APROBAR EL PLIEGO DE MILANI ES APROBAR EL PLIEGO DE UN GENOCIDA.

Comunicado del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

En julio de este año, cuando se intentó por primera vez aprobar esta designación, desde  el Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos las acusaciones y testimonios que pesan contra este represor.

El oficialismo logró que se aprobara la designación en Comisión, justificando su  decisión bajo la figura del principio de inocencia, desconociendo y poniendo en tela de juicio los dichos de las víctimas y la de sus familiares  que aún no tienen justicia. Milani ya había sido denunciado en la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja en 1984, en el marco de la CONADEP.

Las impugnaciones realizadas a Milani se basan en su  participación en la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo a quien denunció como desertor después de su secuestro; en el secuestro y torturas de Ramón Olivera y su padre; en la intervención activa en el Operativo Independencia; en su pertenencia al personal de Inteligencia en el Batallón de Inteligencia 601 y en su responsabilidad en el secuestro del periodista riojano  Oscar Plutarco Schaller tal como está denunciado en la causa 1828/00 contra Luciano Benjamín Menéndez en la que la familia de Schaller lo indica como uno de los secuestradores.

A pesar de todas estas denuncias el gobierno nacional insiste con esta designación excusándose en que, hasta este año, los ascensos de Milani fueron aprobados sin impugnaciones. Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia sostenemos que, por el contrario,  si hasta este año estos hechos contra Milani no llegaron al Poder Legislativo lo que corresponde es investigar a los responsables del ocultamiento de sus antecedentes, garantizando su impunidad.

El miércoles 18 de diciembre el oficialismo pretende aprobar la designación de Milani como Comandante en Jefe del Ejercito en la Cámara de Senadores.

Los organismos de Derechos humanos y organizaciones que conformamos el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocamos a movilizarnos al Congreso para exigir que no se concrete este paso hacia la impunidad, porque el ascenso de este genocida constituye un agravio para todo el pueblo argentino que durante décadas ha luchado para terminar con la impunidad y para que los genocidas y sus cómplices estén donde tienen que estar: en la cárcel común y efectiva.

Exigimos:

  • Separación de César Milani como Jefe del Ejército.
  • Enjuiciamiento de César Milani por la desaparición de Alberto Agapito Ledo y los secuestros y torturas a Ramón Alfredo Olivera y su padre y por el secuestro de Oscar Plutarco Schaller.
  • Apertura y publicación de todos los archivos de la dictadura.

CAEL EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA DESIGNACIÓN DE UN SACERDOTE CATÓLICO AL FRENTE DE LA SEDRONAR.

Comunicado. Por medios periodísticos trascendió la designación del sacerdote santacruceño Juan Carlos Molina como nuevo director de la Secretaría para la prevención de la Drogadicción y lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). Dicha designación, pone en riesgo la independencia de la actuación del gobierno argentino respecto de la iglesia católica y representa una amenaza tanto para el laicismo de Estado como para la política de drogas de nuestro país. Desde CAEL llamamos al gobierno a reconsiderar la decisión y frenar el acelerado avance de la jerarquía católica sobre el Estado, que hasta ahora no ha hecho más que consentir.

Tras conocer que el gobierno nacional habría designado al sacerdote Molina a cargo de la Sedronar, la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), expresa su profunda preocupación por el acelerado avance de la jerarquía católica sobre el Estado en los últimos meses. La designación de Molina, lejos de ser un hecho más, representa tal vez la más visible de las intromisiones (como las recientes modificaciones al proyecto del Código Civil y Comercial o la emisión de una moneda conmemorativa del papa católico) que la iglesia católica ha tenido en la política argentina desde que Jorge Bergoglio llegó al papado.

La presencia de un sacerdote católico, con las prerrogativas que el sistema jurídico argentino le otorga a él y a la institución de la que es parte, y con las consideraciones particulares que la Constitución Nacional hace al respecto (art. 73), incrementa sensiblemente la posibilidad de que la doctrina de una religión sea impuesta a toda la sociedad. Esto resulta mucho más grave por tratarse de una materia sensible, en la que están implicadas la salud, la libertad y la autonomía de las personas, especialmente cuando la iglesia católica ha sentado en reiteradas ocasiones una postura contraria a la tendencia mundial de no criminalización de consumidores/as y de retroceso de las políticas prohibicionistas.

Resulta incluso llamativo que las mismas normas canónicas impiden que sus sacerdotes ocupen cargos públicos, con lo cual esta designación no es compatible ni con las leyes argentinas ni con las del Estado Vaticano, ambos estados de los que Molina sería simultáneamente funcionario.

Todo esto debemos decirlo sin considerar la idoneidad de Molina para el cargo, ya que se trata simplemente de recordar que como sacerdote Molina es funcionario de un Estado extranjero y está sometido a sus normas y a su jefe de Estado. Si sumamos a eso el carácter público que el Código Civil le reconoce a la iglesia, se presenta una situación de gravedad institucional que sólo puede ser salvada si Molina renuncia a sus hábitos para asumir el cargo. En tal caso, correspondería analizar su idoneidad para abordar la cuestión del tráfico y el consumo de sustancias psicoactivas y las consecuencias que esto tendría para la salud, libertad y autonomía de las personas usuarias de las mismas.

Desde CAEL llamamos a la Presidenta de la Nación a reconsiderar ésta y otras decisiones contrarias a los principios de un Estado laico y a todos/as los/as funcionarios/as públicos/as a desistir del clericalismo que en su mayoría han mostrado en los últimos meses. Llamamos a todo el arco de organizaciones sociales a intensificar la lucha por un Estado argentino realmente laico, respetuoso de las creencias y convicciones de todas y todos sus habitantes.