Plataforma 2012 expresa su preocupación y alarma frente a las confusas circunstancias de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Este doloroso hecho confirma el profundo deterioro institucional de la Argentina, que se expresa, entre otras cosas, en la ausencia de un Poder Judicial autónomo del Poder Ejecutivo, en la manipulación de los servicios de inteligencia para fines políticos, en el aval por parte del Poder Legislativo de pactos cuyos contenidos no son conocidos por la ciudadanía y que en muchos casos comprometen la propia soberanía del país; en una Presidenta que en pos de sus objetivos de control absoluto, al margen de la ciudadanía, designa como Jefe del Ejército al General Milani, acusado por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar, que desde el Servicio de Inteligencia del Ejército ha estado  involucrado en el Proyecto X, destinado a espiar a organizaciones sociales y activistas. Una Presidenta que promueve la descalificación y la denigración de cualquier denunciante que cuestione a los integrantes del Poder Ejecutivo.

Salvo muy contadas excepciones, la irresponsabilidad e inoperancia de los políticos de los distintos grupos hegemónicos se ha puesto de manifiesto en este trágico episodio. Gobierno y una gran parte de la oposición se comportan como comentaristas de la realidad, desde afuera, como si fuesen columnistas de los medios de comunicación, sin asumir las responsabilidades que les caben según sus funciones. Asimismo, jamás entró en funcionamiento la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación que debiera controlar los Servicios de Inteligencia (Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional).

La muerte del fiscal Nisman es un retroceso más en la búsqueda de verdad y justicia en uno de los más trágicos atentados perpetrados en el país, y que continúa impune. Es por ello que como colectivo nos sumamos a todas aquellas iniciativas ciudadanas que están exigiendo justicia y transparencia a los poderes del Estado, con el objeto de garantizar la independencia y la celeridad del proceso investigativo y judicial. Asimismo, promovemos que se aparte sin demoras de sus cargos públicos a los responsables de la manipulación de los hechos y del escenario del crimen, y que se asegure la inviolabilidad de las pruebas y la estabilidad y seguridad de los fiscales.

En definitiva: que se avance en el esclarecimiento del atentado a la AMIA y la Embajada de Israel, como así también en las desapariciones sin esclarecer de luchadores sociales y testigos de causas ocurridos durante este gobierno. Por último, exigimos el desmantelamiento inmediato de la Secretaría de Inteligencia y exhortamos a que se convoque, de manera urgente, a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional con el objeto de promover la apertura de un debate público, participativo y abierto a la ciudadanía respecto de cuáles deberían ser los objetivos, el funcionamiento y debidos controles de los organismos de inteligencia del Estado para el fortalecimiento de la vapuleada democracia en el país.