Hoy a las 11.30, nuevamente en el Ministerio de Trabajo, las partes se verán las caras para tratar de zanjar un desencuentro que ya lleva más de un año y medio. Formalmente, Aerolíneas deberá contestar a una propuesta que los sindicatos entregaron a la empresa el martes pasado y que fue diseñada junto con funcionarios del Ministerio de Trabajo.
"No hay mucha diferencia entre esta propuesta y la que había presentado anteriormente. No creo que pueda ser aceptada tal cual está", dijo una fuente que participa en la negociación.
En la empresa consideran que los gremios realizan pedidos que no tienen que ver con la puja salarial o con mejores condiciones de trabajo. "Quieren hacer una cogestión de la compañía", dijo una fuente que dialoga a diario con los jefes de la aerolínea.
A poco más de quince días de Semana Santa, una de las fechas donde hay más ventas de pasajes aéreos, se agita el fantasma de un paro. "Los gremios saben que esa fecha es clave para presionar y están tratando de dilatar la solución hasta que se acerque el feriado largo", confió por lo bajo uno de los negociadores.
En el Gobierno aún está fresco el recuerdo del paro de fines de noviembre y el que protagonizaron por 24 horas los gremios el 9 de marzo pasado.
Servicios mínimos
"El Presidente [Néstor Kirchner] no quiere pagar más rédito político por el paro de los aeronáuticos. Ya le pidió al ministro [Carlos] Tomada que tome todas las medidas necesarias para evitar un paro", dijo una fuente del Gobierno a LA NACION.
Entre las instrucciones que habría impartido el Presidente no se descarta declarar ilegal la huelga, en caso de que finalmente los pilotos o los técnicos realicen alguna medida de fuerza.
Por lo pronto, la cartera laboral podrá estrenar una herramienta que fue reglamentada días posteriores a la última huelga en Aerolíneas: la posibilidad de garantizar prestaciones mínimas en caso de que se afecten los servicios públicos esenciales. El decreto reglamenta un artículo de una ley -promulgada en 2004- en la que se regula el derecho de huelga en algunos servicios, como el de salud, la provisión de agua, energía y gas, además del tráfico aéreo. Para todos los otros casos, como puede ser el del transporte aéreo, se estableció una comisión independiente que decidirá si corresponde aplicar o no un régimen de servicios mínimos
