Cabe recordar que en noviembre de 2012 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley 4.376, cuyo autor fue el propio Maximiliano Ferraro, que establece los lineamientos de la «Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI)», basada en el Plan de Ciudadanía LGBT elaborado por la FALGBT con el apoyo de ONUSIDA y PNUD.

Entre otras cuestiones, la ley propone la incorporación de un porcentaje de personas del colectivo trans en el sector público de la Ciudad y exenciones impositivas para las empresas privadas que incorporen personas trans. Esta norma constituye un gran avance para el colectivo trans, dado que una de las principales dificultades que enfrenta es la discriminación en el acceso al empleo, lo que se suma en la mayoría de los casos a la falta de estudios producto de la exclusión del sistema educativo.

Por exigencia del PRO, el proyecto original fue modificado en las comisiones, quitando de su contenido el cupo de personas trans en el sector público. Así y todo, por error, la Legislatura, votó sobre tablas el proyecto original de Ferraro y no el dictamen de la comisión, que luego se publicó en el Boletín Oficial y quedó vigente en su versión original, más completa, que incluye el cupo laboral para personas trans en el sector público, entre otras cosas.

En honor a lo acordado con el PRO para que la norma fuera aprobada, Ferraro presentó un proyecto de ley para modificar la ley en el sentido de lo acordado previamente, pero las organizaciones exigimos el cumplimiento de la ley vigente por reconocer derechos históricamente vulnerados de la comunidad trans en la Ciudad.

Sobre esta cuestión, Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT, expresó: «Así como desde la Federación Argentina LGBT y ATTTA no dudamos en alertar sobre lo que habría sido un fuerte retroceso en materia de políticas públicas para el colectivo trans, saludamos la reconsideración y la convocatoria a dialogar sobre lo sucedido. En cualquier caso, exigimos al gobierno de la Ciudad el cumplimiento de la Ley vigente, que fue aprobada por la Legislatura y promulgada por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri». 

Asimismo, agregó: «Debemos tener en cuenta que dicha modificación iba a ser declarada inconstitucional seguramente, ya que implicaría una aplicación regresiva de los Tratados de Derechos Humanos, que están reconocidos tanto por la Constitución Nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires. Es por ello que con el objetivo de la garantía de derechos vamos a trabajar con el equipo del Diputado Ferraro en la legislación que sea conveniente en esta materia». 

Por su parte, Marcela Romero, Presidenta de ATTTA y Secretaria General de la FALGBT manifestó: «Es fundamental que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entienda la importancia de políticas que garanticen el acceso al empleo de un colectivo profundamente discriminado y vulnerado como es el de las personas trans. Producto de esta exclusión nuestro colectivo tiene un promedio de vida de 40 años en la Ciudad. El cupo laboral vigente es una más de las acciones positivas que el gobierno puede y debe implementar para garantizar la igualdad real de oportunidades, como manda la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires».