Movilizaciones y debates frente a la inseguridad.

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Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.

En las últimas semanas hubo nutridas marchas y hasta verdaderas puebladas frente a nuevos casos de inseguridad. Cañuelas y luego Necochea tal vez hayan sido los casos más emblemáticos. Pero en Moreno y otras localidades del conurbano este flagelo se suma al malhumor ante la crisis social, generando importantes movilizaciones vecinales que cuestionan tanto al gobierno como a la justicia y al accionar de las fuerzas de seguridad. No casualmente esos componentes del triángulo de impunidad mantienen uno de los principales problemas estructurales que castiga a los barrios populares: la inseguridad.

Cuatro propuestas para enfrentarla

  1.  Más trabajo y políticas de inclusión social. Aunque comprendemos y respetamos la tristeza de todos aquellos que son afectados por los permanentes episodios de asaltos y robos menores, no creemos que las políticas de ‘mano dura’ resuelvan la cuestión. Todos los estudios serios muestran que mientras más grande es la exclusión social más suben los índices de violencia urbana. Trabajo digno, educación y políticas de inclusión para los sectores más empobrecidos –sobre todo para los jóvenes- reducirían drástica-mente estos fenómenos.
  1. Desmantelamiento del aparato represivo. Hace más de 35 años del golpe genocida, pero el aparato político-judicial-policial que garantizó impunidad a los represores en aquellos años, sigue actuando y amparando a las bandas del crimen organizado en todo país. Piratería del asfalto, narcotráfico y redes de trata tienen, tanto entre sus miembros como entre sus clientes, a encumbrados funcionarios políticos, a jueces y comisarios. Incluso menores o jóvenes presos son liberados a condición de salir a robar y ‘recaudar’ para tal o cual comisaría. Por eso hay que separar de sus funciones, enjuiciar y mandar a cárceles comunes, con las penas más duras, a todos los integrantes de esta red de corrupción, impunidad y muerte.
  2. Elección y remoción popular de jueces y comisarios. Mientras los gobiernos de turno sigan designando a los jueces y comisarios, siempre le van a responder. Por eso sólo van presos los ‘ladrones de gallinas’ y los ‘perejiles’, pero los grandes criminales siguen afuera. Si queremos que estos funcionarios respondan a la población, tiene que ser el pueblo el que los elija. Tienen que estar un período y si pretenden seguir tienen que ser elegidos. También tenemos que poder removerlos de sus cargos cuando no cumplen con sus funciones. No puede ser que haya jueces o comisarios probadamente corruptos que sigan eternamente en sus cargos mientras tenemos que padecer sus acciones.
  3. Organización vecinal. La pelea por las propuestas anteriores tienen que ser acompañadas por la organización de los vecinos. Alarmas y rondas comunitarias, mecanismos de aviso y todas las medidas que permitan cuidarse. Asambleas para coordinar acciones y movilizaciones contra la impunidad.

Megaminería: recurren a tribunales internacionales. Se realizará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por causas que llevan 12 años sin resolución.

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Alternativa Socialista, publicación del MST en Proyecto Sur.

Por Lita Alberstein, Secretaria de Derechos Humanos de la CTA de Tucumán.

¿Que opina de la Ley Antiterrorista?

Esta ley no solamente es grave porque aumenta el doble las penas. También reduce el terrorismo al concepto que está establecido en el art 213 bis del código penal, que pena con prisión de 3 a 8 años (con la nueva ley el mínimo se eleva a 6 años) a quien, por el solo hecho de pertenecer a agrupaciones que tuvieran como objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor.  Es “un delito de pertenecer”. Se han eliminado las otras definiciones de asociaciones terroristas, reduciéndolas a un solo artículo. Esto es una primera idea de cual es la política del estado para definir el terrorismo.

Además esconden las verdaderas intenciones de la ley. El GAFI es una excusa. De hecho después la sanción de la ley, Argentina no dejó de estar en la lista gris del GAFI. Lo que en realidad buscan es preparar un marco normativo, dar una herramienta a jueces y fiscales donde si hay protestas sociales se la pueda aplicar con más facilidad. Por eso es importantísimo salir a defenderse, porque cualquier marcha o protesta que se haga, nos pone en riesgo. En ese sentido el habeas corpus preventivo que presentaron el Tucumán, es un instrumento formidable. Es curioso que los jueces de esta democracia rechacen estos habeas corpus diciendo que no hay ningún riesgo. Eso es negar la realidad; está a la vista que esta ley se está aplicando para conflictos sociales, es el caso de Santa María, en Catamarca, donde un fiscal provincial, aun cuando sea incompetente dijo “yo apliqué la ley antiterrorista” y ordenó una represión a los que estaban bloqueando el paso a los camiones de La Mina. También vulnera el derecho de libertad de expresión, de asociarse, etc. Eso es en resumen, las razones por las cuales esta ley es muy peligrosa.

Vas a hacer un viaje importante, ¿con qué objetivos?

Hoy en día si una empresa contamina mucho, gana mucho dinero y genera corrupción y la impunidad fundamental para otra vez contaminar más. En ese marco, mi trabajo siempre fue romper esa impunidad. En el derecho penal no estaba pasando nada con la protección del medio ambiente. Por eso en mi pelea contra megaemprendimientos como La Alumbrera, Mina Aguilar en Jujuy, o los ingenios azucareros en Tucumán, el objetivo es obtener condenas de prisión para los directivos. Lamentablemente, en estas megacausas, no he sido acompañado ni por mis colegas ni por mis superiores, y por muy pocos jueces, por eso voy a recurrir a los tribunales internacionales. A fines de febrero iremos con una organización de Washington llamada Indian Law, que trabaja por los derechos humanos de los pueblos originarios. Y haremos una presentación ante la Comisión Interamericana de los DDHH, porque la causa que inicié contra La Alumbrera tiene 12 años sin resolución. Voy a exponer esta negación de justicia que existe en la Argentina, planteando la contaminación y expoliación de nuestros recursos naturales como una violación a los derechos de los pueblos originarios. Será la primera vez que un fiscal se tire contra el Estado en el cual trabaja, que le paga el sueldo. Queremos que La Comisión ordene a la justicia argentina concluir con estos procesos. Basta de demorar la condena a La Alumbrera y a sus directores por delito de lesión ambiental, basta de ignorar la contaminación de las personas, de designar jueces a dedo.

También voy a participar del Foro Mundial del Agua, en Marsella. Mi propuesta allí va a ser crear un Tribunal Internacional para los Delitos Ambientales, que son delitos de lesa humanidad. Que vaya dirigida a los directivos de las multinacionales que ganan dinero con la contaminación, que son el poder detrás del poder del estado. ¿Por qué en la República Argentina no investigamos a los grandes grupos económicos que dieron sustento a la dictadura? Entonces la creación de una Corte Penal Internacional para los delitos ambientales está dirigida a concentrarnos a eso que los estados no hacen, sea por presiones económicas, sea por lo que sea. Creo que estamos viviendo un momento histórico, interesante para la creación de estas organizaciones. Como lo fue el final de la 2° Guerra Mundial. La crisis social que el mundo está viviendo en estos momentos y especialmente en Europa, está marcando la urgencia de encontrar organismos supranacionales que sean realmente populares.