato, y esto es parte de los derechos fundamentales de las personas. El estado no sólo debe respetar los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud integral, es su responsabilidad garantizarlos. El gobierno nacional se llena la boca hablando de derechos humanos, pero niega los derechos de las “humanas” (especialmente de las más pobres y relegadas socialmente).

Tanto desde el PJ (Federal y K) como desde la UCR, se juegan a no tener que tratar este engorroso tema antes de las elecciones nacionales. Quieren preservar acuerdos con la jerarquía eclesiástica y los sectores más conservadores, y para esto se escudan en objeciones de conciencia. Sin embargo, esta no es una cuestión de valores. Está claro que ni la legalidad del aborto obliga a ninguna mujer a practicarlo, ni su penalización impide esta práctica. En nuestro país, por ejemplo, cada año cerca de medio millón de mujeres, de diversas edades y procedencias sociales, se realizan un aborto. Pero legalizar el aborto baja la tasa de mortalidad materna, las mujeres se sienten protegidas y pueden hablar del tema sin vergüenza, ni miedo a la cárcel. Y la legalización implica además la implemen-tación de espacios de atención y consejería, a través de los cuales ante un embarazo no buscado la mujer es acompañada por profesionales que la contienen y la ayudan a tomar una decisión acorde a sus valores, deseos y expectativas.

La opinión pública cada vez entiende mejor estas cuestiones, y de nosotros, desde las organizaciones comprometidas con los derechos humanos y la democracia, depende accionar de manera estratégica y unitaria, para movilizar masivamente. En este marco, el 31 de Mayo, cientos de organizaciones realizaremos un gran festival frente al congreso, para exigir a los diputados que no se hagan “los distraídos” y traten el tema antes de las elecciones nacionales.