El contraalmirante Pablo Rossi y vicealmirante Eduardo Avilés fueron relevados de sus cargos al descubrir que habían ordenado seguimientos de inteligencia sobre entidades sociales, organismos de derechos humanos, periodistas y funcionarios nacionales y provinciales.
El juez que sigue la causa Jorge Pfleger halló tres copias de los informes secretos, uno para Inteligencia Naval, otro para el Comando de Operaciones y otro que estaba en clave.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó que se investigue el caso en todas las fuerzas militares y sospecha que algunos informes vendrían de la época de la dictadura militar.
El director ejecutivo de CELS, Gastón Chillier, dijo en declaraciones a los medios que "el mensaje que surge del caso de la Armada es fuerte porque los documentos, a pesar de las autocríticas que hicieron los altos mandos para condenar el terrorismo de Estado, sugieren que algunos miembros de las Fuerzas están comprometidos con mecanismos de la vieja usanza y que en algunos ámbitos aún se trabaja con la hipótesis del ciudadano como potencial enemigo".