El jefe del Ejército, Roberto Bendini, aseguró ayer que esa fuerza está dando "sobradas muestras de un total alineamiento y respaldo" en su relación con el Gobierno de Néstor Kirchner. Y, por si hacía falta otra señal, aclaró que "nunca más" las armas militares servirán para "luchas fratricidas".
Bendini sostuvo que las Fuerzas Armadas tienen el compromiso de "defender la democracia" y advirtió que "todos los que tengan que oír que oigan. Las armas que empuña y ha empuñado con orgullo son para defender nuestros intereses y la seguridad del pueblo argentin, pero nunca más para ser empuñadas entre hermanos ni en luchas argentinas".
El jefe del Ejército habló ayer en la guarnición militar de Campo de Mayo tras el homenaje a los militares y civiles de José León Suárez fusilados en las trágicas jornadas de junio de 1956, durante la rebelión contra el régimen.
"Reconozco la dignidad y lealtad de esos hombres por la causa perseguida y su arraigada convicción por los valores democráticos", expresó el general Bendini tras el acto.
Los homenajes continuarán mañana, cuando a partir de las 11 la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo pase a llamarse Teniente General (PM) Juan José Valle", en reconocimiento al militar de mayor rango fusilado en esas jornadas por el régimen de la llamada "Revolución Libertadora".
En este marco, Bendini destacó "el compromiso del Ejército con su pueblo, con el estado de derecho y con sus muertos: héroes de ayer, hoy y siempre".
Proponen incorporar a pastores y rabinos al Obispado castrense
Las reformas que se vienen delineando en el ámbito militar alcanzarán al servicio religioso que se brinda a las Fuerzas Armadas, la Prefectura y la Gendarmería. Un proyecto que se viene cocinando a fuego lento en el Ministerio de Defensa contempla abrir los cuarteles a los pastores y rabinos para que atiendan a los militares que profesan confesiones evangélicas o el judaísmo. De esta forma, la Iglesia católica perderá el monopolio de la atención espiritual que brinda a través del obispado castrense.
La apertura —ciertamente histórica en un ámbito tradicionalmente muy católico— cuenta con el visto bueno de las autoridades católicas, conscientes de que no debe discriminarse a las minorías. De hecho, en la década del 90 se había avanzado bastante en un proyecto en ese sentido que naufragó, fundamentalmente, porque los cultos evangélicos —que son muchos y muy diversos— no se pusieron de acuerdo acerca del criterio para consensuar sus capellanes.
Con todo, no puede pasarse por alto que la apertura tendrá como telón de fondo el conflicto desatado entre el Gobierno y la Iglesia por la decisión del presidente Néstor Kirchner de echar unilateralmente hace más de un año al obispo castrense, Antonio Baseotto, por sus duras críticas al ministro de Salud, Ginés González García.
En todo caso, la medida podría leerse como una actitud intermedia de la Casa de Gobierno, entre no tocar la diócesis castrense y cerrarla.
Esta última posibilidad llegó a barajarse seriamente en el Gobierno a fines del año pasado, como consecuencia del malestar que provoca en la Casa Rosada la persistencia del Vaticano en sostener a Baseotto.
Para la Santa Sede, Baseotto sigue siendo el obispo castrense. A mediados del año pasado fracasó una negociación para su salida en etapas —se manejó la figura de un adjunto— luego de que la senadora, y primera dama, Cristina Fernández de Kirchner se inclinó por su alejamiento sin más.
Más allá del malestar en el Gobierno, son muchas las voces en el oficialismo que consideran que el obispado castrense es un anacronismo. "En el actual grado de desarrollo de las sociedades no parece necesario ni conveniente", dicen en privado.
"Aquel que quiere una atención religiosa puede ir a templo y recibir la misma asistencia que recibe cualquier otro feligrés", añaden. Pero tienen claro —por los resultados de discretos sondeos— que su eliminación pondría furioso a El Vaticano.
A la luz de lo trabada que están las conversaciones, en la Iglesia campea la impresión de esperar a que Baseotto cumpla, en abril de 2007, los 75 años, edad en la que los obispos deben elevar su renuncia al Papa. Pero el tiempo que falta parece ser excesivo para la Casa Rosada.
Eso sí, el Gobierno desliza que no avanzara en los proyectados cambios en la atención religiosa de las Fuerzas Armadas hasta tanto se supere el diferendo por Baseotto.
Más aún: uno de los cambios que quiere introducir la Casa Rosada es que el obispo castrense pueda ser removido por el presidente. Por el acuerdo de 1957 —mediante el que se creó la diócesis militar—, el titular del Ejecutivo puede vetar su nominación, pero nada dice sobre su remoción. En la Iglesia se interpreta que —al igual que con los demás obispos— sólo el Papa puede sacarlo. Este fue el meollo de la disputa jurídica por la salida de Baseotto.
Vale aclarar que sólo en el caso del obispo castrense el poder político tiene un cierto grado de intervención. Desde el Concordato que la Argentina firmó con la Santa sede en 1966, el Estado no tiene ninguna injerencia en la designación de obispos. Antes, el elegido surgía de una terna que se elevaba al Senado, aunque desde mucho antes de la firma del concordato, esto era una mera formalidad.
Se asegura que en los últimos años creció la cantidad de evangélicos dentro de las Fuerzas Armadas, particularmente entre la suboficialidad. También se dice que hay varios militares o familiares de éstos o auxiliares —el servicio religioso en el ámbito castrense abarca a todo el grupo familiar y al personal civil— de religión judía.
