Ante la reactivación del debate parlamentario sobre el texto del nuevo Código Civil y Comercial, la Coalición Argentina por un Estado Laico reitera la necesidad de terminar con el carácter de persona jurídica pública de la iglesia católica y llama al Congreso a terminar con los privilegios.
Comunicado. En los últimos días, tras una reunión del Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la Vicepresidenta de ese tribunal, Elena Highton, en el Congreso de la Nación los bloques políticos retoman el debate y se aprestan a presentar sus propuestas para un dictamen que definirá el texto a llevar al recinto. En este contexto, desde la Coalición Argentina por un Estado Laico recordamos, como lo hiciéramos junto a otras organizaciones en las audiencias públicas, que urge otorgar a la iglesia católica el carácter de persona jurídica privada, al igual que a cualquier otra organización religiosa o de cualquier tipo.
Durante las audiencias públicas de todo el país gran cantidad de organizaciones, entre las que se cuentan la Coalición Argentina por un Estado Laico, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, la Asociación Civil Ateos de Mar del Plata, la Mesa Nacional por la Igualdad, entre otras, insistieron en la necesidad de modificar el artículo 146 del proyecto de Código eliminando el inciso c, para que todas las organizaciones se regulen como personas privadas y ninguna cuente con privilegios anacrónicos.
Cabe recordar que la redacción del proyecto viene a perpetuar una histórica situación de privilegio insostenible, hecha explícita en nuestro Código Civil por el dictador Juan Carlos Onganía. Resulta llamativo y grave que el código civil de la democracia otorgue el carácter privilegiado de persona pública a la iglesia católica mientras que a los pueblos originarios de estas tierras, que sufrieron la persecución, el adoctrinamiento y el genocidio con la complicidad de aquella, se los relega al carácter de personas jurídicas privadas.
Principios constitucionales tan fundamentales como la igualdad ante la ley, la libertad de culto y de conciencia se encuentran agraviados por esta situación injusta, por lo que instamos al Congreso de la Nación, que en los últimos años ha sancionado tantas normas que promueven la igualdad -aún ante la férrea oposición de la jerarquía católica-, a sancionar un Código Civil y Comercial realmente democrático e igualitario, que repare las inequidades históricas y termine con los privilegios.
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